El trabajo es un derecho fundamental que constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana y aparece recogido en el artículo 35 de la Constitución Española. A pesar de esta protección legal, la realidad es muy distinta, y todavía existen sectores de la población, como las personas con VIH, que encuentran dificultades para acceder o mantener un empleo, o que afrontan discriminaciones.
Hasta 2018 no podían ser policías ni militares. Ni, hasta 2023, guardias de seguridad privada. Aún hoy, no pueden acceder a determinadas profesiones sanitarias. Y muchos son presionados para contar que tienen VIH en los reconocimientos médicos de sus empresas. Es parte de la realidad que afrontan las personas con VIH en el entorno laboral.
Aunque gracias a la evolución del tratamiento antirretroviral el estado de salud de las personas con VIH ha mejorado notablemente en los últimos años, la percepción que tiene la sociedad sobre las personas con VIH no ha evolucionado de la misma manera, y sigue habiendo estigma. Este estigma afecta a la integración laboral, y como ejemplo, un estudio realizado en 2021 desde la Coordinadora de Asociaciones de Lucha contra el Sida de la Comunidad Valenciana a 350 empresarios señalaba que, aunque no sería motivo de despido, se tendría en cuenta a la hora de contratación una persona con VIH. Estas circunstancias explicarían que, según la encuesta Positive Perspectives 2, realizada en España a personas con VIH, el 50% de las personas con VIH no comunica a sus compañeros de trabajo que tiene el virus por si pierden el trabajo, o que el 42% considera que el VIH ha perjudicado sus expectativas profesionales.
Algunas empresas ofrecen a sus empleados beneficios como las pólizas de seguros privados, pero en el caso de las personas con VIH, no son aceptadas
Miguel Ángel Ramiro Avilés Director del Grupo de Investigación ‘Discapacidad, Enfermedad Crónica y Accesibilidad a los Derechos’ en la Universidad de Alcalá
Clínica Legal de la Universidad de Alcalá de Henares
La Clínica Legal de la Universidad de Alcalá constituye un apoyo imprescindible para las personas con VIH que lo requieren. Su coordinador, Miguel Ángel Ramiro Avilés, director del Grupo de Investigación ‘Discapacidad, Enfermedad Crónica y Accesibilidad a los Derechos’ en la Universidad de Alcalá, donde se integra la Clínica Legal, comenta que la clínica surge “porque habíamos detectado a través de nuestra colaboración con CESIDA que las personas con VIH tenían muchas dudas sobre cuáles eran sus derechos en diferentes ámbitos, incluido el laboral”. Este servicio de información legal es gratuito, es anónimo y las consultas son recogidas y analizadas por profesores y estudiantes.
El coordinador de la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá enumera las denuncias más habituales que recogen y que se refieren a la discriminación que sufren estas personas en sus trabajos. Muchos casos están relacionados con los servicios médicos de sus empresas. “Es bastante habitual que trabajadores funcionarios con VIH no puedan elegir mutuas privadas para su tratamiento antirretroviral. Algunas empresas ofrecen a sus empleados beneficios como las pólizas de seguros privados, pero en el caso de las personas con VIH, no son aceptadas por las aseguradoras. También es frecuente que personas con VIH con algún grado de discapacidad se vean presionadas en el entorno laboral a decir el motivo de esa discapacidad”, explica Miguel Angel Ramiro.
La mayoría de las consultas que llegan a la asesoría en están relacionadas con si es obligatorio informar de que se tiene VIH
Mery Rodríguez Coordinadora de la asociación ‘Trabajando en Positivo’
Otro ejemplo que cuenta Ramiro, de casos que han atendido, es el relacionado con los expatriados. Muchas empresas multinacionales suelen promocionar al empleado ofreciéndole trabajar unos años fuera de España. Algunas personas con VIH no han podido beneficiarse de ese ascenso, ya que o no se les podían garantizar el tratamiento que necesitan en esos países, o las pólizas de seguro no se hacen cargo de estos fármacos.
Mery Rodríguez es coordinadora de la asociación ‘Trabajando en Positivo’, una red de carácter estatal de 16 organizaciones presentes en 8 comunidades autónomas que también tiene un servicio de asesoría jurídica y orientación laboral a personas con VIH. Nace en 2007 para abordar de manera integral el VIH y combatir la discriminación laboral: “Tenemos un equipo de profesionales de la abogacía, con experiencia en mediación, derechos humanos y ámbito laboral que ofrecen información legal a las personas con VIH que lo soliciten”, explica Mery Rodríguez, que relata que la mayoría de las consultas que llegan a la asesoría están relacionadas con si es obligatorio informar en el ámbito laboral del estado serológico de una persona con VIH o si en un reconocimiento médico puede solicitar la empresa pedir la prueba específica de VIH.
VIHsibilizarse en el trabajo
José Fley, coordinador en Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt). fue diagnosticado de VIH en 2016. Desde entonces ha colaborado con diferentes ONG relacionadas con el VIH. Fley subraya las dificultades que encuentran estas personas cuando en sus empresas se enteran de que tienen el virus. “Tienen que saber que una persona con VIH no tiene por qué contarlo en el entorno laboral, y que es ilegal que en un reconocimiento médico les pidan la prueba del VIH”.
Una persona con VIH no tiene por qué contarlo en el entorno laboral, y que es ilegal que en un reconocimiento médico les pidan la prueba del VIH
José Fley Coordinador en Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt)
Fley reconoce que antes de ser diagnosticado “sabía poco del VIH y casi me esperaba una muerte social. Tenía un poco de miedo. Y encima tuve que preocuparme por mi salud siendo muy joven, porque perdí mucho peso… Mi prioridad fue informarme e informar a todas las personas que estaban a mi alrededor”. José Fley fue uno de los participantes en el programa Back to Work de Trabajando en Positivo y ViiV Healthcare, que busca, por una parte, la inserción y laboral de personas con VIH, y por otra normalizar la infección por VIH en el ámbito laboral. Como asegura Fley, “ser visible en el sitio de trabajo me gustó mucho porque acercas la realidad del VIH a los compañeros”.
Restricciones en algunas profesiones
Además de la discriminación profesional, hasta hace poco tiempo aún persistían restricciones en ciertos empleos para las personas con VIH. Miguel Angel Ramiro señala que “en 2018 se decidió modificar los cuadros de exclusiones médicas que afectaban a los cuerpos de seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas. Hasta el 2023 todavía se mantenía la prohibición de que las personas con VIH desempeñaran trabajo de guardias de seguridad privados. En la actualidad, solamente existe una recomendación dirigida a extremar las medidas de prevención y valorar el riesgo en aquellas profesiones sanitarias en las que se realizan tareas que supongan procedimientos invasivos, sin que suponga directamente la exclusión de las personas con VIH”.
El año pasado llegaron a la Clínica Legal algo más de 400 consultas, más de una diaria. La última encuesta global llevada a cabo por la Organización Internacional del Trabajo revelaba que 4 de cada 10 personas manifestaban que no se debería permitir compartir espacios laborales con personas con VIH. En este sentido Mery Rodríguez de Trabajando en Positivo, destaca “Nuestra labor es formar a empresas, tanto directivos como a empleados para crear espacios y entornos seguros libres de discriminación”.
“Todavía hay personas con VIH a las que les impiden bañarse en una piscina de un balneario, u otras sin VIH a las que no les dejan donar sangre porque conviven con una persona con VIH, o que no le renuevan el carnet de conducir por el periodo habitual”, comenta Miguel Angel Ramiro y concluye “Aunque se percibe un avance en los últimos años, todavía queda mucho por hacer”.
