8 de julio 2024 - 09:00

Luis Lacalle Pou liderará la campaña contra el plebiscito del PIT-CNT por la reforma de la seguridad social

Defenderá dos aspectos de la principal reforma de su gobierno: el financiamiento y que fue discutida por todas las partes involucradas.

Recolección Firmas Plebiscito PIT-CNT
Foto: @PITCNT1

El presidente Luis Lacalle Pou confirmó que hará campaña a favor de la reforma de la seguridad social, luego de que la Corte Electoral haya aprobado las firmas necesarias para que el plebiscito en su contra se pueda votar en las elecciones generales de octubre, un tema que parece dividir al Frente Amplio (FA) pero unificar al Partido Nacional (PN).

El pasado miércoles la Corte Electoral finalmente validó las 276.151 adhesiones requeridas, es decir, el 10% del padrón electoral necesario para empujar el plebiscito. A partir de esto, el mandatario tomó un decisión.

El presidente hará campaña para evitar que se apruebe el plebiscito en contra de la reforma de la seguridad social. Acorde al mandatario, son dos cosas esenciales las que defenderá, informó El País.

Por un lado, el hecho de que se pone en juego el sistema al no poder garantizar un financiamiento a mediano plazo y, por otro lado, que efectivamente hubo diálogo entre las partes involucradas antes de lanzar el proyecto y aprobarlo.

Una iniciativa que divide al Frente Amplio

En términos generales, el Frente Amplio tomó dos posturas ante el plebiscito impulsado por el PIT-CNT: por un lado, la “libertad de acción” y, por el otro, el acuerdo de que el eventual gobierno llamaría a un diálogo nacional para elaborar una nueva reforma de la seguridad social.

Pero los resultados de las internas, en el que los sectores que apoyaron la iniciativa de la central sindical fueron los claros perdedores, podría forzar un cambio de escenario más inmediato. Algo que, incluso, fue puesto sobre la mesa por Orsi ante la prensa luego de la primera reunión oficial de campaña, cuando señaló que la coalición de izquierda estaba analizando el tema y no descartó futuros pronunciamientos al respecto.

La realidad es que en las internar, de las 20 listas más votadas en la interna frenteamplista, 12 están decididamente en contra de la reforma constitucional propuesta por el PIT-CNT, y otras cuatro evitaron fijar posición al respecto. Las que apoyaron, las cuatro restantes, fueron las grandes perdedoras de la noche.

Estos datos, junto con el triunfo de Orsi por el 57% de los votos —habiéndose expresado contrario al plebiscito en varias oportunidades—, presionan al Secretariado Ejecutivo para tomar una decisión que contemple la voluntad popular y la distribución de fuerzas internas que, igualmente, traería dificultades internas. Asimismo, para Mario Bergara, que la fórmula del FA no tenga una postura consolidada al respecto “podría ser un factor de debilidad”.

Un oficialismo consolidado para defender la reforma

En ese sentido, su no definición sobre el plebiscito fue uno de los argumentos más utilizados contra Cosse durante la campaña para junio. Y que el Frente repita la estrategia de cara a octubre podría jugarle en contra ante los candidatos de la coalición —Álvaro Delgado, Andrés Ojeda y Guido Manini Ríos— que, rápidamente, se alinearon detrás de la propuesta de Pablo Mieres de realizar una declaración conjunta en contra de la iniciativa del PIT-CNT.

Orsi, que también fue convocado, todavía no devolvió una respuesta. Mientras tanto, Delgado firmó la declaración contra el plebiscito en el Palacio Legislativo y, luego, participó de la presentación del libro “Plebiscito constitucional de la seguridad social. Análisis crítico”, de Rodolfo Saldain y Gonzalo Martínez Alba; marcando claramente la cancha en un tema que promete ser artillería de campaña del nacionalista.

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La postura del oficialismo y los efectos económicos

La semana pasada, en el Palacio Legislativo, los candidatos de la coalición firmaron un compromiso contra la reforma constitucional propuesta por el PIT-CNT promovido por el candidato del Partido Independiente y exministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) Pablo Mieres.

El primer punto del texto firmado por los candidatos de la coalición de gobierno señala que es "absolutamente inconveniente que la edad de retiro y los años de servicios mínimos requeridos para acceder a la causal jubilatoria común queden fijados en la Constitución de la República".

"Tales parámetros deberán necesariamente ser modificados a los largo del tiempo debido a factores demográficos, innovaciones tecnológicas, transformaciones del mercado laboral y cambios de las costumbres", se justifica.

De hecho, la rigidez al sistema que significaría su introducción en la Constitución es una de las principales críticas, sobre todo luego de conocerse los datos del Censo 2023 que dieron cuenta del envejecimiento poblacional que ya experimenta Uruguay.

Esto fue señalado expresamente en el punto número dos del texto, en el que también se agregó que “la proporción de adultos mayores en la población seguirá incrementándose, lo que impondrá a los trabajadores activos recientes contribuciones a la seguridad social"; por lo que “la eliminación y prohibición de los sistemas de ahorro individual” es “especialmente desaconsejable”.

Asimismo, para los candidatos de la coalición, "resulta particularmente desacertado equiparar la jubilación mínima con el Salario Mínimo Nacional (SMN) por cuanto, como ocurrió en el pasado, los gobiernos procurarán un bajo nivel de SMN de forma de contener el aumento del gasto público, generando una distorsión en el mercado de trabajo y deviniendo en un parámetro irrelevante para la fijación de salarios".

En el punto cuatro, subrayaron además que la iniciativa "requerirá sustanciales incrementos de las transferencias al régimen de jubilaciones y pensiones para su financiamiento con el consecuente aumento de los tributos". En especial, impuestos y contribuciones, que tendrá que "pagar la población uruguaya en su conjunto".

"Esta situación consolida la inequidad existente por cuanto la pobreza en nuestro país está concentrada en niños, niñas y adolescentes y porque el desempleo de los jóvenes es tres veces más elevado que el promedio de la población", puntualizó el texto, haciendo referencia a los altos niveles de pobreza infantil en el país.

Finalmente, hace hincapié en que la propuesta también plantea la "confiscación de los ahorros de cientos de miles de ciudadanos, lo que afectaría gravemente la credibilidad internacional lograda" por Uruguay durante décadas.

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