400.000 personas afectadas por encierro en toda la región

Doce municipios antioqueños del Bajo Cauca y el Nordeste vivieron la peor semana en años. En Caucasia, el hospital Manuel Uribe Piedrahíta suspendió cerca de 130 cirugías por falta de insumos y medicamentos. El personal médico tampoco tenía libertad para salir y llegar. Los pacientes con citas tampoco se atrevían a salir. En Vegachí, Remedios y Zaragoza el panorama no era mejor. En todos, los ciudadanos quedaron confinados, como prisioneros, pues sin transporte público de pasajeros nadie podía salir de los pueblos y tampoco llegaba nadie. El paro generó pérdidas millonarias a los transportadores, además de un riesgo de crisis alimentaria por la cantidad de productos que se estaban perdiendo por las manifestaciones. Hasta los marranos y las gallinas se quedaron sin cuido. Ánderson Quiceno, director de la Asociación de Transportadores de Carga, señaló que las pérdidas económicas por estos bloqueos ascienden a los $15.000 millones, porque han dejado de movilizar más de 16.500 toneladas de carga solo en la vía Medellín-Costa Atlántica. Los conductores tuvieron que desviarse por la vía al Urabá antioqueño, en la ruta a Montería, lo que implicaba sobrecostos que afectarán la ya golpeada canasta familiar en Antioquia, los recorridos superan los 160 kilómetros extras de la ruta habitual.

Marchas y bloqueos por la quema de máquinas y dragas

El paro comenzó la última semana de febrero con el levantamiento de los pequeños mineros del río Nechí que impidieron por dos días la navegación. Ya sumados los mineros medianos de toda la región, empezaron marchas y bloqueos de la troncal a la Costa Atlántica y de la vía entre Yolombó y Zaragoza desde el 2 de marzo. La protesta, otra vez, fue la destrucción de la maquinaria y los dragones brasileños. “Nos metieron a todos los mineros en la misma bolsa y están criminalizando a todo el eslabón de la cadena. Acá hay barequeros en el territorio desde siempre, los ilegales llegaron después”, dijeron los pequeños mineros agremiados. El gobernador Aníbal Gaviria salió al paso y dijo que había una “falsificación de la protesta social” porque el Clan del Golfo estaba instrumentalizando y presionando a los pequeños mineros. “Tenemos no solo la información, sino las pruebas de capturas hechas por el Ejército y por la Policía, pero adicionalmente mensajes de WhatsApp y distintos mensajes enviados por la organización criminal del Clan del Golfo para obligar a los ciudadanos a cerrar el comercio, no asistir a las actividades del sector educativo y obviamente, también se ha visto su presencia en la obstrucción de las vías”, aseguró.

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