Buquebus pidió información para instrumentar la nueva tasa fluvial y atrasa su aplicación

De esta manera, desde la empresa aseguraron que pidieron más información a las autoridades para poder ejecutar de manera correcta el cobro ya que aseguran que genera varias dudas desde lo administrativo y contable ya que el instructivo de aplicación no es del todo claro para Buquebus.

La posición de Buquebus

Específicamente, la compañía del empresario argentino-uruguayo Juan Carlos López Mena, entiende que el gobierno de Luis Lacalle Pou afectó el principio de legalidad al crear una obligación por decreto y no por ley como establece el artículo 10 de la Constitución, además de no respetar el principio de igualdad de cargas públicas, ya que todos los puestos de control migratorio del país se financiarán con la tasa al turismo fluvial.

“La única manera de sustentar esta decisión es que digan que las empresas de transporte fluvial tienen mayor capacidad contributiva, pero acá es al revés”, explicó Ochs y puso un claro ejemplo: “la persona que vuela en clase ejecutiva a España no la paga, pero el que ingresa por el puerto de Colonia sí pese a que las dos deben someterse al control migratorio”.

Otro de los puntos que cuestiona Buquebus es el que Ochs describió como “impactante”: el Ministerio del Interior admitió no haber evaluado el costo de la adjudicación del nuevo sistema de control migratorio. “Desde el Estado se le permite a una empresa cobrarlo, pero no sabe cuánto cuesta”, señaló.

La nueva tasa al turismo fluvial, que para expertos tributarios consiste en un impuesto, establece que "las empresas de transporte marítimo o fluvial internacional de pasajeros que operen en cualquiera de los puertos serán las encargadas de cobrar el Precio por Servicio de Seguridad a cada uno de sus pasajeros".

En el caso de los pasajeros de cruceros que ingresen o salgan de Uruguay el cobro y retención de la tasa quedará a cargo de la agencia marítima a la que esté consignado el buque. La recaudación mensual de la tasa será retenida por ellas y luego “vertida a mes vencido al proveedor del sistema de control fronterizo adjudicado".

Buquebus, que ya había impugnado el acto de llamado a licitación y ahora realizó una segunda presentación contra la adjudicación misma, considera que el mayor problema es validar un procedimiento administrativo irregular. “El Estado te pone un socio, porque te obliga a pagarle directamente a la empresa (que realiza el control)”, explicó el representante legal de la compañía.

“En una democracia sana hay que consultar a las partes involucradas”, concluyó Orchs, quien detalló que desde el gobierno aún no han respondido a la impugnación de la licitación aun cuando está por vencer el tiempo legal para hacerlo.

Las claves del impuesto

El decreto establece que "las empresas de transporte marítimo o fluvial internacional de pasajeros que operen en cualquiera de los puertos serán las encargadas de cobrar el Precio por Servicio de Seguridad a cada uno de sus pasajeros".

El monto se va a cobrar cuando los boletos sean emitidos y las compañías se convertirán en agentes de retención de los importes. En el caso de los pasajeros de cruceros que ingresen o salgan del país el cobro y retención de la tasa quedará a cargo de la agencia marítima a la que esté consignado el buque.

La recaudación mensual de la tasa que lleven a cabo las agencias marítimas y fluviales correspondientes será retenida por ellas y luego “vertida a mes vencido al proveedor del sistema de control fronterizo adjudicado en el marco de la mencionada Licitación Pública Internacional N° 19/2022".

A su vez, la Dirección Nacional de Migración quedó autorizada a cobrar a los pasajeros hasta un máximo de un 3% más IVA, “a los efectos de cubrir los costos administrativos de las empresas que actúen como agentes de retención, pudiendo autorizar a que estas perciban dicha suma directamente de aquellos”. Todas estas obligaciones comenzarán a regir una vez que el sistema de control fronterizo se encuentre en funcionamiento.