Miles de trabajadores inmigrantes indocumentados en California podrían recibir ayuda de un sistema de beneficios por desempleo si el estado aprueba el programa. El Centro Comunitario y Laboral de UC Merced ha publicado un informe que examina la necesidad del sistema.
Aproximadamente 17,1 millones de personas constituyen la fuerza laboral del estado, y se estima que 1,1 millones de ellos son inmigrantes indocumentados. En otras palabras, aproximadamente el 6,4 % de los trabajadores de California, o aproximadamente 1 de cada 16 trabajadores, es indocumentado y, por lo tanto, está excluido del sistema federal de seguro de desempleo.
"California es la quinta economía más grande del mundo, sin embargo, más de un millón de sus trabajadores carecen de elegibilidad para la provisión más básica de la red de seguridad: los beneficios por desempleo. AB 2847 es un paso importante en la modernización de la red de seguridad para los trabajadores de California en la primera línea de la economía global y los grandes desastres", dijo el profesor de sociología Edward Flores, del Centro Comunitario y Laboral.
El proyecto de ley AB 2847, presentado por el asambleísta Eduardo García (D-Coachella), establecería el Programa Piloto de Trabajadores Excluidos hasta el 1 de enero de 2025. Administrado por la Agencia de Desarrollo del Trabajo y la Fuerza Laboral, el programa brindaría asistencia de ingresos a los trabajadores excluidos que están desempleados y no son elegibles para beneficios estatales o federales administrados por el Departamento de Desarrollo del Empleo.
Una inversión de $597 millones podría proporcionar $300 en beneficios semanales durante 20 semanas a aproximadamente 140.000 trabajadores indocumentados desempleados en California.
Los estudios han demostrado que la ayuda económica es una herramienta importante que salvaguarda la salud y el bienestar de los trabajadores y sus familias durante una crisis de salud pública, como la pandemia de Covid-19. Los trabajadores ciudadanos han podido acceder a ayuda económica sin exclusiones, y estos programas de asistencia económica que brindan alivio a los trabajadores pueden mitigar el miedo y el riesgo de represalias, incluida la reducción de horas o el despido, si presentan una queja contra los empleadores que no siguen las normas de salud y seguridad en el lugar de trabajo.
Según el informe, los trabajadores indocumentados juegan un papel clave en la economía de California al generar $3.7 mil millones en ingresos fiscales estatales y locales. Sin embargo, estos mismos trabajadores enfrentan niveles mucho mayores de inseguridad económica: el 38 % de los trabajadores indocumentados ganan menos de un "salario digno" en comparación con el 18 % de los trabajadores ciudadanos. La calculadora de salario digno del Instituto Tecnológico de Massachusetts muestra que, para California en total, el salario digno para un adulto sin hijos es de $18,66 por hora. Más de 6 de cada 10 niños que viven en hogares de trabajadores indocumentados viven por debajo de un salario digno, en comparación con el 36 % de los niños en hogares de trabajadores ciudadanos.
La pandemia reveló varias desigualdades en el lugar de trabajo. Los análisis muestran que existe una relación entre la falta de acceso a los beneficios de desempleo y las muertes relacionadas con la pandemia a nivel industrial. Los trabajadores de ocho de las industrias con los mayores aumentos de muertes en el lugar de trabajo durante la era de la pandemia tenían tasas bajas de uso de beneficios de desempleo (menos del 25 %) y altas tasas de trabajo en persona (más del 80 %). Y en el primer año de la pandemia, los trabajadores ciudadanos desempleados de California eran elegibles para recibir hasta 20 veces más ayuda económica que los trabajadores indocumentados desempleados ($35,000 vs. $1,700 respectivamente).
Grupos de manifestantes han viajado al Capitolio estatal para manifestarse en apoyo del programa piloto propuesto. Señalan iniciativas existentes en estados como Oregón y Nueva York como modelos para programas de beneficios financiados por el estado que reemplazan los salarios perdidos de los trabajadores inmigrantes indocumentados. El proyecto de ley, que también cuenta con el apoyo de ocho coautores legislativos, sigue en la Legislatura estatal.
