Los casos de niños que fueron secuestrados por militares para cumplir trabajos domésticos durante la violencia interna

Niños y niñas indígenas que desaparecieron durante el conflicto armado interno en el Perú, en la década de 1980, han logrado reencontrarse con sus familias, incluso más de 15 años después.

Una investigación conjunta de Ojo Público y Connectas reveló que muchos de estos menores fueron secuestrados por militares y luego sometidos a labores domésticas o adoptados ilegalmente durante la época de violencia y terrorismo.

Esta situación se presentó principalmente en Ayacucho, una de las regiones más afectadas por el conflicto. El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación reporta que este departamento concentra casi la mitad de los muertos y desaparecidos.

Lucio y Claudia Orihuela fueron llevados por militares en 1986 y tuvieron que pasar casi 18 años en condiciones de servidumbre y bajo identidades falsas. Los hermanos se reencontraron con su familia en 2004, lo que comenzó un proceso de reconstrucción personal. Sin embargo, su madre, Facunda Alanguia, continúa buscando a su tercer hijo, Benito, quien también desapareció en la misma época.

Otras víctimas, como Silvia Flores y Elvin Ccaicuri han resaltado el abuso y el maltrato que sufrieron luego de ser captados. Silvia fue obligada a trabajar en condiciones inhumanas, y Elvin fue llevado a una familia en Ica, aunque luego escapó cansado de los abusos que recibía.

Las investigaciones han identificado al menos 11 menores que fueron secuestrados, quienes algunas veces tenían que asumir nuevas identidades, lo cual dificultó la búsqueda posterior que emprendieron las familias.

De acuerdo a Ojo Público, la justicia peruana no ha investigado estos casos a fondo, pese a que la desaparición forzada y la esclavitud son considerados crímenes de lesa humanidad por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las víctimas aún buscan justicia y reparación, mientras que los responsables permanecen en el anonimato.

Además, como se sabe, en este 2024 el Congreso de la República aprobó una ley que favorece la prescripción de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002, lo que también podría afectar las diligencias de estos casos.

Otras instituciones como el Ministerio de Justicia (Minjus) mantienen registros de víctimas, pero carecen de datos específicos sobre los niños adoptados antes de 1996.

Uno de los casos que está investigando el Ministerio Público es referente a los crímenes perpetrados en 1985 en Chungui, donde militares asesinaron a José Ccaicuri, vicepresidente del Comité de Defensa Civil, y a su hija Filiberta.

Con el objetivo de proteger a su hijo Elvin Ccaicuri de un destino similar, María Isabel Santi permitió que Félix Neri Aguilar Reyes, un teniente del Ejército, lo llevara a Ica.

El niño rechazó un cambio de nombre y luego de recibir maltratos en su nuevo hogar, decidió huir. Sin embargo, su historia tomó un rumbo diferente, ya que, años más tarde, se reunió con su madre, se convirtió en ingeniero agrónomo y alcalde de Chungui entre 2015 y 2018. Actualmente, vive en Ayacucho y trabaja en el sector de agroservicios.

Entre los militares investigados se encuentra el general retirado Said Amand Pinedo, conocido como ‘mayor Samuray’, y el capitán en retiro Félix Aguilar, quien se llevó a Elvin. Amand no pudo ser localizado por el medio para dar su testimonio, mientras que Aguilar no respondió a los mensajes que le enviaron.

Desde 2006, la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) ha denunciado estos crímenes cometidos tanto por terroristas como por militares en esta localidad de Ayacucho. Las denuncias incluyen la participación del ex mayor del Ejército Pedro Baca Doig en operativos militares que resultaron en decenas de muertes y violaciones de derechos humanos.

Hasta su muerte en 2019, Baca negó las acusaciones, aunque los documentos recogidos por Comisedh indicaban su participación en los operativos.