PAÍS
Hernán Landaeta (a la derecha) dando instrucciones durante el motín (captura de pantalla)
El director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado señaló que no se puede permitir que en las cárceles de Chile aparezcan “pranes”, como se denomina en Venezuela a los jefes mafiosos de los penales, como los fundadores del Tren de Aragua, entre ellos Héctor “Niño” Guerrero y “Larry Changa”.
Un violento motín en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) de la cárcel de Santiago, liderado por imputados venezolanos de distintas bandas relacionadas con el Tren de Aragua, mantiene en vilo a Gendarmería de Chile desde hace dos semanas. Es una situación que ha sigo seguida de cerca por el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Tráfico Ilícito de Drogas (UCOD) del Ministerio Público, el abogado Ignacio Castillo Val.
De plano, Castillo afirma que la revuelta penitenciaria no debe ser el primer paso para la instalación del “pranato” de las cárceles venezolanas en Chile, en referencia a los “pranes”, como se denomina en las cárceles de Venezuela a los reos que asumen el liderazgo de los reclusos en una cárcel (sin que nadie sepa en realidad qué significa la palabra), pero no solo eso, sino el manejo de la cárcel en sí, incluyendo, muchas veces, a los funcionarios de la misma.
El “pran” más conocido es, por cierto, el actualmente prófugo Héctor “Niño” Guerrero, quien fundó el Tren de Aragua (TDA) dentro de la cárcel de Tocorón junto a otros dos “pranes”: Johann Petrica y Larry Amaury Álvarez Núñez, más conocido como “Larry Changa”, quien fue el encargado de exportar las operaciones del TDA a Chile, a inicios de 2018. Según distintas investigaciones, Álvarez estuvo al menos hasta fines del año pasado en nuestro país, liderando operaciones de secuestro.
En el motín del Repas –como lo informó El Mostrador– resulta evidente, por las imágenes, que de todos los reos que participaron en él, pertenecientes tanto al TDA como a “Los Pulpos” y a una banda de origen colombiano, hay ya un líder indiscutido, que no solo es quien dirigía la revuelta y que luego era protegido por todos los demás, ante la irrupción de los gendarmes: Hernán Landaeta Garlotti, más conocido como “Satanás”, que de ser un importante sicario del grupo, ahora pasó a ser el cabecilla de los líderes del Repas, como lo indicó el experto en crimen organizado Pablo Zeballos, en entrevista con este medio.
Al respecto, Castillo señala que “no podemos permitir que el pranato se instale en Chile. En Venezuela ha habido ejemplos de esto, y en Brasil y en Ecuador también. Las organizaciones criminales tienden a controlar el establecimiento penitenciario y hacerse de la cárcel como una incubadora de la criminalidad organizada. En eso, el Estado de derecho no puede claudicar. No podemos dar un espacio para que eso suceda. Nuestra función es evitar que las cárceles chilenas sean el centro de la criminalidad organizada o que sean una réplica del pranato. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para impedirlo”, señala Castillo.
Sobre los motivos inmediatos de la revuelta carcelaria, sostiene que los internos “buscan doblarle la mano al Estado, buscan doblarle la mano a la institucionalidad de Gendarmería, a efectos de que, a través de su actuar al margen de la legalidad, rompiendo los bienes del establecimiento penitenciario como no se ha visto nunca, logren traslados a otros lugares donde tengan mayor capacidad de acción y de control de la actividad criminal. También buscan dilatar los juicios que se llevan en contra de ellos, que eventualmente pueden resultar con condenas altísimas”.
Agrega que, en medio de esta crisis, “Gendarmería debe realizar todas las actuaciones que tiene a su alcance dentro de su competencia, a efectos de restablecer el orden en la cárcel de alta seguridad. En paralelo, el Ministerio Público apoyará esta gestión realizando todas las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades que procedan”.
El directivo de la Fiscalía manifiesta que el Estado no puede claudicar frente a la pretensión de los amotinados, especialmente ahora cuando se está logrando contener y condenar a los miembros de estas bandas criminales.
“Tenemos como país el desafío, para los próximos cinco a diez años, de lograr que estas organizaciones criminales no tengan control territorial sobre la cárcel, no ejerzan la violencia y no tengan la capacidad de poder dominar las actividades ilícitas dentro de las cárceles, sea desde el punto de vista de la cooptación, a través de la corrupción de los funcionarios, o sea como, en este caso, ejerciendo presión a efectos de que sean destinados a otras ubicaciones o en otros centros penitenciarios”, subraya.
Castillo expresa que todas las instituciones estatales que intervienen en esta temática “no deben permitir que estos imputados, que hoy están enfrentando juicios en los cuales se les está requiriendo penas muy altas, sean capaces de doblegar la capacidad que tiene Gendarmería de poder segregar y controlar la población penitenciaria”.
Sobre este mismo punto, enfatiza que el motín no puede ser una excusa para dilatar un juicio de relevancia, como el que se lleva a cabo en Arica contra la banda de “Los Gallegos”.
“Como Ministerio Público hemos sostenido permanentemente que el juicio de ‘Los Gallegos’, tiene que desarrollarse y hemos visto que, por otro lado, los tribunales así lo han entendido. Tiene que desarrollarse en términos de que avance hasta lograr que se determine la responsabilidad de estas personas. Esto nuevamente tiene que ver con cómo el Estado de derecho se muestra fuerte y con capacidad de poder controlar que estas situaciones no afecten, en este caso, el ejercicio de la jurisdicción”, precisa.
De acuerdo con el análisis de Ignacio Castillo, Latinoamérica se caracteriza por el hecho de que los centros penitenciarios son “incubadoras de la criminalidad organizada”.
Este modelo, explica, conlleva que los penales sean utilizados como mecanismos de protección y de control territorial desde donde se opera hacia el exterior, que se constituyan en espacios protegidos para gestionar los negocios ilícitos y, por último, que se erijan como sitios propicios para el reclutamiento de nuevos miembros.
Teniendo claro este diagnóstico, el experto manifiesta que la función del Estado “debe ser siempre la de hacer respetar el Estado de derecho. Por lo mismo, se tiene que ser especialmente enfático en el régimen penitenciario que debe aplicarse a estas personas”.
La tarea, según afirma Castillo, debe apuntar “hacia la disociación de los líderes de las organizaciones criminales, es decir, deben estar en espacios que sean como lo son las cárceles de alta seguridad, o sea, en espacios en los cuales tengan no solamente un control permanente de sus actividades, sino que además niveles rígidos de custodia y una revisión respecto de lo que son sus comunicaciones con el exterior, las cuales deben ser distintas al resto de la población penal y especialmente controladas”.
Asimismo, pone énfasis en que la meta del Estado, hacia el mediano plazo, debe ser la construcción de nuevas cárceles que garanticen la disociación efectiva de los líderes de estas bandas.
En ese contexto, asegura que el modelo carcelario italiano resulta satisfactorio al Ministerio Público para el cumplimiento de este objetivo, “dado que ha sido sometido al escrutinio de organismos internacionales como la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte de Casación, que han demostrado que, a pesar de tener un régimen de privación de libertad especialmente intenso y duro, satisface el respeto al ámbito de las garantías que se les debe dar a estas personas”.
Revisa las imágenes del motín del 6 de junio en el Repas:
