Trabajadores del tranvía de Tenerife censuran el gasto de 450.000 euros para un estudio de viabilidad del tren cuando aún se les debe 1,5 millones

El comité de empresa de Metropolitano de Tenerife, la compañía pública del Cabildo que gestiona el tranvía de la Isla, critica y considera “inaudito” que, en el consejo de administración del pasado martes, la consejera Eulalia García Silva (CC), responsable de Movilidad, llevase una previsión de gasto de 3 millones para un concurso internacional de ideas para el proyecto del tren insular, partida que incluye 450.000 euros para un estudio de viabilidad, mientras se mantiene un conflicto laboral con los trabajadores por la mitad de esa cantidad global, 1,5 millones. 

Así lo traslada a Canarias Ahora Jonay Acosta, presidente accidental del comité en estos momentos y representante de CCOO, el sindicato mayoritario, quien recuerda que la compañía lleva en disputa laboral desde el pasado 9 de febrero, con huelgas y recortes de servicios a los usuarios (menos frecuencias de tranvía), que no se debe solo a las reivindicaciones de los empleados por seguridad y salud, sino “a la constante negativa de la empresa a adecuar las plantillas a la mayor carga de trabajo debido a la gratuidad del servicio desde 2023. Se nos dice que no hay dinero y, sin embargo, contemplan esas partidas para lo que, en el fondo, es un tren volador”. Un proyecto del que, según denuncia, el gobierno actual necesita, incluso, un estudio de viabilidad porque aún no se sabe si se puede hacer y su rentabilidad.

Acosta asegura que el mismo argumento de la falta de fondos se les da ante su petición de regularizar la situación “de la mayor parte de la plantilla, pues hay que recordar que toda la plantilla está fuera de categoría laboral porque no se han adecuado las categorías generales a los presupuestos del Estado. Esto supone aumentos porque a la mayoría se le ha pagado hasta ahora por debajo del nivel que se le exigió para entrar a trabajar en Metropolitano de Tenerife. Por ejemplo, a la mayor parte de los conductores se les exigió un FP 2 y, sin embargo, no se les paga como tal, sino como si fueran de Bachiller. El cabildo no quiere ni oír hablar de esto porque les generaría también un conflicto con los conductores de Titsa (la compañía insular de guaguas), aunque no son conductores ferroviarios como nosotros”.

El comité calcula que esa regularización supondría entre un millón y 1,5 millones de euros, “por lo que se plantea que la empresa se gaste 3 millones en un concurso de ideas nos parece inaudito y ha generado muchísimo malestar en la plantilla, más del que ya hay una huelga que ha provocado esta consejera y que se prevé recrudecer a partir de septiembre porque no vemos que tome cartas en el asunto ni muestre preocupación por arreglarlo. De hecho, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Juan Miguel Suárez Santana, le dijo al consejo de administración que García Silva está gestionando la empresa como si fuera su finca particular, que es la impresión que tenemos los trabajadores”. 

Uno de los detonantes de esta huelga fue, precisamente y según remarca Acosta, “la negativa de la consejera a que el Instituto Nacional de Silicosis llevara a cabo las mediciones higiénicas del agente químico polvo de sílice (recuerda los casos de cáncer de pulmón en trabajadores del metro de Bilbao) y que revisara los expedientes médicos de los trabajadores supuestamente afectados. Nos llamó locos, que íbamos a hundir la empresa, que cómo se nos ocurría y que eso no lo podía asumir la compañía. Tras muchísimas jornadas de huelga, conseguimos que entrara en razón y resulta que ese gasto supuso un contrato menor de 14.900 euros y la revisión del expediente médico de cada trabajador costaba poco más de 50 euros, para que se vea el nivel de miseria que tiene esta consejera y su falta de empatía con los trabajadores. Nos hizo hacer una huelga y que la mayoría de empleados perdieran mucho dinero por no pagar un contrato menor para velar por la salud”. 

Por eso, remarca que el descontento de la plantilla con García Silva y el gobierno actual de CC y PP es “generalizado, y más si se escuchan esas declaraciones o se proyectan este tipo de iniciativas de trenes por los que parecen iluminados, cuando nuestro departamento técnico ya ha hecho proyectos para el tren del Norte y del Sur. Están de sobra estudiados y nos parece lamentable que, una vez más, la consejera se salte el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a informar a los comités de empresa de todas las previsiones de crecimiento y expansión. Esto demuestra su contumacia y su persistencia en el error porque cree que esto es su finca particular”.

Informe que ratifica los riesgos del sílice

Justo en medio de la elaboración de esta información, el comité de empresa recibió los resultados preliminares de mediciones higiénicas de sílice cristalina respirable, del 10 de julio, elaborado por el Servicio de Salud del Principado de Asturias tras los datos recabados en el tranvía de Tenerife entre el 10 y el 14 de junio pasado en virtud del acuerdo entre ambas instituciones. Según este estudio, tres de las muestras tomadas “superan el VLA-ED vinculante para la SCR, lo que requiere de la implementación inmediata de medidas de control que reduzcan la exposición de los trabajadores expuestos. Además, se han detectado otras 5 muestras que, sin superar individualmente el VLA:ED, ponen de manifiesto la existencia de exposiciones notablemente elevadas en los mismos puestos”.

Según la primera reacción del propio Acosta, esto demuestra a las claras no solo que no estaban exagerando, sino que la consejera se ha equivocado desde el primer momento y ha actuado contra la salud de los trabajadores.