En particular, subrayaron los derechos de las trabajadoras sexuales transgénero a decidir sobre su salud, vida, cuerpo y sentir. Exigieron educación que favorezca el conocimiento de los cuerpos en beneficio de su autoestima y reafirmación personal, así como ser tratadas y atendidas en los servicios de salud como seres integrales con necesidades específicas, de acuerdo a su orientación sexual, edad, clase social y raza. Además, reclamaron el derecho al ejercicio de su sexualidad de manera libre, decidida y sin riesgos.
Consideraron de extrema urgencia que el Estado construya políticas públicas inclusivas para las trabajadoras sexuales y que se haga valer la postura reglamentarista legislada en 2002, modificando la ley 17515 para adecuarla a la perspectiva de los Derechos Humanos.
Rechazaron la trata y tráfico de personas con fines de prostitución forzada y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, denunciando la omisión institucional y del Estado en los casos de redes de trata y crimen organizado. Manifestaron su oposición a las redes de trata, tráfico de personas y explotación infantil y adolescente, señalando la constante complicidad y omisión de la justicia y los medios que naturalizan el abuso.
La proclama concluyó con una llamada a la acción: "Si en verdad quieren generar un cambio, empoderarnos es el camino más justo. Seguimos con pasos firmes tras la conquista de nuestros derechos negados".
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Un logro
En diálogo con Caras y Caretas, la activista y vocera del sindicato, Karina Nuñez, recordó que este año, el Congreso del Frente Amplio (FA) votó por unanimidad la incorporación de las temáticas de las trabajadoras sexuales en las líneas programáticas de la fuerza política. "Por primera vez, un programa de gobierno en Latinoamérica incorpora el tema de las trabajadoras sexuales desde una perspectiva de derechos humanos".
