En el debate público y académico sobre la justicia juvenil en el país, la percepción de impunidad y la necesidad de mejorar los programas de reinserción siguen siendo los temas no resueltos y, por cierto, ineludibles.
Mientras amenazaba a su familia violentamente, Claudia escuchaba como el Niño se jactaba de su impunidad: “No tengo miedo de matarte, porque voy a salir altiro”.
En Chile, la Ley Penal Adolescente, promulgada en 2007, ha sido sometida a evaluaciones diversas. Aunque destaca por su enfoque en la rehabilitación y protección de los derechos de los jóvenes infractores -teniendo en cuenta su etapa de desarrollo y, por ende, la capacidad para cambiar el comportamiento delictivo mediante una oferta programática que pretende atender a las causas de la conducta antisocial-, enfrenta desafíos en términos de recursos y eficiencia.
Reinserción y protección de la niñez
La Ley Penal Adolescente se diferencia del sistema penal adulto en cuanto a las penas, dando más importancia a las sanciones más educativas y formativas.
Esto se debe a la protección que el legislador ha dado, a través de este marco normativo, a la Niñez. Esto en el entendido que, en esta etapa de desarrollo, la evidencia ha demostrado que es posible generar cambios significativos, fortaleciendo los factores protectores que mitiguen o eliminen las trayectorias antisociales.
Dependiendo de la gravedad del delito y las circunstancias del joven infractor, la ley ofrece una variedad de sanciones, que van desde advertencias, hasta la privación de libertad.
Ha habido críticas sobre la eficacia de las medidas implementadas, cuestionando si realmente se logra la reinserción exitosa de los jóvenes.
La eficacia de la rehabilitación se ve limitada por la falta de recursos y programas adecuados. Sin embargo, 7 de cada 10 jóvenes desisten del delito al volver a vivir en un contexto familiar prosocial o reingresar al sistema formal de educación.
Ineficacia de la Ley Penal Adolescente
La idea de ineficacia de la Ley Penal Adolescente, debido a las penas menos severas del sistema penal adulto, es uno de los puntos más debatidos. Las principales críticas caen sobre la capacidad de disuasión del delito entre los jóvenes. A esto se suma que no se han llevado a cabo evaluaciones completas del impacto de la Ley en la reducción de la delincuencia juvenil y la eficacia de los programas de rehabilitación.
Las evaluaciones disponibles son las que entrega la Dirección de Presupuesto y no son nada auspiciosas para el conjunto de oferta disponible en el Servicio de Reinserción Juvenil (ex Sename).
No obstante, debe entenderse que la oferta es sólo una parte de esta ecuación. Las penas, no asociadas a perfiles delictivos, la ausencia de mecanismos de ejecución de penas y la falta de especialización de los intervinientes del sistema, lesionan la capacidad de rehabilitar con efectividad.
Desafíos de la nueva institucionalidad
En el debate público y académico sobre la justicia juvenil en el país, la percepción de impunidad y la necesidad de mejorar los programas de reinserción siguen siendo los temas no resueltos y, por cierto, ineludibles.
Hoy está por verse si los cambios introducidos por el nuevo servicio de Reinserción Juvenil revertirán esta realidad.
A poco andar los nuevos perfiles delictivos asociados a mayores niveles de violencia y a la influencia del crimen organizado, como también los problemas de implementación en la Zona Norte del País, nos llaman a observar con mayor cuidado y detención los desafíos de la nueva institucionalidad.
