A un mes de la represión desatada frente al Congreso mientras se debatía la Ley Bases, el Gobierno tuvo que defenderse este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de graves acusaciones de abusos policiales y restricciones al derecho a la protesta social y la libertad de expresión.
Protesta social: el Gobierno se defendió ante la CIDH por las denuncias de represión en el Congreso
En una audiencia virtual, funcionarios justificaron la represión usando el argumento de "minorías violentas" que atentaron contra el Congreso. Ahora la CIDH debe evaluar las pruebas y argumentos.
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La audiencia
El Gobierno, representado por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, el responsable del Área de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad, Alberto Fernando Fohrig, y un miembro de la Cancillería, se defendió contraatacando. Aseguró que las fuerzas de Seguridad sólo actuaron para evitar que una "minoría violenta" impidiera el funcionamiento de otro poder del Estado (el legislativo), elegido democráticamente.
La audiencia fue virtual y trató "La situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión en Argentina". Surgió a partir de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante la CIDH donde se denunció una política de "criminalización de la protesta social por parte de las fuerzas de seguridad" y ataques reiterados a trabajadores de prensa por parte del Gobierno de Javier Milei.
Además del CELS, participaron HIJOS, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre otras.
El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, fue uno de los encargados de justificar la represión desplegada por el Gobierno. "Los poderes del Estado han actuado a la altura de las circunstancias de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a la ley. No puede obviarse que aquí de lo que se intentó es tratar de impedir que uno de los poderes del Estado cumpla con su función", afirmó.
La caracterización de "minoría violenta" fue el eje de la defensa del Gobierno. En línea con Baños, el funcionario de Seguridad, Alberto Fohrig, sostuvo que la manifestación del 12 de junio fue "violenta" y que los 33 detenidos fueron individualizados como autores de delitos. Después aclaró, que sólo cinco fueron procesados por la jueza María Servini, que tiene en sus manos la causa.
Luego volvió con un argumento en contra de las organizaciones sociales. Según Fohrig, obligan a "personas pobres" a asistir a manifestaciones bajo amenazas de quitarles el plan o, directamente, alimento. "Estamos de acuerdo con la libre protesta, no con que vayan obligados", sostuvo. Luego afirmó que "el derecho a la protesta se encuentra plenamente vigente y sujeto, como cualquier democracia del mundo, a restricciones de otros derechos de otros ciudadanos que tienen visiones distintas".
Las acusaciones de la sociedad civil
Las organizaciones que acusaron al Estado fueron duras en sus denuncias. "El Estado argentino en este momento está disponiendo su política orientada a la restricción del derecho a la protesta, a la reunión y a la asociación", afirmó Paula Litvachky del CELS. "Lo que se pretende es limitar el debate democrático y las manifestaciones de reclamo y de protesta frente a las políticas que se están implementando en este momento", agregó.
Además rebatieron las acusaciones de "minorías violentas". Para Manuel Tufró del CELS. "Los representantes del Estado confirman lo que sostuvimos en nuestra presentación. El problema no es el ordenamiento del tránsito, sino lo que se considera la protesta social y citó textualmente palabras del representante del Ministerio de Seguridad como "sedición", "extorsión", "interrupción del funcionamiento institucional".
También habló Carla Gaudensi, secretaria General de FATPREN. "Hubo ataques directos contra el colectivo de periodistas y fotorreporteros mientras cubrían protestas. Pasados 7 meses de gobierno, más de 50 trabajadores de prensa han resultado afectados por golpes o uso abusivo de armas menos letales”, afirmó.
Presentadas las acusaciones y escuchada la defensa del Estado argentino, ahora queda esperar a que la CIDH evalué el caso y emita un fallo sobre la situación.
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