Un 2023 de inflación, elecciones, movilización y falta de diálogo social

A estas alturas del calendario es difícil escapar del consiguiente balance sobre aquellas cuestiones que han caracterizado la agenda política y sindical en el año que se escapa. No pecaré de original y haré lo propio, aprovechando para situar algunas expectativas que habrían de concretarse en 2024.

El contexto internacional sigue condicionando la marcha de nuestra economía. El drama de la guerra de Ucrania parece haber sido eclipsado por el genocidio al que está siendo sometido el pueblo Palestino. Otra muestra de barbarie difícil de asimilar, tanto como que la comunidad internacional sea incapaz de adoptar una posición. Salvo honrosas excepciones, la equidistancia es generalizada ¿Dónde ha quedado el respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos?

Los efectos de la inflación siguen siendo severos, aunque con cierta tendencia a la moderación, un respiro al que han contribuido las medidas para combatir una crisis que ha mermado el poder de compra de unos salarios congelados. El empobrecimiento de la población es una amenaza seria de involución de nuestro estado de bienestar. Las medidas estructurales de contrapartida a la recepción de fondos europeos en la recuperación post COVID, la reforma laboral, el incremento del SMI y de las pensiones, han sido determinantes, aunque apenas han logrado mantener el poder de compra de los salarios.

El éxito de la reforma laboral se ha concretado en una reducción drástica de la temporalidad en la contratación y se han recuperado derechos en materia de negociación colectiva. Los mantras neoliberales han quedado fulminados por la realidad de que no solo no se ha destruido empleo, sino que se ha creado y de mayor calidad.

El Gobierno debería volver a ampararse en el diálogo social como la forma más sólida de construcción de derechos. El error a propósito de la modificación del subsidio por desempleo casi sin diálogo y concertación social no debería repetirse, a la vista de la productividad obtenida desde el perímetro del diálogo social en la pasada legislatura.

La política de tipos de interés del BCE ha actuado como un factor neutralizador de la tímida revalorización salarial pactada en la negociación colectiva. Una subida que seguimos peleando convenio a convenio, con las miras puestas en la constante reivindicación del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

Este año se ha caracterizado también por los procesos electorales. Contra todo pronóstico se ha mantenido el gobierno progresista en la nación, una coalición de frágiles equilibrios aritméticos que podrían limitar la agenda de avances pendientes de negociación en la Mesa del Diálogo Social. Las primeras iniciativas de la legislatura arrancan sin tener en cuenta el papel constitucional reservado a los agentes sociales más representativos, una función que la negociación entre partidos debe respetar.

Otro gobierno de coalición, en este caso de derechas, gobierna el País Valenciano tras casi 8 años de Botànic. Dos gobiernos de signo distinto cuya convivencia se percibe compleja. El central puede ser un límite a la penetración de la agenda neoliberal del gobierno de Mazón, y el autonómico tiene capacidad suficiente para reducir el efecto de las políticas progresistas derivadas del diálogo social estatal. Sirva como ejemplo que, al tiempo que se reclama un cambio de modelo productivo y la compensación por el déficit ocasionado por la insuficiencia del modelo autonómico para mantener los servicios públicos, la primera decisión del Consell haya sido la supresión y la reducción de tipos impositivos para las rentas más altas, en un ejercicio de esquizofrenia política que solo es la antesala de lo que está por llegar.

Una vez que el cambio de modelo de financiación autonómica se ha colocado en la agenda política inmediata, CCOO PV insistirá en la demanda de una reforma fiscal en profundidad que mejore la suficiencia recaudatoria del sistema. Nos va mucho en juego, la calidad de nuestros servicios públicos no pueden depender de un sobreesfuerzo presupuestario o del aumento insostenible del déficit público. La cuestión del “finançament” no puede convertirse en un arma arrojadiza al servicio de los intereses partidistas, por lo que esperamos altura de miras política.

2023 también ha sido un año de intensificación de esfuerzos sindicales para contribuir a la igualdad laboral real entre hombres y mujeres, a través de los planes de igualdad. Las múltiples brechas de género persistentes tienen su reflejo en el mercado laboral, y que hay que erradicar con determinación. Reivindicamos un compromiso político con un sistema potente de cuidados que genere trabajo decente y dignifique la situación que viven miles de personas, en su amplia mayoría mujeres.

Tras la puesta en marcha del nuevo Consell la activación del Diálogo Social debe ser una prioridad, dado que el compromiso del president de la Generalitat de relanzar las mesas del diálogo social no se ha cumplido. La única reunión mantenida ha servido para finiquitar el Acuerdo de mejora de las condiciones de trabajo, en el ámbito de la jornada y salarial de los servicios sociales.

Cuando hablamos de activar el diálogo social hablamos de la necesidad de interlocución para articular el desarrollo social y económico de esta comunidad económica, hablamos de generación de empleo inclusivo, sostenido y sostenible, de la eliminación de toda forma de discriminación, de la transformación de nuestro modelo productivo. Los sindicatos de clase debemos jugar el papel que se espera de las primeras organizaciones sociales del PV, puestas al servicio del avance colectivo hacia una sociedad más justa donde vivir y trabajar. Con ese deseo complejo nos adentraremos con determinación y esperanza en el año 2024. Salud.