“Encontré una pavita mejor de la que querías, pero tiene un percance: anda apenas por los catorce años. No me importa cambiar pañales, le dije en chanza sin entender sus motivos”.

Memoria de mis putas tristes

Gabriel García Márquez

Releo un pasaje de la novela Memorias de mis putas tristes, a propósito de una polémica ya muy vieja que trajo al presente el editor Mario Jursich, el 24 de abril de 2024, cuando rememoró en su muro de Facebook las preguntas críticas que se hacía el filósofo italiano Franco Volpi en 2007 sobre la obra del nobel colombiano: “¿En cuál esquizofrenia vive una sociedad que por un lado pretende que se cierren páginas obscenas en la Red, pero por otro lado acepta que un poderoso multiplicador cultural como la novela de un Premio Nobel propague lo mismo?”. Volpi hacía referencia a ese sabio triste (y putero) de la historia, que acuerda con la dueña de una casa clandestina presentarse en la puerta con cinco pesos en efectivo (el doble de lo habitual) y por adelantado para pagar los servicios de una niña virgen y POBRE, con la que el viejo tenía la ilusión de celebrar su cumpleaños número noventa. “A las diez de la noche. Ni un minuto antes”, le advirtió ella, pues “la niña tenía que darles de comer y dormir a sus hermanos menores, y acostar a su madre baldada por el reumatismo”.

La explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, conocida por sus siglas como ESCNNA, aunque aparezca en la literatura, nunca ha sido una ficción. Las normativas nos demuestran que no es una práctica nueva en una sociedad donde por costumbre todo se compra y se vende, incluyendo el sexo, la virginidad, los cuerpos.

Fue en 1996 cuando se realizó el primer congreso mundial sobre la ESCNNA. Para el año 2000, se convocó el primer foro departamental en Antioquia sobre la mal llamada “prostitución infantil”, pero no fue sino hasta 2006, luego de la presentación en las Naciones Unidas del Plan de Acción contra la contra la ESCNNA, que la ciudad presentó la ley 1098 que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos de especial protección y en 2010 creó el proyecto “Crecer con Dignidad”, que se convirtió en el despertar de la administración pública en la lucha contra este delito.

“La primera vez que hicimos una pinta con aerosol en la calle fue el 25 de noviembre de 2014. La denuncia quedó consignada en una de las paredes de lo que hoy es el Centro Cultural La Huerta: “En Medellín están vendiendo niñas”, recuerda Marta Restrepo, activista por los derechos de las mujeres en la ciudad. Hace una década, todavía se escuchaba el eco del entonces concejal, Federico Gutiérrez, quien había denunciado en 2008 una nueva modalidad de tráfico con la que los jefes de los combos en los barrios marginales negociaban la virginidad de los niños y las niñas con las familias: “Subasta de vírgenes”, fue el titular en ese momento.

Lo que al parecer nos escandaliza hoy es que los extranjeros se enteraron del “negocio local” y pagan hasta “el doble del precio habitual” por la misma “transacción” en sectores exclusivos de la ciudad como El Poblado y el Parque Lleras. En poco tiempo, la prensa convirtió el nombre de Timothy Alan Livingstone en el sustantivo “thimoty”, una especie de avatar del patriarcado para denominar a cualquier “hombre” que reúna las características de “extranjero” o “gringo” (a veces se usan como sinónimos), “depravado”, “enfermo” y “pedófilo” en una sola palabra. ¡Los timothys del mundo amenazan con convertirnos en una pequeña Tailandia, en la capital mundial del sexo y la pornografía webcam infantil!

Dieciséis años después de aquellas denuncias, el ahora alcalde prohibió por decreto la prostitución en El Poblado y anunció la persecusión de los criminales en alianza con los Estados Unidos, de donde provienen la mitad de los 576 mil hombres que visitaron nuestra ciudad por temas de recreo y ocio entre 2022 y 2023, según datos del Sistema de Inteligencia Turística.

Repaso la colección de titulares del último mes: “Tras caso de estadounidense hallado con dos menores en un hotel de Medellín, la ciudad prohíbe los servicios sexuales por seis meses”. “Pederasta capturado en Miami tendría información sobre los capos de explotación sexual infantil en Medellín”. “¡Siguen cayendo! Capturan a otro extranjero de 51 años por explotación sexual de una niña de 15 años en Aranjuez”. Sin embargo, un informe revelado por la Mesa contra la ESCNNA de Medellín y resaltado por el portal Cuestión Pública, evidenció que de los 3.014 procesos relacionados con estos hechos en la capital antioqueña, entre 2010 y 2022, casi el 90 % aún continúan en etapa de indagación, y solo el 4.1 % ha llegado a juicio.

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“Vemos esto como una segunda colonización. Nos adecuamos a las necesidades de los extranjeros”, me cuentan en una conversación Dora Saldarriaga y Gihomara Aristizábal, fundadoras de la Veeduría Durga, que hace seguimiento a las políticas públicas en temas de género. Un titular del 4 de febrero de 2020 de Caracol Noticias da algunas pistas del problema: “Mujer buscaba niñas en colegios de Medellín y las vendía a turistas en exclusivos bares”. Dando la espalda a la cámara, la víctima de dieciséis años relata a un periodista: “La mayoría de las mamás saben que las hijas se venden o que tienen un noviecito de plata que les ayuda”.

Saldarriaga y Aristizábal advierten que responsabilizar únicamente a los extranjeros es ignorar las raíces profundas y locales del problema. “Lo que nos preocupa es que el decreto desconoce las condiciones de pobreza y desigualdad que tiene la ciudad, que carece de enfoque de género y que es clasista al dirigirse únicamente al espacio público de un sector muy privilegiado, dejando por fuera otros lugares donde también se comete este delito”. Para ellas, el problema de esta medida es que convierte a los thimotys en la causa y no en uno de los efectos del problema.

En este sentido, una de las críticas que hace al decreto Melisa Toro, activista de la organización Putamente Poderosas, es por qué se tomaron decisiones sin consultar a las mujeres trabajadoras sexuales, “porque hay que decir que el decreto es prohibicionista y señala a las mujeres como responsables y cómplices de este delito, cuando pueden ser las aliadas para prevenirlo”. Por eso algunas feministas hacen un llamado urgente para debatir en la ciudad la explotación sexual comercial infantil versus el trabajo sexual, ya que para ellas el decreto deja por fuera lo que las trabajadoras sexuales llevan diciendo hace mucho tiempo: que las restricciones del trabajo sexual solo les hacen la vida más difícil, más peligrosa, más violenta y más precaria.

A pesar de que en 2019 se presentó el Plan Intersectorial contra la ESCNNA, que va hasta el 2028, algunos se preguntan sobre el progreso y la efectividad de este plan, pues muchos de los profesionales que estaban involucrados hace cuatro o más años ya no están presentes, lo que plantea un problema de continuidad en la ejecución de las políticas. Jazmín Santa y Armando Zuluaga, desde la Mesa contra el ESCNNA, piden revisar cómo se abordará el problema en el Plan de Desarrollo “Medellín te quiere”, que se está discutiendo en este momento, pues no se tiene ni un indicador ni un presupuesto claramente asignados. Santa dice que “este aspecto está bajo la categoría de turismo, sin un indicador. Y dentro del ámbito de inclusión, hay dos indicadores que no ofrecen claridad ni suficiente orientación para acciones concretas”.

Armando Zuluaga, quien dedicó doce años de su vida a la Unidad de Niñez de la alcaldía, denuncia que existen problemas con las rutas de atención y el restablecimiento de derechos. Según Zuluaga, la implementación de la ruta a menudo se ve obstaculizada por múltiples barreras. Cuando se identifica a una niña o niño en situación de explotación sexual, se supone que debe activarse una ruta en salud para realizar exámenes médicos y asegurar un tratamiento integral. Sin embargo, la realidad es otra.

Recuerda un caso: “Estábamos haciendo recorridos de rutina en la comuna 14, cuando vimos a una niña indígena de siete años sentada en una acera. Tenía monedas en la mano. Cuando preguntamos a los vecinos y comerciantes del sector hace cuánto estaba ahí nos dijeron: ahí permanece, la recogen en carros y la devuelven”. La Unidad tuvo que quedarse dos horas entreteniendo a la niña hasta que por fin llegó la policía. “Lo que hicieron fue llevarla directamente al ICBF, y no a una Unidad Hospitalaria. Ahí se torció la ruta”.

Una situación que entorpece la recolección de las pruebas para iniciar un proceso ante la justicia. Además, que las defensorías solo operen de lunes a viernes de ocho a cinco de la tarde, como si los delitos fueran cometidos únicamente en horario de oficina; y que haya solo dos patrullas de infancia y adolescencia para todo el Área Metropolitana, que deben cubrir no solo estas violencias sino también otras situaciones de orden público, son ejemplos claros de cómo las capacidades institucionales actuales son insuficientes para enfrentar el problema.

En estos doce años, Zuluaga ha observado cómo la explotación sexual ha cambiado de forma y dinámicas: de una presencia abierta y visible en las calles a una más encubierta y digital. Además, la nueva modalidad conocida como chemsex —combinación de rumba, drogas y sexo—, como los paquetes que se ofrecen en los narcotour, se coordinan a través de mensajes en WhatsApp o redes sociales, donde los explotadores trasladan a sus víctimas a fincas aisladas o apartamentos en Medellín, lo que representa un desafío mayor para su detección y prevención.

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Mientras tanto, la alcaldía presentó en mayo el programa “Tejiendo hogares”, como una de las estrategias más importantes para fortalecer el entorno familiar y prevenir las violencias: “Si tenemos familias felices y bien constituidas, en las que haya respeto, eso se verá reflejado en el barrio y en la ciudad”, dijo Margarita Gómez, esposa del alcalde, durante la presentación del programa. El problema es que los estudios sobre la ESCNNA revelan que una gran proporción de niñas y niños han sido víctimas de abuso sexual infantil por parte de miembros cercanos de su entorno.

Hablando de ficciones, Marvel Moreno es otra escritora que nos muestra en su obra En diciembre llegaban las brisas el universo de tres niñas de la élite barranquillera que sin ser explícitamente “vendidas”, fueron sometidas desde pequeñas a violencias sexuales a cambio del derecho a un pasaporte vitalicio en el Country Club. Hablando de la realidad, se trata menos de aprender pautas de crianza dentro de los hogares, que de una oferta del Estado que ofrezca posibilidades reales para que las víctimas de explotación sexual tengan derecho a una vida digna y puedan salir del ciclo de violencias a las que son sometidas para sobrevivir.

Más allá de lo que le está permitido o no decir a la literatura, en el muro de Facebook de Jursich, la discusión de opiniones giró en torno a la manía que tenemos de negar la existencia de lo que nos avergüenza —y de lo que somos responsables—, como si fuera posible borrar del papel lo que nos incomoda para que desaparezca; como si fuera deseable censurar la realidad, suficiente con no escribirla, para que deje de ser tan putamente triste.

*Periodista apasionada por la historia urbana.