El empleo creció con salarios de indigencia

Lo real es que la masa salarial se integra a partir de la relación entre los salarios y la cantidad de empleos. Es decir, en términos brutos, es el total de pagos que realizan todas las empresas públicas y privadas a sus empleados, a lo cual se suman, naturalmente, los aportes a la seguridad social. Obviamente, la verdad está en los bolsillos de los trabajadores y de los jubilados.

Lo cierto es que entre 2020 y 2022 los trabajadores perdieron 1.000 millones de dólares con relación a 2019, porque el retroceso salarial verificado durante esos tres primeros años de este quinquenio no se puede recuperar, por más que el nivel salarial del presente esté levemente por encima de hace cinco años.

En ese contexto, la clave es la participación de los salarios en el crecimiento de la economía. En este caso es indispensable analizar el desfase entre la evolución de las retribuciones y la del Producto Bruto Interno. En tal sentido, en este período los asalariados pasaron de percibir un 41,5 % del PBI en 2019 a un 40,3 % en 2022. Por su parte, la participación del capital pasó de 37,8 % al 39,3 %. Es decir, se dio una redistribución de la riqueza en términos inversos, que incluyó una transferencia del trabajo al capital.

Estos números calculados sobre un PBI de 70.000 millones de dólares como el de 2022 son el resultado de diversos estudios técnicos que ponen foco en todas variables económicas extraídas de informes oficiales. La diferencia es la objetividad o la subjetividad con la cual se analizan las cifras.

Si la participación de las retribuciones de los trabajadores en la riqueza generada (PBI) es menos que en el pasado, hay un claro retroceso que es innegable, por más que las bajas tasas de inflación de 2023 y del presente hayan contribuido a mejorar levemente el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos y situarlo, en algunos casos, por encima de 2019.

La evolución histórica se puede visualizar a partir de la lectura de los propios reportes del Banco Central del Uruguay y permite comprender cómo se reparte el PBI.

En ese contexto, se observa un primer período que va entre 1998 y 2005 que incluye la crisis del 2002 cuando la masa salarial pierde participación en el producto total. Una segunda etapa, durante los años comprendidos entre 2006 y 2014, en que se revierte la tendencia anterior y la masa salarial aumenta su participación en el producto. Por último, hay un período comprendido entre 2015 y 2022, en que nuevamente se verifica una caída de la participación de los ingresos de los asalariados en el producto generado, aunque de menor magnitud que durante el primer período mencionado y en un contexto económico diferente.

La reacción del Gobierno fue realmente furibunda cuando se conoció un informe de la consultora Exante que analiza, entre otros indicadores, la evolución del salario, que ha sido desigual según el tramo de ingreso familiar. Esta prestigiosa organización se dedica a asesorar empresas y nadie puede racionalmente afirmar que está políticamente sesgada, como lo afirman algunos voceros del oficialismo. En este caso, se limita a analizar diversas variables económicas y sociales con resultados bien verificables, a partir de la información emanada de la Encuesta Continua de Hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística. La diferencia es que afina aún más los números, lo cual permite acercarse a la verdad. En este caso, lo que está en juego es el crecimiento del salario real durante este período, que es un mito.

El chequeo es contundente al corroborar que, si bien en 2023 los ingresos mejoraron levemente en todos los tramos luego de tres años consecutivos de caída, sólo en el quintil 5, que corresponde a familias que perciben más de $200.000 mensuales, se advierte una mejora real de las retribuciones.

Como el relevamiento tomó a un total de 1.260.000 hogares de Montevideo y del Interior, los resultados son ciertamente muy representativos de la realidad social de todo el país.

El informe, que aborda otras dimensiones no menos relevantes como la pobreza y la desigualdad, no deja dudas. En ese sentido, el ingreso promedio del primer quintil es decir, del 20 % de los hogares más pobres se situó en torno a $27.681 en 2023, muy lejos de los $206.045 que corresponden al quinto quintil de la distribución. O sea, al 20 % de los hogares más pudientes. En tanto, para el segundo quintil el ingreso promedio se estimó en $49.755, mientras que para el tercero y el cuarto esa cifra fue de $71.149 y $100.510 respectivamente.

En primer lugar, si se considera el contraste con los datos correspondientes a 2022, lo que emerge es una mejora generalizada para todos los quintiles, que en promedio arroja un incremento de 3 % anual. En el caso del primer quintil la mejora del ingreso ascendió a 2,5 %, en el segundo fue de 3,3 % y en el tercero de 3,2 %. Para el cuarto y el quinto, por su parte, las variaciones anuales se situaron en torno a 1,8 % y 3,6 %, respectivamente. En otras palabras, el ingreso de los hogares en 2023 superó al de 2022, pero el mayor avance lo registraron los hogares del 20 % más alto, acentuando las desigualdades.

No obstante, los contrastes más importantes quedan en evidencia al comparar con la situación vigente en 2019. En este caso, el ingreso promedio de los hogares aumentó 0,8 % entre ese año y 2023, pero esa mejora se explica enteramente por el incremento que percibieron los hogares más pudientes de nuestro país, dado que para el resto de los quintiles se registró un retroceso en materia de ingresos. Para tener como referencia, la comparación de los dos extremos de la distribución muestra una caída de 2,4 % para los hogares más pobres (quintil 1) y un salto de 3,6 % para los más ricos (quintil 5).

El deterioro de los salarios, que es negado por el Gobierno pero confirmado por la ciencia estadística y los propios números oficiales, tiene su correlato también en el informe del Instituto Cuesta Duarte, que da cuenta de que, hasta 2023, 548.000 trabajadores ocupados percibieron remuneraciones por debajo de los $25.000 al mes, representando un 33 % del total de ocupados, y dentro de este colectivo, unos 166.000 no alcanzaron los $15.000. En este último caso, lo percibido no alcanza ni siquiera al salario mínimo nacional, que desde enero de este año se sitúa en $22.668 mensuales.

La mejora de la economía, que creció en 2021 y 2022 y en 2023 se estancó, no ha generado un derrame en el conjunto de la población e incluso empeoró la situación de los estratos más vulnerables de la sociedad.

En ese contexto, según el Instituto Cuesta Duarte, cuyos datos son inapelables, la proporción de trabajadores con ingresos laborales sumergidos se mantuvo en 2023 en niveles similares respecto a 2022, pero empeora cuando se compara con 2019. En efecto, mientras en aquel año la proporción de ocupados y asalariados con ingresos laborales menores a $25.000 mensuales líquidos afectaba al 28,1 % en 2023 el porcentaje trepó al 32,6.

En efecto, todavía hay casi 100.000 trabajadores más que perciben menos $25.000 líquidos que en 2019, con la salvedad de que esa cifra hoy tiene un poder de compra muy inferior al de hace cinco años. La mayoría de esas retribuciones corresponden a nuevos puestos de trabajo.

Hay que avisarle a Delgado que estas cifras surgen de datos oficiales. Si el segundo piso de desarrollo que promete es igual al primero, seguiremos teniendo salarios de indigencia, porque la masa salarial destinada a los uruguayos más pobres es una masita que no da ni para un mero desayuno.