Catalunya: cuando el Código Penal se convierte en la Constitución

Quiero pensar que estamos en los últimos estertores de la estrategia frente al nacionalismo vasco y catalán, que estaba, y creo que continúa estando, en la cabeza de José María Aznar desde que obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones generales de 2000. La Constitución está bien como referencia para el ejercicio del derecho a la autonomía siempre que se acepte la posición del PP de que el desarrollo del Título VIII de la Constitución se cerró con los segundos pactos autonómicos de 1992, a partir de los cuales se produjo la reforma de todos los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas que no habían accedido a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución: País Vasco, Catalunya, Galicia y Andalucía, a las que, desde la perspectiva competencial, se habían añadido la Comunitat Valenciana y las Islas Canarias y con un carácter más amplio Navarra con la Ley de Amejoramiento del Fuero. A partir de ese momento, para el PP, el alcance y los límites del ejercicio del derecho a la autonomía estaban definidos y cualquier innovación únicamente podía producirse o mediante la reforma de la Constitución o mediante una decisión del Tribunal Constitucional.

De ahí que el PP se negara a la tramitación en las Cortes Generales del Proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco, popularizado como Plan Ibarretxe. En el otoño de 2003, momento en que fue aprobada la reforma en el Parlamento Vasco, José María Aznar era presidente del Gobierno y recurrió al privilegio procesal del artículo 161.2 de la Constitución para que el Tribunal Constitucional acordara la suspensión del proyecto de reforma aprobado. Pensaba el presidente del PP que su partido ganaría las elecciones que se tenían que celebrar en marzo de 2004 y que, desde el Gobierno, se torpedearía definitivamente la tramitación parlamentaria de la reforma estatutaria.