Los chats revelados este jueves en La Diaria y en Búsqueda, recogidos y analizados en el libro sobre el caso Astesiano que acaba de presentar el periodista Lucas Silva, no hacen más que demostrar de forma contundente que Lacalle Pou estaba “perfectamente” al tanto de operaciones policiales de seguimiento ilegal contra el dirigente de la central obrera. Las implicancias son tan graves y dañinas para la democracia que, si no quedaran unos meses para las elecciones, debería activarse el juicio político de manera inmediata. De hecho, Lacalle Pou a esta altura está de yapa ahí, es un presidente al que le toca flotar por el bien de las instituciones de la República, pero cuya autoridad moral ya no existe y que en un futuro, esperemos no muy lejano, debería desfilar por los juzgados a aclarar todos estos escándalos que lo rodean.
Si es cierto que la fiscal Sabrina Flores está pidiendo recursos o autorización para hacer nuevo peritaje de las comunicaciones de Astesiano y, especialmente, de las comunicaciones con el presidente de la República, excluidas por la exfiscal del caso, Gabriela Fossati, hoy dirigente y candidata en el Partido Nacional, esperemos que el Ministerio Público la autorice, porque son demasiado los indicios y, en este caso, las pruebas de que el presidente sabía, cuando no comandaba muchas de las peores actividades de Astesiano. Y en un país como Uruguay nadie es más que nadie y una cosa es tener la banda presidencial y otra muy distinta es tener una coronita que te asegure la impunidad ante crímenes contra la democracia.
En mi humilde opinión, la oposición ha sido demasiado tibia. Ha alzado la voz cada vez que ha trascendido un desaguisado, pero se ha preocupado sobremanera de no ser tildada de destituyente o acusada de intentar desestabilizar. Así las cosas, se contuvo de pedir mayores responsabilidades políticas incluso cuando quedó meridianamente claro que en el piso once de la Torre Ejecutiva se había organizado una cumbre secreta para incumplir una resolución judicial, romper prueba de un expediente público y ocultarle información al Parlamento en un caso tan grave como el caso Marset. Sabiendo eso, y sabiendo que es absolutamente improbable que Lacalle Pou apenas haya “pasado a saludar” en semejante entramado conspirativo para encubrir, igual se cuidó de no pedir su cabeza y conformarse con la renuncia de ministros y asesores, todos, por cierto, muy responsables, pero ninguno tan responsable como él, después de todo, el jefe.
A menos de 30 días de la interna y poco más de 4 meses de las elecciones, hemos llegado a un escándalo que se proyecta incluso por sobre todos los escándalos de un periodo escandaloso. Ya nadie puede decir que el presidente no sabía. Ya todos sabemos que el presidente ha mentido en innumerable ocasiones y da lástima ver que la única defensa que les queda para esgrimir es el derecho a la privacidad y una diatriba sistemática contra el periodismo y las filtraciones, como si el problema central estuviera no en los hechos horrendos sino en que tomen estado público. Dan pena, pero siguen siendo muy dañinos y hay que hacer un trabajo intenso y sistemático para que toda la ciudadanía tome conocimiento de lo que está pasando, de lo que ha pasado, de quiénes son los que nos gobiernan, porque los grandes medios, más allá de honrosas excepciones, no van a abandonar el blindaje, a esta altura una religión y un gran negocio.
