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Sociedad seguridad | agencias | privada

La red Invisible

Agencias de seguridad privada: el discreto encanto de una sociedad controlada

La presencia de las agencias de seguridad privada en Uruguay no es nueva y desde el retorno a la democracia en 1985 se han convertido en un rentable negocio para retirados militares y policiales.

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Ceñidas a brindar seguridad en el ámbito de lo privado, no son pocas las experiencias en el mundo que las valoran como más eficaces que las instituciones públicas de seguridad, desarrollando experiencias donde la línea entre lo público y lo privado se vuelve difusa.

Muchos de los negocios que el exjefe de la Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano, intentó llevar adelante, estaban vinculados a lograr contratos para agencias de seguridad privada, incluida la suya. Es que la expansión del rubro, acompañada del desarrollo tecnológico, se convirtió en una cantera inagotable de trabajo (negocios) por el retraimiento de la seguridad pública de algunos espacios y por una institucionalidad que no lleva adelante demasiados controles, lo que también es un reclamo de las agencias de seguridad consolidadas.

Ver, oír, grabar, anotar

Su funcionamiento se ha naturalizado en el seno de la sociedad, aunque cada tanto aparezcan incidentes que recuerdan su existencia y que su funcionamiento puede ser no tan neutral ni privado como parece. Por mencionar solo dos ejemplos donde la presencia de una agencia de seguridad privada termina siendo observada, empecemos por el Grupo Gamma, agencia que corrió la versión de que fue fundada por los represores ya fallecidos José Nino Gavazzo y Jorge Pajarito Silveira.

Aunque el debate se centró en si los represores fueron sus fundadores, extremo negado por la empresa, que amenazó con acciones judiciales, lo cierto es que el Grupo Gamma prestaba cobertura a la Facultad de Humanidades, donde se produjo el robo al GIAF de la Facultad que llamó la atención no solo por el material robado, relacionado a la búsqueda de restos de desaparecidos, y la amenaza a los investigadores, sino también por las fuertes sospechas generadas al comprobarse que no existían signos de haberse forzado la entrada al laboratorio. La responsabilidad y probable complicidad de la empresa en el robo y la amenaza contra los investigadores toman fuerza con el dato de haber sido fundada por los represores. Pero ese punto no fue comprobado.

El segundo caso, más acá en el tiempo, tiene que ver con las personas vinculadas a agencias de seguridad privada que estuvieron involucradas en los casos de espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Bergara, aunque al día de hoy se desconoce el contenido de las carpetas y cuál fue el destino que tuvieron. En las declaraciones a la fiscal Sabrina Flores por el caso Astesiano, quien solicitó las tareas de espionaje a los senadores Mario Bergara y Charles Carrera es otro militar retirado dedicado al mundo empresarial: Héctor Mario Fraud Conde, dueño de la agencia Grupo Sur Seguridad.

Según Astesiano, Fraud andaba detrás de conseguir los servicios de seguridad del Club de Golf de Punta Carretas, aunque ya se encargaba de su limpieza. Fraud tomó contacto con Marcelo Acuña en el Círculo de Artes Marciales y un grupo de motoqueros internacionales; según la versión fiscal que consta en el libro del colega Lucas Silva, Fraud sospechaba que los senadores obraban en favor de la empresa Montecon.

Grupo Sur Seguridad formó parte del lanzamiento de la Campaña electoral de Juan Sartori en diciembre del 2018 en tareas de seguridad y limpieza. También forma parte de la multinacional Asis International, habiendo recibido su certificación.

Los hilos del norte

Óscar Baladán es el jefe regional de Asis International, que posee casi un ejército de más de 27 mil guardias de seguridad privada y que en Uruguay trabaja a través de la empresa Securitas como proveedor preferencial de capacitación.

El Ministerio de Defensa celebró un convenio en abril del 2023 con el Instituto Securitas para la obtención de un Diploma de Profesional en Seguridad. Dirigido a la oportunidad de “aprovechar su experiencia militar también en el ámbito privado, si logra formarse en las mejores prácticas internacionales de Asis internacional, que es la principal organización de profesionales de seguridad del mundo. Ya sea se encuentre en actividad o en retiro, abrirá una posibilidad laboral concreta y, además, un lugar desde donde puede continuar contribuyendo a la seguridad ciudadana. Pago en 12 cuotas de $2.990”.

No hay empresa de seguridad que se precie de tal que no aspire a recibir el certificado de la multinacional Asis y así, en forma sostenida y sin grandes anuncios, se va formando una red de empresas de seguridad a lo largo de todo el continente y más allá, casi como un ejército privado.

Para que estas relaciones se vean más claras, tómese en cuenta que el presidente de la directiva de la Cámara Uruguaya de Empresas de Seguridad, Oscar Emilio Sagasti Roth, es el gerente general de Securitas. También integran la directiva Sandra Celina Rodríguez Barrero de la agencia de seguridad GS4 y José Bello González, director de Prosegur Seguridad , aunque los miembros en la dirección de la Cámara rotan con bastante frecuencia.

Partidos con seguridad privada

Sin renunciar a la presencia de las clásicas comisiones de seguridad de los partidos políticos y la custodia de sus dirigentes, algunos partidos optan por contratar empresas seguramente por las influencias que desarrolla el ejercicio del gobierno y la integración de retirados militares y policiales.

En la noche del 30 de junio de este año, la sede del Honorable Directorio del Partido Nacional estaba custodiada y guiaba la circulación de funcionarios la empresa de seguridad Golani. La empresa fue creada en octubre de 2015 por parte de un exintegrante del Grupo GEO de la Guardia Metropolitana de la Policía, Fabián Techera, con quien es su socio, Ernesto Laguardia, una persona conocida en el rubro, pero que registra algunos antecedentes que en su momento tuvieron repercusión pública.

Ernesto Laguardia actualmente es el CEO de CEDUR/AMIRA S.A., empresa dedicada a la generación de energía eléctrica a partir de la biomasa y secretario personal del expresidente Julio María Sanguinetti en su primer gobierno (1985–2000). En el 2003 la jueza penal de 20º turno, Aída Vera Barreto, aceptó el pedido del fiscal Enrique Möller y lo procesó con prisión por el delito de estafa al militante del Foro Batllista, un día después del procesamiento de su colega, Salomón Noachas.

Laguardia fue denunciado por dos sociedades anónimas a las que entregó dos cheques con su firma pero sin fondos, por un valor de 160 mil dólares. Según la denuncia, Laguardia no estaba habilitado para firmar cheques a nombre de la SA por la que se emitieron.

Golani tiene como clientes a varios boliches como Lotus, los que son del Grupo W, Zebra, Jackson Bar. También se dedican a eventos deportivos, armando todo el operativo de seguridad a ocho instituciones deportivas. Hasta el año pasado hicieron los megaoperativos en el estadio Campeón del Siglo con más de 200 guardias.

En la sede central de Sumar, de la precandidata Laura Raffo, la empresa encargada del control y movimiento dentro y fuera del local fue Referent Security, desde hace 30 años trabajando en el rubro de eventos. Su gerente de Operaciones, asesor y director es César Hernández, que hace 34 años se dedica a la seguridad, ya sea personal o general. Ha trabajado “junto a grandes personalidades en lo artístico, profesional o político del mundo, realizando custodias personales nacionales e internacionales”.

Institucionalidad

Las empresas dedicadas a la seguridad son monitoreadas desde el Ministerio del Interior por la DIGEFE (Dirección General de Fiscalización de Empresas), donde figura una lista de 313 empresas formalmente registradas y está avanzando en lo que respecta a los trabajadores (actualmente hay 22 mil trabajadores y trabajadoras inscriptos) con su documentación actualizada.

Además del control del respeto por parte de las empresas registradas a las leyes y decretos, la DIGEFE autoriza los polígonos de tiro a utilizar (cerca de 10 habilitados) y más de 60 centros de capacitación. Es interesante observar que entre los más de 60 se encuentra la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.

El decreto nro. 35/022 reglamenta la ley nro. 19.721 de 21/12/2018 para regular la seguridad privada.

La Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad (UNATRASE), que agrupa a los guardias de seguridad, y el Ministerio del Interior han alcanzado un acuerdo en marzo de este año para regular la actividad de las empresas y trabajadores del sector, proporcionar una mayor y mejor capacitación y control sobre los equipos y establecer la obligatoriedad de un seguro de vida individual.

El lunes 4 de marzo, un delincuente asesinó a un trabajador de una empresa de seguridad; le hurtó la motocicleta y el arma de fuego y luego incendió la garita donde trabajaba, en la zona de Carrasco Norte.

En el 2009, según los trabajadores de la seguridad privada, de las 300 empresas que trabajan en plaza, sólo 120 volcaban aportes a la seguridad social de sus trabajadores. En Uruguay había 13.000 guardias de seguridad privados que cubren según estimaciones del Ministerio del Interior el 30 % de la demanda de seguridad en el país. Cinco mil de esos guardias portaban armas.

Pero hasta el día de hoy los problemas siguen; guardias que están registrados como empleados de caja o limpieza en supermercados, policías que realizan tareas de vigilancia una actividad ilegal que es conocida como 223 y empresas que compiten con costos más bajos porque incumplen los requerimientos del Ministerio del Interior. El negocio de la seguridad privada ha tenido históricamente un alto nivel de informalidad y una fiscalización casi inexistente, e imperceptiblemente se viene naturalizando su presencia en el espacio público.

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