Puigdemont pierde la red: el Supremo le niega la amnistía, renunció a la inmunidad europea y los países que fueron refugio ahora le entregarían a España

“El legislador ya ha hecho su trabajo”. Informa este miércoles Infobae España de que el Gobierno considera haber cumplido con todo lo que estaba en su mano por la amnistía a Carles Puigdemont, por su regreso a España, que fía a la Justicia. El Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no está dispuesto a limpiar el delito de malversación, a lo que se suma que Puigdemont ya no está blindado por el Parlamento Europeo una vez recogió su acta de diputado en el de Cataluña, donde su escaño sigue vacío. Nada impide a Llarena activar la orden de detención y entrega. Presumiblemente con Abogacía y Fiscalía en contra, le bastaría hacerlo a instancias de Vox.

El prófugo lleva años caminando sobre una cuerda y llegado el momento que ansiaba se ha quedado sin red, cierto que libre de los cargos más graves por los que ha llegado a estar acusado. Pero su movilidad se compromete. Bélgica nunca puso fácil la extradición, circunstancia que la defensa de Puigdemont conocía desde 2017 y que justifica que eligiera aquel país para instalarse -en Waterloo- hasta hace apenas unas semanas. Ahora sería diferente: en enero de 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea limitó las capacidades para rechazar órdenes emitidas por España. Pero aún gozaba de inmunidad.

Con Alemania fue diferente. En 2018 detuvo al político y accedió a devolverlo a nuestro país por malversación, pero no por rebelión ni por sedición, como ambicionaba Llarena, que se opuso. Hoy accedería.

Puigdemont reside ahora en Francia, a unos kilómetros de Cataluña. Lo concibe como un lugar de paso, una última escala. ¿Puede estar allí tranquilo a efectos de no contemplar otro escenario que no sea el de volver a España por su pie y sin riesgo de arresto? Por ahora, solo una amenaza sin contenido o mayores detalles, la lanzada por Marine Le Pen en una relevante entrevista concedida a los compañeros de El Periódico de España. Considera “humillante” que el fugado viva y maniobre desde su país y asegura que si logra gobernar (el 7 de julio, segunda vuelta de las legislativas) será “implacable” y “esta situación no durará mucho”.

Dentro de nuestras fronteras queda un laberíntico camino hasta la resolución. La decisión del Supremo aboca a los afectados al recurso ante este mismo tribunal. En caso de fracaso, turno del Constitucional. Y si no hay éxito, al Europeo de Derechos Humanos. Este martes, Alberto Núñez Feijóo debió dar por hecho que el Supremo se mantendrá firme y se quejó del Constitucional, que le plantea dudas. Pidió la dimisión de dos magistrados, Juan Carlos Campo y Laura Díez, por presunta parcialidad. Ambos pertenecieron al Gobierno de Pedro Sánchez. El primero, y recientemente, como ministro de Justicia. La segunda, asesora.

Pero la presunta parcialidad, las dudas, van en doble dirección. El Govern acusa al Supremo de “dinamitar” la Ley de Amnistía. Puigdemont habla de “mafia”. Hace unas horas, se querelló contra el juez Joaquín Aguirre, que investiga la llamada trama rusa del procés. Canal Red difundió unos graves audios atribuidos a este en los que se jacta de haber favorecido la amnistía, llegando a decir: “Al Gobierno le quedan dos telediarios alemanes”.