Vox estudia medidas legales contra el «arbitrario» cambio de nombre del colegio de Tanos

La polémica por el posible cambio de nombre en el colegio de Tanos, el Pintor Escudero Espronceda, por el de Pedro Sobrado parece no tener fin. Esta medida, promovida por el Consejo Escolar en agradecimiento al legado y la estrecha colaboración del artista taniego con el centro educativo a lo largo de los años, no cuenta con el apoyo del Pleno municipal, que de hecho llegó a aprobar hace semanas una moción partidaria de mantener el nombre actual con el apoyo de todos los partidos con representación -PP, PSOE, Vox, Torrelavega Sí e IU-Podemos-. Todos salvo el PRC y el propio alcalde, Javier López Estrada, al que Vox acusa ahora de negarse a trasladar esa voluntad, la de paralizar cualquier cambio de denominación, a la Consejería de Educación. Y todo para «favorecer a una compañera del Partido Regionalista de Cantabria», carga el líder de Vox en la ciudad, Roberto García Corona, en relación a la directora del centro, Natalia Saiz, que se presentó como número 8 en la lista electoral del PRC en las últimas elecciones municipales.

En los últimos debates plenarios sobre el tema, el PRC siempre ha negado cualquier tinte político o de partido alrededor de este asunto, apoyando al Consejo Escolar y razonando su postura en el reconocido prestigio y la prolífica trayectoria de Sobrado. Eso es lo que argumentó precisamente el alcalde, en una resolución favorable que trasladó a Educación el pasado mes de diciembre; siete meses después, no sólo Vox, sino todos los partidos de la Corporación acusan al regidor de imponer ese criterio contra la voluntad manifestada por el Pleno. «Capricho de la directora», «ninguneo» o «falta de diálogo» fueron algunos de los reproches que vienen lanzando los grupos alrededor de este asunto. Este martes, y a la vista que, como dice, la voluntad contraria al cambio de nombre sigue sin ser remitida al Gobierno regional, Vox endurece su postura y estudia «acciones políticas y/o judiciales».

«El alcalde ha decidido, de manera deliberada y expresada por él mismo en el último pleno, no hacer cumplir un acuerdo del Ayuntamiento», acusa García Corona, duro con una actitud por parte del alcalde que, según dice, «destruye el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública, obviando la plena observancia del sistema de valores constitucionales, esto es, que la Administración sirva con objetividad a los intereses generales, rigiendo su actividad con pleno sometimiento a la ley, y constituyendo su actitud un posible delito de prevaricación administrativa». Así, sentencia: «Nuestra prioridad es defender los intereses generales de los vecinos de Torrelavega y garantizar que se respete su voluntad, representada en el Pleno de la Corporación Municipal. No podemos permitir que el alcalde actúe de manera arbitraria, con la única finalidad de hacer efectiva su voluntad particular, para favorecer directamente con ello a una compañera de partido que se presentó junto a él en la lista electoral del PRC en las últimas elecciones municipales».

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