El día jueves 4 de julio, Ciper Chile publicó un artículo en el que titula: «Alza en cuentas de luz: gobierno contrató a dos asesores que trabajan para empresas eléctricas para establecer la fórmula de cobro». El artículo plantea como aspecto central que existiría un conflicto de interés en asesorar al Gobierno y al Congreso en esta materia, dado que como consultores expertos en energía asesoramos a empresas del sector eléctrico. En relación a lo anterior quisiéramos expresar algunas reflexiones:
1) Es sano y necesario que en una democracia los medios de comunicación investiguen y pidan cuentas a las autoridades y privados sobre su actuar, de tal manera que los ciudadanos puedan escrutar los hechos y realizar sus propias conclusiones;
2) Sin perjuicio de lo anterior y considerando que el señalado artículo no ahonda en la propuesta que realizamos, nos parece relevante recordar que nuestra fórmula se basaba en dos principios: Pagar la deuda generada hasta hoy (PEC y MPC) con la menor afectación posible para clientes finales y la implementación de instrumentos de protección para los clientes, en especial para los más vulnerables; (adjuntamos el informe final presentado al Ministerio de Energía)
3) La propuesta proponía una normalización de las tarifas menos lesiva para los clientes regulados que la presentada por el Gobierno al Congreso y que resultó finalmente aprobada. Cabe agregar que una de las razones de esto fue que el Gobierno no estuvo disponible para incorporar los recursos fiscales contemplados en nuestra formula;
4) El medio ciertamente tiene una posición frente al hecho: sugiere que hay un conflicto de interés que nadie más que el propio medio advierte y por tanto, resultaría inapropiada nuestra participación y la solución que planteamos al Gobierno y al Congreso, ya que supuestamente beneficiaría a alguna de las partes involucradas en la problemática, todo ello sin demostrarlo;
5) Ciper chile en ningún momento logra identificar de forma clara y específica donde está el supuesto conflicto de interés, ni el beneficio inapropiado para alguna de las partes en la propuesta que realizamos a la Comisión de Minería y Energía del Senado y al Ministerio.
6) Frente a ello legítimamente nos preguntamos: ¿Se configuró el conflicto de interés que intenta denunciar Ciper chile? ¿Cuál propuesta presentada por nuestra consultora, beneficia de manera inapropiada o ilegitima a empresas que hemos asesorado en nuestra historia pasada y presente?;
7) ¿Es razonable el estándar que se plantea en el artículo? ¿Ningún consultor, experto, académico podría asesorar al Gobierno o al Congreso si ha asesorado a empresas privadas como parte de su oferta de servicios? ¿Existe alguien que sólo ha asesorado al Gobierno? De ser así, ¿podrá comprender toda la cadena de valor involucrada en el sector eléctrico?;
8) Si ese es el estándar que algunos medios creen debe cumplirse para prestar servicios profesionales, las políticas públicas y regulaciones lamentablemente se verán sustancialmente empobrecidas por la falta de aportes de expertos, ya que frente a la disyuntiva de asesorar e involucrarse en discusiones complejas, claramente preferirán restarse y no aparecer denostados ante el ruido de las redes sociales;
9) Por nuestra parte, seguiremos apoyando a todo Gobierno y al Congreso cada vez que requieran nuestra opinión y propuestas. Tenemos una experiencia de más de 20 años en el sector energía, tanto en el mundo público como privado y contamos con equipos técnicos de primer nivel que nos han otorgado un prestigio y reconocimiento para ser convocados por distintos tomadores de decisión en el debate de temas complejos del mundo eléctrico.
10) Finalmente, queremos expresar que no nos vamos a restar de proponer soluciones que permitan una transición energética que beneficie a los consumidores y que permita desarrollar un mercado sano y competitivo.
Ramón Galaz
Socio y Director Valgesta Nueva Energía
Andrés Romero
Socio y Director Valgesta Nueva Energía
RESPUESTA DE CIPER
El reportaje “Alza en cuentas de luz: gobierno contrató a dos asesores que trabajan para empresas eléctricas para establecer la fórmula de cobro”, al que alude la carta de Ramón Galaz y Andrés Romero, efectivamente plantea que puede constituir un conflicto de interés que personas que habitualmente venden servicios a empresas eléctricas, intervengan en la definición de las tarifas del sector. Más aún, si esa incorporación es fruto de reuniones reservadas, de las que no se guardan registros a los que se pueda acceder vía de la Ley de Transparencia y se hace a través de una contratación por “trato directo”, sin invitar a otros consultores para contar con distintas propuestas.
El reportaje apunta a la forma poco transparente en que se resolvió la contratación de estas personas y a la falta de respuestas por parte de la autoridad, para explicar por qué estos y no otros profesionales, podían participar en un tema altamente sensible para los ciudadanos. Tampoco se ha explicado por qué no se convocó también a esta tarea a profesionales de alto perfil técnico que pudieran representar los intereses de los usuarios. Ambas preguntas siguen sin ser respondidas.
En todo caso, CIPER, en el cumplimiento de los estándares técnicos y éticos que requiere la elaboración de un reportaje de esta naturaleza, dirigió sus consultas directamente a Andrés Romero, para contar con el punto de vista de los socios de Valgesta. Al señor Romero se le preguntó si no consideraba que podría haber un conflicto de interés en el doble rol de prestadores de servicios para las empresas eléctricas y partícipes de la elaboración de la propuesta para determinar las tarifas que se pagarán a esas mismas compañías. Su respuesta, extensa, fue incluida en el artículo y expresa las mismas consideraciones que ahora él incluye en su carta, por lo que los lectores de CIPER ya conocían sus argumentos.
CIPER difunde este tipo de reportajes con el objetivo de aportar al debate público. En este caso, para que los ciudadanos tengan información de calidad en la necesaria discusión sobre la eventual aplicación de límites y normas de transparencia sobre quienes deben intervenir en la definición de las tarifas de servicios básicos.
Pedro Ramírez
Director de CIPER
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Felicitaciones y agradecimientos a Ciper por informarnos de este tipo de cosas para no idealizar a ningún gobierno, ya que tod@s están compuestos por personas que con poder, demuestran claramente lo que son.
Carlos Rodrigo | 06.07.2024
Es claro que no resulta transparente ser JUEZ Y PARTE. Menos aún cuando los criterios considerados no resultan ser universales ahondan las diferencias económico-sociales.
Resulta especialmente molesto que los argumentos y concepciones tengan solamente un objetivo económico cuando se trata de servicios básicos que debieran tener un sentido humano y universal.
En el ambiente de libertad en que se pretende ubicar todo el accionar humano no es ético el no diferenciar lo básico de lo superfluo por cuanto lo primero es humanamente estructural y atañe a la muy inmensa mayoría y lo segundo a una minoría privilegiada (sin dejar de aceptar que puedan tener una razón en su justo sentido y proporción).
Es así, por ejemplo, como en el caso de la energía no se condice la estacionalidad con los valores que deberían ser lo más planos posible y puesto que las remuneraciones, sí lo son.
