Pocas semanas se ha hablado tanto de privacidad en España como esta. La presentación del proyecto del Gobierno para limitar el acceso de menores de edad a contenidos para adultos en Internet el pasado lunes desató un intenso debate entre defensores y detractores de la medida, psicólogos especializados en desarrollo infantil, miembros de la industria del porno, profesionales de la ciberseguridad o abogados de protección de datos que han discutido sobre la medida, el supuesto control sobre el consumo del porno que puede crear y el impacto de estos contenidos en los niños y en la sociedad.
En medio de todas esas voces ha destacado el silencio de una, quizá la más autorizada. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el regulador independiente cuya misión es divulgar las características y límites del derecho a la privacidad y sancionar sus infracciones, ha evitado hacer cualquier tipo de comunicado o tomar posición en la polémica. Ello a pesar de que su directora, Mar España, ha sido la gran impulsora de la idea de establecer un filtro electrónico para impedir que los menores accedan a pornografía.
España, que lleva cinco años al frente de la AEPD con el mandato caducado (un pacto entre PSOE y PP para sustituirla fue anulado por el Supremo tras la denuncia de un aspirante a presidir el organismo) a la que llegó tras ser viceconsejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, llegó a presentar su propio sistema para verificar la edad de los consumidores de porno en diciembre de 2023.
Se trataba de “una propuesta práctica y efectiva de sistema de verificación de edad y protección de las personas menores de edad en Internet ante el acceso a contenidos para adultos”. En un acto en el que estuvo presente elDiario.es, la responsable de la AEPD justificó su iniciativa en que “el 60% de los adolescentes consume pornografía. De ellos, dos de cada tres pornografía dura”, lo cual “está provocando problemas graves en su neurodesarrollo” como “problemas de salud física, salud mental en su capacidad de atención, su aprendizaje, su desarrollo emocional y en la aparición de actitudes agresivas”.
Una herramienta idéntica a la del Gobierno
Aunque no era una versión definitiva, España adelantó entonces las características de un filtro para menores que coincide punto por punto con el que ha presentado el Gobierno esta semana. Se trataba también de una fórmula inspirada en “la regulación eIDAS2 y la cartera digital europea”, como la de Ejecutivo.
La Agencia explicó que en su filtro también sería necesaria una app móvil que “el usuario del dispositivo debe tener instalada en el dispositivo (...) de manera que cuando se reciba o acceda a un contenido para adultos lo filtre por defecto y recurra a esta aplicación para saber si el usuario está autorizado a acceder”. Se trataba de una app que también era obligatoria para todos los usuarios que quisieran acceder a pornografía, ya que debían “demostrar a la aplicación de verificación que superan la edad necesaria para acceder a los contenidos para adultos”. Al igual que la propuesta del Ministerio para la Transformación Digital, esto se realizaría a través de “un código QR”.
En aquel momento, la directora de la AEPD aseguró que el sistema sería seguro para los consumidores de esos contenidos. “Con este sistema la Agencia demuestra que es técnicamente posible proteger a los menores de los contenidos inadecuados a la vez que se garantiza el anonimato de los adultos”, zanjaba su directora. Una declaración que ha evitado hacer esta semana en medio de la gran polémica que ha suscitado la aplicación, evitando conceder entrevistas (entre ellas, una solicitada por elDiario.es el pasado martes) o recordar que el sistema partía con su beneplácito.
“Un paso importante”
Solo a última hora de este viernes, tras una nueva pregunta de este medio acerca de la ausencia de declaraciones de Mar España, fuentes oficiales de la AEPD han valorado como “un paso importante” la iniciativa del Gobierno. “La planificación de aplicaciones de verificación de la edad para proteger a los menores frente a contenido inadecuado que buscan estar alineadas con el decálogo presentado por la Agencia es un paso importante para la protección de los menores en Internet y de toda la ciudadanía, ya que los sistemas actualmente disponibles en el mercado se han demostrado ineficientes o muy intrusivos”, han manifestado.
Las mismas fuentes han justificado el silencio de esta semana en la creencia de que el organismo no puede posicionarse sobre una herramienta que no es definitiva. “Los sistemas de verificación de edad que se desplieguen en España van a tener que ser aprobados por la CNMC, previo informe preceptivo y no vinculante de la Agencia Española de Protección de Datos. En consecuencia, la Agencia no puede pronunciarse sobre unas especificaciones técnicas”, manifiestan.
Sin embargo, Protección de Datos forma parte del grupo de trabajo que ha desarrollado la aplicación, al que también pertenecen los Ministerios de Juventud e Infancia o el de Interior.
Fuentes del Ministerio de Transformación Digital, que es quien preside ese grupo de trabajo, afirman que la aplicación presentada se ha construido sobre los trabajos previos desarrollados por la AEPD, así como su análisis de qué tecnologías eran las más adecuadas para ejecutar esta herramienta.
Pacto de Estado propuesto por la sociedad civil
Tanto la iniciativa de Mar España como la del Ministerio de Transformación Digital de proponer una aplicación para verificar la edad de los menores online surgió de una propuesta de la sociedad civil. Seis entidades (la Asociación Europea para la Transición Digital, Save The Children, Fundación ANAR, iCMedia, Dale Una Vuelta y Unicef) pidieron en 2023 a las instituciones públicas llegar a un pacto de Estado “ante un problema cada vez más acuciante: el impacto negativo que, en determinadas circunstancias, puede tener el uso de Internet y las redes sociales en los menores de edad”.
Entre las derivadas de esa situación, citaban que “los dispositivos móviles se han convertido en una puerta a contenidos pornográficos, lo que genera una banalización de las relaciones sexuales, sexualización precoz y exposición a contenidos inapropiados”.
Por ello, entre las ocho medidas que proponían, estaba la de “limitar el acceso a contenidos inadecuados”, a través del “establecimiento de medidas para limitar el acceso: verificación de la edad, etiquetado inteligente y refuerzo de la capacidad de control de los organismos públicos competentes”.
Estas seis organizaciones lograron sumar “el apoyo institucional de la Agencia Española de Protección de Datos y de la Fiscalía General del Estado”, con las que “unieron fuerzas”. A partir de aquel momento la AEPD comenzó a impulsar el filtro digital para el porno en menores y además publicó tanto una “Estrategia global sobre menores, salud digital y privacidad” como un “Decálogo de principios para la verificación de edad y protección de personas menores de edad ante contenidos para adultos en Internet”, que debía cumplir cualquier aplicación que sirviera como filtro de menores en la red.
El Gobierno toma las riendas
La presentación de la Estrategia global sobre menores, salud digital y privacidad de la AEPD tuvo lugar a finales de enero. Sucedió en medio de otro acalorado debate público sobre menores y tecnología: el que rodeó la prohibición de los teléfonos móviles en las aulas y la conveniencia de impedir que los adolescentes usen estos dispositivos antes de alcanzar un determinado grado de madurez.
Con este asunto en el foco, Pedro Sánchez decidió acudir al acto de presentación de la Estrategia para anunciar la creación de un “comité de expertos para la generación de un entorno digital seguro para los menores de edad”. Entonces el presidente declaró que el consumo de porno en los menores es “una epidemia” de “riesgo real, grave y creciente” y recalcó la necesidad de llegar a un “acuerdo de país” para frenarla.
El Gobierno nombró presidenta de ese grupo de expertos a Ana Caballero, presidenta de la Sección de Infancia y Adolescencia de Colegio de Abogados de Madrid y portavoz de la Asociación Europea de Transición Digital, una de las organizaciones impulsoras del pacto de estado para proteger a los menores de edad en Internet y las redes sociales. El grupo comenzó sus trabajos en marzo e integraba también a más de 50 especialistas relacionados con la problemática como la propia Mar España o la presidenta del Consejo de Estado, la de la CNMC o las de las asociaciones de padres y madres CEAPA y CONCAPA.
El grupo de expertos tiene hasta septiembre para presentar un informe sobre el impacto de las redes en los menores, que incluirá medidas a corto, medio y largo plazo para mejorar la situación. Una de las que se daba por segura es un filtro de edad para acceder a los contenidos para adultos como el propuesto inicialmente por la AEPD y ahora por el Gobierno, tal y como constató Ana Caballero en una entrevista con El Mundo, realizada antes de que el Ministerio de Transición Digital hiciera suya la propuesta.
Mientras, el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, el primer paso para sacar adelante el pacto de estado. El texto incluye los deepfakes en el Código Penal, prohíbe las 'cajas botín' de los videojuegos y obliga a las plataformas de intercambio de vídeo a tener visible el canal de denuncias.