Los propietarios de viviendas turísticas amenazan con acudir a los tribunales

«Un nuevo decreto no va a solucionar el verdadero problema: los alojamientos ilegales», decía hace unos meses en una entrevista con este periódico Jaime Paino. Ahora, ya con el borrador del decreto de pisos turísticos publicado, el presidente de la recientemente creada Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (Avutcan), es tajante: «Creemos que el documento es una broma de mal gusto». Desde este colectivo advierten, de hecho, que, de aprobarse así, acudirán a los tribunales.

A principios de mayo, esta asociación ya agrupaba a más de cuatrocientos socios. Todos con viviendas de uso turístico en situación legal. «En ningún momento regula. Más bien desregula algo que ya estaba regulado», avanza como valoración del borrador. A su juicio, se abre la puerta «a contar con 102 decretos distintos sin parámetros, sin valoraciones y sin datos concretos por los que un municipio puede limitar o prohibir las viviendas de uso turístico en su territorio». Paino incide en esta posible situación al estar «expuestos a decretos distintos y no consensuados que dependerán de unos planes urbanísticos antiguos y que, en la mayoría de los casos no tienen contempladas estas modalidades de alojamiento». En su opinión, lo que ha hecho la Consejería es un «lavado de manos». «Han pasado la pelota a otros», insiste.

Pero su mensaje más contundente tiene que ver con lo que, a su juicio, es una «incorporación al borrador de disposiciones que son ilegales y a sabiendas de que son ilegales». Habla, en este sentido, de la idea de «retroactividad». Del plazo que se da a los que tienen una vivienda de uso turístico actualmente en situación regular para que se adapten a lo que marca –de aprobarse– el nuevo decreto.

«Si se aprueba, es como si las licencias otorgadas según el anterior decreto se fueran a derogar, ya que tienen que adaptarse al nuevo. Si finalmente esto llega a probarse en estos términos, desde el minuto uno lo llevaremos a los tribunales y pediremos medidas cautelares». Y pone algunos ejemplos. «Es –explica– como si ahora les quitáramos las licencias a los taxistas o a los restaurantes. O le dijéramos a un arquitecto que su título no vale y tiene que hacer un examen nuevo para poder seguir ejerciendo».

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