“Si pago la cuota, no comemos”: aumenta la morosidad, se reduce la ayuda estatal y muchos colegios parroquiales del país entran en crisis

Son 5600 y la mayoría recibe a chicos y chicas de familias vulnerables; perciben subsidios del Estado para pagar salarios docentes, pero esa ayuda les llega de manera parcial; además, cada vez más familias tienen problemas para pagar el arancel

Lorena Oliva

LA NACION

En el barrio Aviación, ubicado en la localidad bonaerense de San Fernando, la única escuela que existe es privada. Se trata del colegio Nuestra Señora del Rosario, un colegio parroquial al que van 750 niños, niñas y adolescentes. Tiene jardín, primaria y secundaria, y una cuota que este año arrancará en los 17.000 pesos por alumno, un arancel que se ubica entre los más accesibles de las escuelas de gestión privada.

Los directivos de la institución describen a la comunidad a la que asisten como un barrio de gente muy trabajadora y donde muchos viven de changas, empleos informales y trabajos no calificados. Para gran parte de ellos, estar al día con la cuota se parece a una carrera de obstáculos. “Cuando no se tienen aseguradas cuestiones prioritarias como la alimentación, el pago del arancel se vuelve, para las familias, algo razonablemente accesorio. Pero nosotros, para funcionar, hoy dependemos más que nunca de esos ingresos. Por eso estamos muy preocupados”, reconoce Nicolás Cano, representante legal del colegio.

La preocupación de Cano es compartida por buena parte de los colegios católicos del país, unas 5600 instituciones que, en su gran mayoría, cobran aranceles accesibles, en parte, porque atienden a poblaciones vulnerables, pero también porque, en teoría, el Estado es el que afronta el pago de los sueldos docentes de esas escuelas, en un porcentaje que oscila entre el 40% y el 100%.

Sin embargo, en la actualidad, hay un desfasaje entre la cantidad de sueldos docentes que deberían subvencionarse y los que cada provincia subvenciona: los salarios sin acceso al aporte estatal que les corresponde se cuentan de a centenares. Y la actual disputa entre el Gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales por el traspaso de fondos educativos no permite suponer que la situación se regularice pronto.

Según el Consejo de Educación Católica (CEC), organismo responsable de los colegios de la provincia de Buenos Aires, en esa jurisdicción, la cantidad de cargos docentes que no están recibiendo la subvención que les corresponde superan los 500. Se trata de sueldos que, mientras tanto, los colegios deben pagar con su único ingreso: el pago de cuotas. Por eso, la pregunta que se hacen muchos directivos en vísperas del inicio de clases es cómo sostendrán la estructura escolar a lo largo del año si el Estado no cumple con su obligación y el actual contexto inflacionario aumenta los niveles de morosidad de las familias.

“Uno entiende que las familias están con más dificultades para pagar y hasta enojadas por el ritmo de los aumentos. Pero todo lo que los colegios recaudan se va en sueldos y esto implica un deterioro: hay colegios que este verano no se pintaron, obras que dejaron de hacerse y ni hablar de mandar a docentes a capacitaciones”, explica Cecilia Vallés, vicepresidenta del CEC, institución que estima que, en promedio, el nivel de morosidad en los colegios de la Provincia oscila en el 25%. “Y además tenés, como mínimo, un 10% de chicos becados en cada colegio. A veces más. La ecuación no cierra”, advierte.

“Nunca estuvo en riesgo la continuidad de mis hijas”

“O pago la cuota, o comemos. No hay mucha matemática.” Jorge Vilte lleva 22 años ligado al colegio Nuestra Señora del Rosario: tiene tres hijas que ya egresaron y otras dos que están cursando. A lo largo de estos años, en varias ocasiones el hombre tuvo que acercarse para hablar con los directivos y exponerles, de manera bien gráfica, sus problemas para pagar el arancel.

“Cada vez que hablé, se mostraron predispuestos a ayudarme. Yo me iba aliviado de esas conversaciones, pero dejándoles un problema, porque el colegio necesita esa plata. Así y todo, nunca estuvo en riesgo la continuidad de mis hijas en el colegio”, reconoce Jorge, que es electricista y, como lo despidieron de su trabajo, alquila un auto para trabajar como chofer de Uber, mientras que su mujer es empleada doméstica.

Entonces cuenta que la mayor de sus hijas se recibió de psicóloga y que la que le sigue acaba de conseguir una beca para estudiar Trabajo Social. “No sé si, de haber ido a otra escuela, hubieran llegado tan lejos. Salieron muy bien preparadas del colegio”, dice. Por eso, sigue apostando a la institución para que sus hijas menores puedan acceder al mismo nivel que sus hermanas.

“Las chicas arrancan con los útiles del año pasado y, para la más chiquita, compramos chombas usadas, que están en buen estado. No sabemos qué más achicar. Espero poder cumplir con las cuotas este año”, agrega con tono preocupado, mientras espera que sus hijas puedan acceder al aporte escolar de 70.000 pesos que hoy anunció el ministerio de Capital Humano a través del fondo de desempleo que cobra. También espera, expectante, que el Gobierno dé mayores detalles sobre los vouchers educativos destinados a familias que no puedan pagar la cuota de los colegios de sus hijos.

La morosidad supera el 30%

Nuestra Señora del Rosario es un colegio que nació en 1961 como escuela primaria. Con los años, sumó el jardín de infantes y luego, el secundario, que al principio funcionó sólo de mañana, con cursos de alrededor de 50 chicos y chicas, según recuerda Nicolás Cano, que además de ser apoderado legal es el director de ese nivel. “Con ayuda del obispado de San Isidro, hace unos años abrimos un turno a la tarde. Pero todavía no logramos que el Estado subvencione los sueldos docentes de todo el turno tarde, ni tampoco el de la directora del jardín de infantes”, explica.

Con el 10% de chicos y chicas becados y un nivel de morosidad que supera el 30%, Cano reconoce que la estructura de costos está a tope, pese a que el gabinete psicopedagógico no cuenta con la cantidad suficiente de personal, que los chicos de jardín no tienen suficientes horas de educación física y que, en la secundaria, hay cuatro preceptores en lugar de seis.

“Por la población con la que trabajamos, se hace necesario contar con más tutores y ampliar el gabinete: acompañamos a nuestros alumnos en situaciones de violencia y también de consumos problemáticos. Pero no contamos con recursos para tomar más personal”, dice preocupado.

Hay un detalle más: el aporte estatal, como ya dijimos, cubre únicamente los cargos docentes, pero no todos. Mucho menos, el resto del personal y los insumos necesarios para que un colegio funcione. “El aporte estatal no atiende a toda la planta educativa. Las materias extraprogramáticas no están cubiertas, al igual que los gastos de maestranza y todos los gastos que son necesarios para mantener la infraestructura”, afirma Adrián Alvarez, presidente del Consejo Superior de Educación Católica, entidad que nuclea a todos los colegios católicos del país.

Alvarez considera que el panorama a nivel nacional es variable, según la provincia. “Hay jurisdicciones que estuvieron dispuestas a hacer un mayor esfuerzo en reconocer cargos con tal de que los colegios no aumentaran la cuota. Sabemos que nuestras escuelas atienden a población vulnerable, que es, justamente, sobre la que más impacta cualquier contexto socioeconómico adverso y la que más necesita recibir una educación de calidad”, reflexiona.

En otras, agrega, ante el déficit del aporte estatal, las instituciones están apelando a la solidaridad y la creatividad para sostenerse. “Cuando hay varios colegios en una misma diócesis, si alguno está en mejor posición, ayuda al que está más complicado. También se comenzó a concentrar el área administrativa de varios colegios en uno solo, como una manera de economizar en personal”, ejemplifica. Otro recurso muy utilizado por los colegios en este contexto, agrega Alvarez, es el aplazamiento de obras. “Pero esto no se puede hacer indefinidamente”, concluye.

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