En mayo pasado, ante un caso de detención de una persona de 20 años de edad que se deshizo de un paquete de estupefacientes en el taxi en el que viajaba, se presumió por parte de la Policía y Fiscalía que el indagado había participado de un delito. El juez Silvestri aclaró en la audiencia que el control de legalidad lo primero que debe hacer un juez antes de comenzar con la etapa de formalización tiene un alcance más amplio que el que cree la fiscal: “El juez no solo debe controlar el origen de la detención sino que debe controlar la privación de libertad previa”. El juez explicó que “resulta que la detención no es sólo la aprehensión física de un ciudadano sino que es una situación de privación de libertad”. Silvestri recordó que el personal policial tiene especialmente prohibido infringir, instigar o tolerar torturas o tratos crueles inhumanos o degradantes sobre cualquier persona”, y recordó la ley de procedimiento policial que establece que la Policía “asegurará la protección de quienes estén bajo su custodia”. Silvestri sostuvo que la propia Fiscalía ordenó examen médico del detenido y “resultó una lesión en su rostro” golpeado durante los interrogatorios policiales.
Caras y Caretas denunció en marzo pasado maltratos por parte de la Policía de Tacuarembó contra otros detenidos. El artículo 266 del Código de Proceso Penal establece, entre otros puntos, que el juez debe controlar la legalidad de la detención cumpliendo de esa forma con el artículo 16 de la Constitución.
Luego de la audiencia, la fiscal Paula Pereyra elevó una queja a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero y, de acuerdo a lo que este medio pudo conocer, el juez Silvestri finalmente fue denunciado por la propia fiscal de Corte subrogante. Mónica Ferrero indicó en su denuncia según relataron distintas fuentes judiciales a Caras y Caretas que el magistrado obstaculiza investigaciones, dictados de decretos en los que se solicitan aclaraciones sobreabundantes a solicitudes de detenciones y allanamientos. Las fiscales señalaron a Ferrero que han habido situaciones en las que el juez hizo caso omiso de los dichos de Fiscalía pero que, sin embargo, el juez se amparó en los pedidos de la Defensa sobre situaciones en las que están involucrados funcionarios policiales. Y si bien la denuncia ante la Corte indica que el juez Silvestri solicita varios detalles sobre allanamientos, la denuncia también indica que el magistrado prohíbe a las fiscales enviar solicitudes por el sistema informático (con excepción de solicitudes de detención y allanamiento).
La fiscal de Corte denunció que el juez Silvestri pretende que las restantes solicitudes que no sean detenciones ni allanamientos se hagan vía escrita ante la sede. El magistrado se apoyó en la acordada de la Suprema Corte de Justicia nro. 8.037 de agosto de 2019, fundamentando que la presentación escrita no sólo es para las fiscales sino para todas las partes “en igualdad de armas”. La fiscal Ferrero también denunció que el juez dispuso un plazo de 30 días para acusar a un detenido al que, según la fiscal Böhnke, aún no se le calificó como imputable o inimputable. Sin embargo, la denuncia presentada por la fiscal de Corte subrogante no incluye la situación del imputado. Según pudo saber Caras y Caretas, el hombre hace más de un año que permanece con prisión preventiva sin acusación por parte de la fiscal y por distintos motivos se le postergó la investigación.
En la audiencia judicial de mayo pasado, el juez Silvestri, ahora denunciado, indicó que el Estado es el principal interesado en que el Poder Judicial homologue las detenciones que deben ser controladas por el juez de garantías y uno de esos intereses reside en descartar toda suspicacias sobre las torturas y controlar desbordes del personal policial. Ante ese panorama, el juez Silvestri resolvió no homologar ninguna detención en la que se detecte aunque sea en forma indiciaria la existencia de torturas. Finalmente el magistrado declaró ilegal la detención de JABG y ordenó su puesta en libertad. Luego de esta resolución la Fiscalía apeló, pero también elevó la queja a la fiscal Ferrero, quien decidió denunciar al magistrado ante la Corte.
12 defensores cada 500 presos
La agresión de una usuaria de la Defensoría de Oficio en Colonia y la persecución hasta la casa de una fiscal de Familia en Montevideo por parte de otra usuaria de ese servicio, son dos situaciones límites que la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay ejemplifica para denunciar la inseguridad que existe en las defensorías públicas del país. Carolina Camilo, presidenta de ADEPU, dijo a Caras y Caretas que no se entiende cómo en los distintos organismos estatales existe seguridad y en sus locales de las distintas ciudades del interior del país se carece de personal que los proteja. “Somos los que damos muchas veces las malas noticias a los imputados. Fiscalía tiene su seguridad y eso está bien, pero nosotros también trabajamos con condenados y personas que cumplen distintas formas de pena”. Camilo agregó que “en Montevideo son 12 defensores para atender en la materia penal, donde sólo en el Comcar tienen unos 5.000 reclusos que son atendidos con defensores públicos. Hay 12 defensores para asesorar a 400 o 500 personas privadas de libertad y otras que estrictamente no lo están pero que igualmente cumplen distintas clases de penas”. Camilo subrayó que en las cárceles se violan derechos todos los días y los defensores “no sólo estamos a la hora de la imputación o formalización sino que pedimos a los jueces desde un colchón hasta distintas solicitudes que apuntan al estudio y trabajo de las personas recluidas, situaciones que suceden con la alimentación, situaciones en las que hay que denunciar porque la persona está sufriendo peligro para su vida”. La Asociación de Defensores Públicos se encuentra en conflicto por lo menos hasta que se completen nueve vacantes para las que están votados los recursos pero que no se han llenado.
