La semana pasada, publicamos el segundo de cuatro artículos sobre por qué la militarización es problemática, a partir del análisis del Inventario Nacional de lo Militarizado, proyecto que realizamos desde México Unido Contra la Delincuencia, el Programa de Política de Drogas e Intersecta. Ahora presentamos el tercer argumento sobre por qué el proceso de militarización debería preocuparnos.
Anteriormente hemos analizado por qué la militarización contraviene a la Constitución y cómo la transferencia de cada vez más funciones a las Fuerzas Armadas implica aumentar aquello que está bajo su régimen especial, fuera de los derechos, la justicia, la transparencia y la democracia. La tercera razón por la que la militarización es problemática se relaciona con la propia evidencia mexicana, que muestra que la actuación de las Fuerzas Armadas representa un riesgo para los derechos humanos.
En este texto ofrecemos un resumen de la evidencia que hemos encontrado al respecto.1 El texto se divide en dos partes: la primera se enfoca en la evidencia sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, mientras que la segunda se enfoca en las labores de administración pública.2
Labores de seguridad pública
Desde nuestra perspectiva, con base en la evidencia acumulada, hay dos grandes problemas con el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública: el de la violencia directa que ejercen las Fuerzas Armadas y el de la violencia que desata la estrategia de seguridad militarizada. Vamos por partes.
La violencia de las Fuerzas Armadas
La mayoría de las investigaciones que hemos encontrado sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública versan sobre las violencias que estas ejercen de manera directa. Al clasificar los trabajos, encontramos aquellos enfocados en los enfrentamientos y el abuso de la fuerza; aquellos enfocados en la tortura durante las detenciones y aquellos enfocados en las quejas interpuestas en su contra ante los derechos humanos. Estos tres grupos de investigaciones muestran facetas diversas pero interrelacionadas sobre la actuación de las Fuerzas Armadas. Tomamos la decisión de separarlos porque tienden a tener fuentes y metodologías distintas.
Los enfrentamientos y el abuso de la fuerza
Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), los medios de comunicación comenzaron a reportar con mayor frecuencia sobre “enfrentamientos” entre distintas fuerzas de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas y supuestos grupos delictivos. Estos eventos se distinguían porque existía un cruce de fuego, un uso de armas letales. Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Riva comenzaron a llevar registro de estos eventos hasta configurar una base de datos. Además de registrar los eventos —dónde ocurrían, cuándo ocurrían, qué autoridades estaban involucradas—, la base incluía información sobre las personas detenidas, lesionadas y fallecidas durante los mismos.
En 2011, estos investigadores e investigadora publicaron el primero de muchos trabajos que analizan el uso y abuso de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad federal —la Policía Federal, el Ejército y la Marina— en estos eventos. Dada la información existente, pudieron construir un indicador planteado por el sociólogo brasileño Ignacio Cano, conocido como el “índice de letalidad”. Este permitía medir la proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza al contrastar el número de “presuntos delincuentes” muertos con los heridos. Si “[el] número de presuntos delincuentes muertos [excede] en mucho al número de heridos[, eso] indica un posible abuso de la fuerza”, pues sugiere que las autoridades matan más personas de las necesarias para controlar una situación determinada.3 Además de este indicador, generaron otros que permitían contrastar, por ejemplo, las autoridades fallecidas con los “presuntos delincuentes” fallecidos. “Si, de forma sistemática, el número de presuntos delincuentes fallecidos era mayor que el de las autoridades, esto era un indicador de que el uso de la fuerza no era proporcional”.4 Esto podría manifestarse, por ejemplo, cuando las autoridades seguían disparando, a pesar de que ya no hubiera un riesgo para ellas.
Desde su primer análisis encontraron patrones preocupantes. En el caso de las tres autoridades federales, era sistemáticamente más común que en estos enfrentamientos murieran más “opositores” que autoridades. También era más común que en estos eventos fuera mayor el número de “opositores” muertos que de heridos. Los indicadores mostraban una desproporción en el uso de la fuerza letal, lo que sugería un abuso de la misma. Otra de las cuestiones a resaltar, sin embargo, es que había diferencias entre las autoridades: “La Marina era la que tenía los peores indicadores, seguida por el Ejército y después por la Policía Federal. No eran, en otras palabras, un monolito”.5
Desde 2011, son múltiples los trabajos que han replicado o complementado la metodología, actualizando los análisis y profundizando en los resultados.6
En relación con el comportamiento de las Fuerzas Armadas, investigaciones más recientes muestran que este ha cambiado a través del tiempo. Por lo general, las investigaciones coinciden en que el peor periodo respecto de los indicadores sobre el uso y abuso de la fuerza fue el sexenio de Calderón. Ese periodo no sólo fue cuando hubo más enfrentamientos en cada año, sino cuando la desproporción entre “presuntos delincuentes” fallecidos y lesionados, o “presuntos delincuentes” fallecidos y detenidos era más alta. Si bien los enfrentamientos y los indicadores de abuso han bajado desde el sexenio de Calderón, en ningún momento han llegado a niveles deseables. Aún más: aunque los datos disponibles son parciales, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador los indicadores, particularmente los del Ejército, volvieron a subir en comparación con el periodo de Enrique Peña Nieto. En otras palabras, el abuso de la fuerza letal es una constante.
Lo segundo a destacar de las investigaciones es la comparación que realizan entre las Fuerzas Armadas y las policías estatales y municipales.7 De acuerdo con una investigación reciente de Data Cívica e Intersecta, que se vale de los datos más actualizados que permiten esta comparación, “el abuso de la fuerza, incluida la tortura y la fuerza letal, es igual o incluso más frecuente para los casos en los que se involucran elementos de las Fuerzas Armadas, comparados con aquellos en los que participan las policías”.8 Esta tendencia se encontró de manera constante a lo largo del tiempo, incluso en el sexenio de López Obrador.
La tortura en las detenciones
Otro grupo de investigaciones se enfoca en el análisis de las detenciones que llevan a cabo las Fuerzas Armadas. En este caso, la mayoría utiliza como fuente encuestas a personas privadas de la libertad.9 Si bien estas encuestas no incluyen la experiencia de todas las personas detenidas por fuerzas de seguridad, sino sólo aquellas que fueron detenidas y después encarceladas, abren una ventana para entender y comparar la actuación de las autoridades.
Uno de los primeros trabajos en ahondar en la tortura cometida por agentes de seguridad es el de Ana Laura Magaloni y Beatriz Magaloni, publicado en 2016.10 Las autoras se basaron en los datos de la Encuesta a Población en Reclusión del Sistema Penitenciario Federal que el CIDE levantó en 2012, bajo la dirección de Catalina Pérez Correa y Elena Azaola, en ocho Centros Federales de Readaptación Social. Además de dimensionar qué tan generalizada fue la práctica de maltratar y torturar a las personas privadas de la libertad durante la detención, analizaron si la práctica cambi�� o no durante la administración de Felipe Calderón.
Según su análisis, la tortura tuvo un aumento significativo durante el mandato del entonces presidente Calderón, particularmente en el caso del Ejército. “Antes de 2006”, escribieron, “los militares golpearon o maltrataron a los detenidos en 23 % de los casos en donde ellos llevaron a cabo la detención, mientras que durante el sexenio de Calderón el porcentaje de detenidos por el Ejército que reportaron ser violentados aumentó a 78 %”.11
En 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizó y publicó la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol). Esta encuesta sí tenía alcance nacional y permitía ver no sólo qué pasaba con las personas privadas de la libertad en centros federales —que son los menos—, sino también en los estatales. Distintos trabajos se desprendieron de la Enpol 2016, mostrando que la arbitrariedad y violencia en arrestos realizados por las Fuerzas Armadas eran mayores que en las detenciones realizadas por las policías, particularmente las locales.12
El Inegi publicó la segunda edición de la Enpol en 2021.13 De acuerdo con un análisis de Data Cívica e Intersecta, la Enpol 2021 muestra que, con el paso de los años, disminuyó la violencia en las detenciones realizadas por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, a pesar de esta disminución, la arbitrariedad y la tortura en las detenciones seguía siendo mayor para las Fuerzas Armadas que para las policías. De manera concreta, la Enpol 2021 muestra que “las Fuerzas Armadas son las autoridades que menos llevan a las personas directamente al Ministerio Público y las que más tiempo las retienen”.14 También muestra que “tanto en el agregado de violencias como por cada tipo de violencia, la frecuencia de reporte es mayor cuando la detención la realizaron las Fuerzas Armadas que cuando la realizaron autoridades civiles”.15
Quejas de derechos humanos
Finalmente, distintas investigaciones analizan las quejas por violaciones a derechos humanos interpuestas en contra de las Fuerzas Armadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La CNDH es una de las instituciones con mayor información estadística, tanto sobre los asuntos que recibe como de los que resuelve. También es de las instituciones que, desde hace décadas, hace públicas todas las recomendaciones que emite. Esto ha permitido análisis cualitativos16 y cuantitativos de los asuntos en los que se han visto involucradas las Fuerzas Armadas.
Estos análisis revelan que a partir del sexenio de Calderón, comenzaron a aumentar las quejas y las recomendaciones emitidas por la CNDH en contra de las Fuerzas Armadas.17 Los casos incluían detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
En relación con las quejas de la CNDH, destaca el trabajo realizado por Jessica Zarkin y Gustavo Flores-Macías, publicado en 2023.18 Estos autores utilizaron una base de datos sobre todas las quejas recibidas por la CNDH en contra de las fuerzas de seguridad federales entre el 2000 y el 2016. Ante un total de 18 504 quejas, analizaron 12 437 por considerar que incluían información sobre graves violaciones a los derechos humanos. Utilizando diversas estrategias estadísticas, llegaron a la conclusión de que las quejas por violaciones graves a derechos humanos en contra de las fuerzas federales aumentaban mucho más en municipios en los que las Fuerzas Armadas participaban en labores de seguridad pública que en aquellos en los que no.
Es importante reconocer que tanto las quejas como las recomendaciones en contra de las Fuerzas Armadas empezaron a disminuir a partir del sexenio de Peña Nieto. Si bien la Sedena sigue estando entre las diez autoridades federales con más quejas al año, la Semar no está en esa lista desde 2019.19 Sin embargo, las quejas en contra de la Guardia Nacional —una institución encabezada, administrada y entrenada por Sedena— van en aumento: de 350 en 2020, pasaron a 504 en 2021 y 577 en 2022, rebasando incluso las que tiene la Sedena.20
Más aún, lo que no puede obviarse es cómo a pesar de las reducciones, el número de quejas ante la CNDH nunca ha vuelto a los niveles que existían antes de Calderón, como muestra la siguiente gráfica.
Al tomar todos los análisis en conjunto, surge una imagen clara: las violencias que ejercen las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública no son atípicas, sino bastante comunes. Si bien sus niveles varían con el tiempo, los abusos persisten. Más aún: cuando se compara su desempeño con el de las policías, en el mejor escenario las Fuerzas Armadas ejercen niveles similares de violencia. En el peor, sus abusos son más frecuentes. Usar a las Fuerzas Armadas conlleva un riesgo para los derechos humanos.
Las violencias desatadas por la estrategia de seguridad militarizada
Una y otra vez, el objetivo de usar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública ha sido contener y reducir la violencia que afecta a millones de personas. La pregunta principal a responder es si en efecto han logrado su cometido. ¿El uso de las Fuerzas Armadas ha llevado a una contención y reducción de la violencia?
Después de tantos años en los que las instituciones militares han ejercido estas labores, sería esperable encontrar un cúmulo de evidencia sobre su éxito, particularmente considerando la insistencia de los gobiernos para conservar esta estrategia. No hemos podido encontrar, sin embargo, esa evidencia contundente.
Por poner un ejemplo: en la iniciativa que el presidente López Obrador introdujo para reformar la Constitución y permitir la participación permanente de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en febrero de 2024, se justifica la iniciativa en el supuesto éxito que ha tenido la estrategia del gobierno federal en la reducción de homicidios registrada en los últimos años (si se contrasta la tasa de homicidios a nivel nacional en 2018 con la tasa de 2022, hay una reducción del 9 %). Sin embargo, la iniciativa presidencial no explica cómo la estrategia federal de seguridad es responsable de esa reducción. Se atribuye un éxito sin mostrar por qué le corresponde.
Si bien pudimos encontrar poca evidencia sobre los éxitos de la estrategia, ocurrió lo contrario con los análisis que mostraban sus problemas. Los análisis son diversos en cuanto a fuentes y metodologías,21 pero coinciden en mostrar cómo la estrategia de seguridad militarizada falló en contener y reducir la violencia. Algunos incluso exponen cómo en ciertos casos la estrategia de seguridad militarizada contribuyó al aumento de la violencia.
Considerando esta evidencia, el problema con militarizar la seguridad pública no es sólo que conlleva riesgos para los derechos humanos por la violencia directa que perpetran las Fuerzas Armadas. Como estrategia, falla en contener la violencia e incluso puede contribuir a su exacerbación.
Labores de administración pública
Tal y como demostramos en el Inventario Nacional de lo Militarizado, actualmente la militarización ya no sólo se extiende a la seguridad pública, sino también a otras funciones de la administración pública. Esas labores se le han otorgado a las Fuerzas Armadas bajo el argumento de que los militares son incorruptibles, son pueblo uniformado y son altamente eficientes debido a su régimen de disciplina. ¿Qué se sabe sobre cómo están funcionando las Fuerzas Armadas en labores de administración pública?
Corrupción
Según lo investigado en distintos trabajos periodísticos, las Fuerzas Armadas no son incorruptibles. Para ilustrar esto, presentamos algunos ejemplos.
Desde el año 2020, Zorayda Gallegos reveló cómo la Sedena, al menos entre 2013 y 2019, era una de las dependencias que más había recurrido a “factureras” o empresas fantasma: pagó alrededor de 2300 millones de pesos a 250 empresas fantasma. Además, ninguna de las personas titulares de las direcciones que autorizaron dichas compras habían sido sancionadas.22 Es importante recordar, en este contexto, que estos procedimientos se pueden llevar a cabo en el fuero militar.
En su reportaje del 2020, la periodista ya señalaba cómo López Obrador le estaba encomendando cada vez más obras a la Sedena, lo cual era peligroso, dado que los antecedentes de la Sedena como constructora no eran los mejores y se caracterizaba por su opacidad.23 Efectivamente, sus antecedentes no se ven nada favorables, ni en materia de corrupción ni en temas de transparencia. Pero, ¿qué más sabemos sobre cómo operan las Fuerzas Armadas en estas funciones?
En su reportaje sobre los contratos de la 4T en 2023, Renata Gómez Lameiras explicó que los contratos del gobierno son un área con grandes riesgos de corrupción y que estos siguen presentando irregularidades e ilegalidades, así como una inmensa falta de transparencia al respecto. Aun existiendo el principio de que todo, idealmente, debería estar sujeto a un proceso de licitación, nos cuenta que ocho de cada diez contratos en 2023 se entregaron por adjudicación directa.24 Lo relevante sobre las Fuerzas Armadas en este asunto es que la Sedena y la Semar están dentro de las primeras diez instituciones con mayor monto de adjudicación directa, ocupando los puestos ocho y nueve de la lista. Asimismo, la Semar está en el puesto siete de la lista de instituciones que tienen contratos que no justifican el por qué no se hizo la contratación mediante licitación pública (o artículo de excepción).25
Otro ejemplo es el reportaje en el que Isabella González expone que la Auditoría Superior de la Federación en 2021 encontró irregularidades por alrededor de 37 millones de pesos en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cometidas por ingenieros militares de la Sedena, quienes controlaron las obras del aeropuerto. Las irregularidades consisten en pagos dobles, pagos por trabajos no realizados o pagos por maquinaria no utilizada. La periodista afirma que en una auditoría anterior, de 2020, la Auditoría Superior ya había encontrado irregularidades por 39 millones de pesos.26
En el tema de la opacidad, Isabella González plantea que la Sedena se ha negado a transparentar las declaraciones patrimoniales de los ingenieros militares encargados de la construcción del AIFA, a pesar de que los recursos para la construcción se les entregaron a través de cuentas bancarias, bajo el argumento de que transparentar esa información representa un riesgo para la seguridad nacional. La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió en 2022 una orden del Inai que dictaba a la Secretaría de la Función Pública dar a conocer declaraciones patrimoniales de ingenieros a cargo de la construcción del aeropuerto.27
En esta misma línea, la organización Poder publicó en febrero de este año un informe en el que explica y cuestiona el papel de las Fuerzas Armadas en la construcción del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Entre otras cosas, señala que con las Fuerzas Armadas al frente de los megaproyectos se ha observado un importante retroceso en materia de transparencia, lo cual aumenta el riesgo de actos de corrupción.28
Una forma distinta de corrupción fue reportada por el periodista Carlos Loret de Mola recientemente. En su reportaje “El Ejército cobra un impuesto secreto en el AIFA”, Loret de Mola expone que las personas dueñas de locales en el AIFA le denunciaron que, por medio de un “oficio”, personal de la Sedena fiscaliza a las empresas, interviene en sus contabilidades y audita sus ingresos para que no rebajen el monto de sus ventas, y posteriormente les cobra un “impuesto” de hasta el 15 %.29 Como lo expone el periodista, esta situación luce como una extorsión. Y quien no pague la cuota se estará enfrentando con el Ejército.30
Derechos laborales
Se dice que la disciplina es una de las características que hacen a las Fuerzas Armadas más eficientes para llevar a cabo tareas de administración pública. Como mencionamos en el texto que publicamos la semana pasada, su régimen de disciplina implica llevar “el cumplimiento del deber hasta el sacrificio”,31 y conlleva la obediencia total que se puede exigir hasta con la fuerza.32 Las Fuerzas Armadas pueden arrestar a sus propios elementos por incumplir con alguna regla.33 Son instituciones que, de acuerdo a lo interpretado por la Suprema Corte, tienen una relación administrativa con los soldados, no una laboral. En este sentido, las personas integrantes del ejército no son siquiera consideradas personas trabajadoras.34
¿Qué sabemos sobre lo que implica darle a una institución así más funciones civiles?
Nos parece importante empezar reconociendo que existen violaciones de derechos, incluso al interior del ejército, contra sus propios soldados. Por ejemplo, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas estipulaba que se debía dar de baja a los soldados que tuvieran VIH por “inutilidad”. La Suprema Corte declaró ese artículo inconstitucional en 2007,35 pero se ha documentado que la discriminación en contra de los soldados con VIH continúa, bajo nuevas formas.36 Asimismo, en 2021 se documentó un importante aumento en el porcentaje de soldados con alguna discapacidad despedidos, quienes no recibieron beneficio alguno o pensión.37 Como último ejemplo, también se ha reportado acoso y discriminación hacia las mujeres militares,38 así como dificultades al momento de denunciar y poca respuesta por parte de la institución.39
Ese régimen de obediencia, jerarquía y falta de derechos incluso puede tener consecuencias letales en las vidas de los soldados.40 Recientemente, un mando ordenó a algunos cadetes ingresar al mar en Ensenada, Baja California, a pesar de que ya había una advertencia sobre el clima y el fuerte oleaje. El ejercicio era parte de una novatada, según lo relataron los sobrevivientes. Siete cadetes fallecieron ahogados.41
Considerando que las nuevas tareas de los militares incluyen la construcción y el manejo de obras del gobierno y, por lo tanto, están en constante contacto con personas trabajadoras civiles, la pregunta es: ¿de qué formas este entorno y estas reglas han afectado a las personas civiles con las que las Fuerzas Armadas ahora interactúan?
En un reportaje para Proceso, la periodista Silke Grasreiner se enfocó en el trato que reciben las personas trabajadoras civiles que forman parte de la construcción del Tren Maya. Por lo general se trata de personas con escasos recursos económicos, quienes relataron que fueron llevadas al lugar bajo la promesa de un trabajo digno y bien remunerado. Pero la realidad es que han vivido abusos, robos y maltratos por parte de los militares a cargo de la obra. Los trabajadores viven insultos, burlas, discriminación y favoritismo en las contrataciones, abusos en los contratos firmados, robo de sus pagos al firmar un recibo de pago más alto del que efectivamente reciben, horas extra sin paga y condiciones de estancia precarias. Han presenciado abusos, incluído abuso sexual hacia las mujeres, principalmente a las que están más alejadas de sus familias y reportan que la mayoría de ellas se han ido de la obra por miedo. Se han dado cuenta de declaraciones falsas ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), de robo de diésel y de que no se respetan los materiales ni las indicaciones de construcción. Además, estos trabajadores afirman que a las personas que informan acerca de tales situaciones, se les insinúa que guarden silencio o se les despide.42
Para complementar esta información, encontramos noticias en medios locales sobre paros organizados por las personas trabajadoras del Tren Maya, en denuncia de abusos, maltratos y malas condiciones laborales.43
Nos parece sumamente importante enfatizar que muchos de los abusos que están cometiendo los militares hacia las personas trabajadoras pueden ser los mismos abusos que cualquier persona empleadora perpetra. Sin embargo, cuando es un militar quien los realiza, estos abusos se perpetran por una persona que porta un arma de fuego como parte de su cargo y que goza de la legitimidad política y social que en este país conlleva ser soldado.
Estas violaciones de derechos laborales no se circunscriben a quienes laboran en el Tren Maya. En un artículo sobre los militares en la migración, la periodista Miriam Ramírez reporta que la Secretaría de la Función Pública ha recibido múltiples denuncias de conductas de acoso y hostigamiento laboral y sexual, discriminación, misoginia, violaciones a derechos laborales y corrupción contra marinos y elementos del ejército en retiro, quienes ahora ocupan puestos de mando en el Instituto Nacional de Migración. De las pocas personas sancionadas por estas conductas, ninguna era militar.44
Dentro de las quejas que expone Miriam Ramírez, hay una que menciona que: “Se nos está dando un trato meramente militar en el que se nos ha dicho que tenemos que ser soldados al servicio de la Nación”.45 Ni las personas trabajadoras del Tren Maya ni las del Instituto Nacional de Migración son militares. No firmaron para pertenecer a las Fuerzas Armadas. Ellas no buscan “servir a la nación” ni “sacrificarse”. Son personas civiles trabajando para obtener un ingreso.
Migración
Finalmente, y en consonancia con los abusos laborales dentro de las estaciones migratorias, la participación de militares en estos espacios no sólo ha afectado a las personas trabajadoras, sino también a las personas migrantes.
En el citado artículo de Miriam Ramírez se menciona el encierro, durante tres días, de un grupo de personas migrantes en una base militar. En otro caso, un militar (acusado anteriormente de extorsión) dirigió una red de corrupción y tráfico de personas. No por nada, menciona, “de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos […] a partir del involucramiento de las Fuerzas Armadas en el Instituto Nacional de Migración, el número de recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos ha crecido en un 500 %”.46 Esto a pesar de que el presidente había dicho que los nombramientos de mandos militares en el Instituto frenarían la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.
Otro caso reciente es el de la estación migratoria de Ciudad Juárez, que estaba a cargo de un delegado militar,47 en la que 40 personas migrantes fallecieron a causa de un incendio después de que se les dejara encerrados a propósito.48
Por otro lado, en el micrositio de Bajo la Bota se explican las consecuencias que ha tenido la militarización de la política migratoria en México. Ahí se menciona que la participación de las Fuerzas Armadas en temas de migración ha incrementado las detenciones arbitrarias, las violaciones al derecho a solicitar y recibir asilo o el reconocimiento de la condición de refugiado, la discriminación racial, la violencia contra las mujeres migrantes, el uso excesivo de la fuerza, los secuestros, las extorsiones y las deportaciones.49 El informe contiene entrevistas a personas migrantes, quienes narran las terribles experiencias que viven en su paso migratorio por México.50
En línea con lo que se documenta en Bajo la Bota y demás artículos periodísticos, la Universidad Iberoamericana publicó recientemente el informe La militarización del Instituto Nacional de Migración y sus implicaciones en las violaciones a derechos humanos de las personas migrantes. En dicho documento se analizan distintos indicadores de la militarización de la migración.51 Sugieren que uno de los efectos de permitir la participación de las Fuerzas Armadas en labores que no les corresponden es que pueden llegar a modificar la dinámica misma de las instituciones civiles. La militarización trasciende a los militares y se instaura como una lógica institucional general. Con ello, se normaliza la obediencia, la vigilancia y la fuerza como formas de organización social y de resolución de problemas. Y eso no necesariamente se traduce en resultados, sino que incluso puede resultar contraproducente.
Conclusión
¿Qué muestra la evidencia mexicana sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas en labores que no les corresponden? A nuestro parecer, la evidencia existente sugiere que esto conlleva un riesgo, particularmente para los derechos humanos.
Considerando que las Fuerzas Armadas llevan años realizando funciones de seguridad pública, existe diversa evidencia sobre lo común que es el abuso de la fuerza en su actuar. Aunque los niveles varían con el paso del tiempo, no cesan de ser preocupantes. Más aún: si se compara a las Fuerzas Armadas con las policías, la prevalencia de la tortura y la arbitrariedad es, en el mejor caso, igual; pero en muchos, las Fuerzas Armadas siguen siendo peores que las policías. Más allá de las violaciones directas a los derechos humanos, está la evidencia sobre cómo la estrategia de seguridad militarizada no ha tenido los resultados prometidos, como lo es la contención de la violencia. Por el contrario, hay evidencia de que ha contribuido a exacerbarla.
El panorama tampoco es alentador para las nuevas funciones civiles que desempeñan en ámbitos distintos al de la seguridad pública. Los riesgos de corrupción existen y, con el entramado legal de las Fuerzas Armadas, desenmarañar las prácticas nocivas puede ser aún más complejo. La evidencia también muestra cómo la lógica y prácticas de quienes integran las Fuerzas Armadas pueden permear en las interacciones que tienen con civiles, incluso en un contexto laboral. En lugar de que los soldados se comporten como civiles, parece que los civiles se tienen que comportar como soldados. La obediencia, el sacrificio y la fuerza como estándares laborales se normalizan. Esta militarización puede incluso afectar a las instituciones civiles, que empiezan a adoptar las formas y modos de operar de las Fuerzas Armadas, poniendo en riesgo los derechos humanos de las personas con las que interactúan.
Pero ¿la militarización es un proceso que sólo sucede en México? ¿Sólo podemos basarnos en la evidencia mexicana para criticarla? No. En nuestro siguiente texto expondremos lo que la evidencia comparada tiene que decir al respecto. Nos leemos el siguiente lunes.
Estefanía Vela Barba
Estudió Derecho y actualmente dirige Intersecta.
Ximena Said Chávez
Licenciada en Derecho por la UNAM y oficial del Área Jurídica y de Políticas Públicas de Intersecta
Fernanda Torres
Estudió la licenciatura en Políticas Públicas en el CIDE Región Centro y es oficial de datos en Intersecta
1 En cualquier caso, es importante señalar que existe una dificultad para evaluar el desempeño de las Fuerzas Armadas que se deriva, a nuestro parecer, de dos cuestiones. La primera es por la opacidad con la que operan. Es común que nieguen el acceso a la información o que proporcionen información contradictoria o incompleta, como se ve en el informe del Inventario Nacional de lo Militarizado. La segunda razón tiene que ver con la naturaleza extraordinaria de muchas de las funciones que están desempeñando. Por poner el ejemplo más obvio: las Fuerzas Armadas no están contempladas en el Censo de Seguridad Pública Federal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y no lo están porque, como su nombre sugiere, está pensado para la seguridad pública federal, algo que no le toca a las Fuerzas Armadas. Pero, a pesar de que no les tocan, desempeñan estas funciones. ¿Qué se puede hacer al respecto?
2 Como podrá verse, sí hay un contraste importante en la evidencia que se ofrece: mientras que en el caso de las labores de seguridad pública abundan los casos concretos y los estudios académicos, en el caso de las labores de administración pública, la mayoría de las fuentes a las que referimos provienen de reportajes periodísticos. Creemos que la diferencia se explica sobre todo por el tiempo: dado que las Fuerzas Armadas llevan más de una década desempeñando funciones de seguridad pública, ha habido más material y tiempo para evaluar, lo que favorece la investigación académica.
3 Pérez Correa, Catalina, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Riva, “Índice letal: los operativos y los muertos”, Nexos, 1 de noviembre de 2011. La versión más extensa de este trabajo se publicó en 2012: Pérez Correa, Catalina, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Riva, “Uso de la fuerza letal. Muertos, heridos y detenidos en enfrentamientos de las fuerzas federales con presuntos miembros de la delincuencia organizada”, Desacatos, núm. 40, 2012.
4 Data Cívica e Intersecta, “A(r)madas y letales. Un contraste del uso de la fuerza de las policías y las fuerzas armadas”, Con Copia Oculta: Asunto 2, febrero de 2024.
5 Ibidem.
6 Pérez Correa, Catalina, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Riva, “Índice de letalidad. Menos enfrentamientos, más opacidad”, Nexos, 1 de julio de 2015; Pérez Correa, Catalina, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez, “Índice de letalidad 2008-2014: menos enfrentamientos, misma letalidad, más opacidad”, Perfiles Latinoamericanos, 25(50), 2017; Pérez Correa, Catalina y Carlos Silva Forné, “Letalidad y transparencia”, Nexos, 1 de febrero de 2020. Destaca también: Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Ignacio Cano (coords.), Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina: Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela, 2019. El Monitor de la Fuerza Letal se actualiza periódicamente. Treviño, Javier, Raúl Bejarano, Laura Atuesta y Sara Velázquez, “La letalidad del Ejército”, Nexos, 1 de febrero de 2020;Treviño, Javier, Raúl Bejarano, Laura Atuesta y Sara Velázquez, “Deadly force and denial: the military’s legacy in Mexico’s ‘war on drugs’”, The International Journal of Human Rights, vol. 26, núm. 4, 2022; Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Mapa Interactivo: Los enfrentamientos de la Sedena (2007-2022), 2022; López Portillo, Ernesto, “La autonomía operativa del Ejército y la letalidad desorbitada”, Animal Político: Ruta Crítica, 2023; Jiménez, Georgina y Estefanía Vela Barba, “La Sedena y su creciente abuso de la fuerza”, Animal Político: Blog de Intersecta, 7 de septiembre de 2020; Vela Barba, Estefanía, “De Nuevo Laredo a Mazapa de Madero: el índice de letalidad de la Sedena crece”, Animal Político: Blog de Intersecta, 6 de abril de 2021; Intersecta, Las dos guerras. El impacto de los enfrentamientos de las fuerzas armadas en los asesinatos de mujeres en México (2007-2018), 2020; Calzada, Rebeca, Alejandro Madrazo Lajous y Jorge Javier Romero, “Actuaciones de las fuerzas públicas durante el primer lustro de la ‘guerra contra las drogas’: metodología detrás de la subbase ‘Combates’”, Cuadernos de trabajo del Monitor del Programa de Política de Drogas, núm. 24, 2018; Calzada, Rebeca, Alejandro Madrazo Lajous y Jorge Javier Romero, “La ‘guerra contra las drogas’. Análisis de los combates de las fuerzas públicas 2006-2011”, Política y gobierno, vol. 25, núm. 2, 2018.
7 Véase también Calzada, Rebecam Alejandro Madrazo Lajous y Jorge Javier Romero, “Actuaciones de las fuerzas públicas durante el primer lustro de la ‘guerra contra las drogas’: metodología detrás de la subbase ‘Combates’”, Cuadernos de trabajo del Monitor del Programa de Política de Drogas, núm. 24, 2018; Calzada, Rebeca, Alejandro Madrazo Lajous y Jorge Javier Romero, “La ‘guerra contra las drogas’. Análisis de los combates de las fuerzas públicas 2006-2011”, Política y gobierno, vol. 25, núm. 2, 2018.
8 Data Cívica e Intersecta, A(r)madas y letales, Con Copia Oculta: Asunto 2, 2024.
9 Sin duda: las personas privadas de la libertad no representan todo el universo de personas que sufren tortura por parte de las fuerzas de seguridad. Es posible que las personas ni siquiera sean detenidas, pero sean torturadas, como muestran los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega; es posible que una persona sea detenida, pero después liberada; o, como muestra el caso de la familia Alvarado, que sean detenidas y después desaparecidas.
10 Magaloni, Ana Laura y Beatriz Magaloni, “Un método de investigación llamado tortura”, Nexos, 1 de marzo de 2016; Magaloni, Ana Laura, Beatriz Magaloni y Zaira Razú, “La tortura como método de investigación criminal. El impacto de la guerra contra las drogas en México”, Política y gobierno, 25(2), 2018, pp. 223-261.
11 Idem, p. 240.
12 Torreblanca, Carolina y Estefanía Vela Barba, “¿Qué podemos esperar de la Guardia Nacional?”, Animal Político: El Foco, 16 de enero de 2019; Silva Forné, Carlos y Sergio Padilla Oñate, “Militarización y uso de la fuerza durante y después de la detención sobre la población privada de la libertad en México”, Desacatos, vol. 60, 2019; World Justice Project, Cuánta tortura. Prevalencia de violencia ilegal en el proceso penal mexicano. 2006-2016, 2019.
13 Intersecta, Amicus curiae para la Acción de Inconstitucionalidad 63/2019 relacionada con la Ley Nacional del Registro de Detenciones, 2023.
14 Data Cívica e Intersecta, A(r)madas y letales, Con Copia Oculta: Asunto 2, 2024.
15 Data Cívica e Intersecta,A(r)madas y letales, Con Copia Oculta: Asunto 2, 2024.
16 En relación con lo cualitativo, destaca el trabajo el de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en el que analizó y clasificó 204 recomendaciones de derechos humanos referentes a fuerzas de seguridad para el periodo de 2006 a 2017. De estas, 148 (el 70%) involucran a las Fuerzas Armadas. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Huellas imborrables: Desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México (2006-2017), 2018. Es importante también revisar el trabajo de Treviño Rangel, Javier y Sara Velázquez, “Manual de tortura y tratos cruentos”, Nexos, 1 de marzo de 2019.
17 Giles Navarro, César Alejandro y Miguel Ángel Méndez Mandujano, “La violación de los derechos humanos en México 2000-2018: algunas características y tendencias a la luz de las estadísticas de la CNDH”, Instituto Belisario Domínguez, número 46, febrero de 2019.
18 Flores-Macías, Gustavo y Jessica Zarkin, “The Consequences of Militarized Policing for Human Rights: Evidence from Mexico”, Comparative Political Studies, 2023.
19 CNDH, Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, 2024.
20 Ibidem.
21 Intersecta, Las dos guerras. El impacto de los enfrentamientos de las fuerzas armadas en los asesinatos de las mujeres en México (2007-2018), 2020 (en co-autoría con Laura Atuesta); Dell, Melissa, “Trafficking networks and the Mexican drug war", American Economic Review, vol. 105, núm. 6, 2015; Lessing, Benjamin, Making Peace in Drug Wars, Cambridge University Press, 2017; Calderón, Gabriela, Gustavo Robles, Alberto Díaz-Cayeros y Beatriz Magaloni, “The Beheading of Criminal Organizations and the Dynamics of Violence in Mexico”, Journal of Conflict Resolution, vol. 59, núm. 8, 2015; Atuesta, Laura y Aldo Ponce, “Meet the Narco: increased competition among criminal organizations and the explosion of violence in Mexico”, Global Crime, vol. 18, núm. 4, 2017; Alamir, Anousheh, "Effects of conflicts on intimate partner violence: Evidence from Mexico", Job Market Paper, 2022.
22 Gallegos, Zorayda, “El Ejército mexicano desvió 156 millones de dólares a empresas fantasma entre 2013 y 2019”, El País, 25 de agosto de 2020.
23 Ibidem.
24 Gómez Lameiras,Renata, “Los contratos de la 4T en 2023: austeridad en la transparencia y licencia para no licitar”, Nuestro Dinero, 1 de febrero de 2024.
25 Ibidem.
26 González, Isabella ”La Auditoría Superior de la Federación encuentra irregularidades por 37,6 millones de pesos en la construcción del AIFA”, El País, 21 de febrero de 2023.
27 Ibidem.
28 Poder, Militares S.A. de C.V. Otra vía al militar-Istmo, 2024.
29 Loret de Mola, Carlos, “El Ejército cobra un impuesto secreto en el AIFA”, El Universal, 15 de febrero de 2024.
30 Ibidem.
31 Artículo 1 Bis de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
32 Ver el apartado “Sus valores” en el informe del Inventario Nacional de lo Militarizado (p. 83) o nuestro texto de la semana pasada ¿Por qué es problemática la militarización? Razón dos: porque las fuerzas armadas no son como las otras instituciones.
33 Esto se regula a partir del artículo 24 Ter de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
34 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en Revisión 375/2021, 16 de febrero de 2022, p. 15.
35 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en Revisión 307/2007, 24 de septiembre de 2007.
36 Dina, Eduardo, “Vivir con VIH en el Ejército es como "una prisión", relatan militares”, El Universal, 30 de noviembre de 2021.
37 García de Léon Robles, Verónica, “Camuflaje a los derechos humanos: creció 115% la baja de militares por discapacidad y les niegan sus pensiones”, Yo También, 13 de mayo de 2021.
38 Martínez, Paris y Scarlett Lindero, “Militares mexicanas: discriminadas, acosadas y en riesgo”, Gato Pardo, 24 de noviembre de 2022.
39 Zerega, Georgina y Elena Reina, “Tengo miedo de que me hagan daño”: los correos del Ejército mexicano desvelan decenas de abusos sexuales en la institución, El País, 2 de octubre de 2022.
40 Esto se ha visto en muchos otros ejércitos del mundo. Véase, por ejemplo, Wadham, Ben “Violence in the Military and Relations Among Men: Military Masculinities and ‘Rape Prone Cultures’”, Rachel Woodward y Claire Duncanson (eds), The Palgrave International Handbook of Gender and the Military, Palgrave Macmillan, London, 2017.
41 Redacción, “Presunta ‘Novatada’ Habría Acabado con la Vida de Militares en Ensenada, BC”, N+, 6 de marzo de 2024.
42 Grasreiner, Silke, “Tren Maya: Lejos de un trabajo digno y bien pagado, humillación, hostigamiento, abusos…”, Proceso, 1 de diciembre de 2023.
43 Redacción. “Paran labores en el Tramo 7 del Tren Maya; acusan presunto maltrato de militares”, El Heraldo de Tabasco, 13 de abril de 2023.
44 Ramírez, Miriam, “Militares en migración: Acusados de acoso, abuso y corrupción”, El Universal, 22 de septiembre de 2023.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 Villalpando, Ruben y Jesús Estrada, “Procesan a militar del INM por el incendio en Juárez”, La Jornada, 23 de abril de 2023.
48 Redacción, “Incendio en centro de migrantes: al menos 39 muertos en un fuego en un edificio del INM en Ciudad Juárez”, BBC News Mundo, 28 de marzo de 2023.
49 Ver micrositio Bajo la Bota: https://bajolabota.com.mx/.
50 Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Sin Fronteras IAP, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Derechoscopio, Uno de Siete Migrando e Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Bajo la Bota: Militarización de la política migratoria en México, 2022.
51 Por ejemplo: la construcción discursiva que coloca a la persona migrante como enemiga; el uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército durante la detención migratoria, así como en centros de detención y retenes; el incremento de perfiles militares en puestos estratégicos del Instituto Nacional de Migración y la capacitación de sus agentes en cuarteles de la Sedena; el empleo de tecnologías de videovigilancia para el reconocimiento del terreno y la recopilación de datos biométricos, entre otros. Dirección de Incidencia, Programa de Asuntos Migratorios y Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, La militarización del Instituto Nacional de Migración y sus implicaciones en las violaciones a derechos humanos de las personas migrantes, 2024.