WATERLOO, Iowa — Tras haber pasado más de la mitad de su vida en Waterloo, Iowa, ha construido aquí su vida. Allí conoció a su marido y nació su única hija, que quiere ser ecografista.
Por eso, después de un día de trabajo en una planta empacadora de carne de la zona, esta mujer de 55 años, nacida en México, 1 de julio a las calles de Waterloo. Con una pancarta en la que se leía en español: “Somos la fuerza de este país”, protestó contra una nueva ley estatal que podría afectar gravemente a su familia.
La ley, que un juez federal bloqueó temporalmente hace poco mientras se impugnaba en los tribunales, permitiría a las autoridades de Iowa detener a personas aunque tengan permiso legal para permanecer en el país. Aunque la ley no afectaría directamente a la mujer, sí podría hacerlo a su marido. Él es un inmigrante indocumentado que fue deportado anteriormente y volvió a entrar en el país.
Ella y otros cientos de inmigrantes salieron a la calle el 1 de julio en Waterloo, Des Moines y Iowa City para protestar contra la nueva ley. Sin la intervención del juez, habría entrado en vigor ese mismo día.
“Estamos aquí con esa inseguridad. Hemos pensado regresar a México, aunque eso significaría cortar todos los sueños que tenemos para nuestra hija. Es una decisión difícil de siquiera pensar y aún más difícil de tomar”, dijo la mujer en español. Pidió a Investigate Midwest que no revelara su nombre ni el de su empleador por temor a la seguridad de su familia.
Otros trabajadores inmigrantes también se debaten entre permanecer en el estado o abandonarlo para evitar su posible deportación o la de sus familiares indocumentados, según las entrevistas que Investigate Midwest realizó con grupos de defensa de los inmigrantes y 10 familias inmigrantes que viven en Iowa. La mayoría de los familiares solicitaron el anonimato por temor a que sus seres queridos fueran deportados si se les identificaba.
Si los inmigrantes se van en gran número, la economía de este estado agrícola, que ya necesita más mano de obra, podría verse en peligro, dijeron los defensores.
“Aquí en Iowa, la comunidad inmigrante desempeña un papel muy importante en la agricultura, la construcción y el sector de servicios de salud”, dijo Joe Henry, director político estatal de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, o LULAC, una organización de derechos civiles de 95 años de antigüedad. “Esto realmente causaría un caos en muchas industrias diferentes económicamente, si esta ley entrara en vigor. No se trata sólo de las familias, sino también de la economía”.
En un comunicado de prensa tras la medida cautelar de la ley, la gobernadora Kim Reynolds dijo que el gobierno de Biden no está aplicando las leyes federales de inmigración, permitiendo que millones de personas entren y vuelvan a entrar en el país sin consecuencias.
“Firmé este proyecto de ley para proteger a los habitantes de Iowa y a nuestras comunidades de las repercusiones de esta crisis fronteriza: aumento de la delincuencia, muertes por sobredosis y tráfico de seres humanos”, declaró.
Las operaciones de la industria agrícola en el país dependen predominantemente de la mano de obra inmigrante, incluida la indocumentada. Según la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, casi 7 de cada 10 trabajadores agrícolas nacieron fuera de Estados Unidos. La mayoría de estos trabajadores son de origen mexicano. Más del 40% no tiene autorización para trabajar en EE.UU., y el 1% tiene autorización de trabajo a través de otro estatus.
Iowa, con una población de unos 3 millones de habitantes, alberga hasta 75.000 inmigrantes no autorizados, según las estimaciones más recientes del Pew Research Center.
Muchos inmigrantes trabajan en operaciones concentradas de alimentación animal (CAFO por sus siglas en inglés), plantas de procesamiento de carne y campos de maíz. Iowa es el mayor productor de maíz y el que más carne de cerdo exporta.
En Waterloo, una ciudad rural con poco menos de 67.000 habitantes, el 7% de los cuales son latinos, las principales industrias son John Deere -uno de los principales fabricantes estadounidenses de maquinaria agrícola- y Tyson, el segundo procesador y comercializador mundial de productos avícolas, de vacuno y porcino.
John Deere; Tyson Foods, que tiene varias plantas de procesamiento de carne en Iowa; JBS, otro importante procesador de carne con plantas en Iowa; la Oficina Agrícola de Iowa; y la Asociación de Productores de Maíz de Iowa no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La nueva ley podría ejercer mucha presión sobre los trabajadores indocumentados y sus familias, dijo Ninoska Campos, activista de los derechos de los trabajadores en Iowa City.
“La policía no sabe si la gente tiene documentos, y esta ley permite detener a alguien basándose en su apariencia”, dijo. “Eso pone en peligro a las personas indocumentadas”.
Un año electoral
Apenas dos semanas antes de que entrara en vigor, un juez federal impidió temporalmente que Iowa aplicara su nueva ley de inmigración, que penaliza la entrada en Iowa tras haber sido deportado o habérsele denegado la entrada en Estados Unidos. Si se encuentra a una persona indocumentada, sería deportada en virtud de la ley.
Esta intervención judicial se produjo tras la impugnación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Unión Americana de Libertades Civiles de Iowa (ACLU, por sus siglas en inglés), la ACLU nacional y el American Immigration Council, que actuaron en nombre Iowa Immigrant Justice Movement y de dos residentes del estado.
“Iowa no puede hacer caso omiso de la Constitución de EE.UU. y de los precedentes del Tribunal Supremo”, declaró en un comunicado Brian M. Boynton, fiscal general adjunto principal y jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. “Hemos interpuesto esta acción para garantizar que Iowa se adhiere al marco adoptado por el Congreso y la Constitución para la regulación de la inmigración”.
La ley de Iowa iba a entrar en vigor el 1 de julio, en un año electoral marcado por las críticas generalizadas de los republicanos a la gestión de los asuntos de inmigración por parte del gobierno de Biden.
Los republicanos del Congreso bloquearon un acuerdo bipartidista con demócratas y republicanos del Senado que habría supuesto importantes reformas de las leyes de inmigración estadounidenses. Estas reformas incluían la incorporación de personal esencial de fronteras e inmigración, la inversión en tecnología para detectar fentanilo ilegal, la revisión del sistema de asilo y la concesión al presidente de autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando el sistema se vea desbordado.
La nueva ley de inmigración de Iowa también sigue los pasos de una legislación similar promulgada en Texas por el gobernador republicano Greg Abbott este año. Oklahoma y Arizona también han aprobado leyes similares este año.
Timi Brown-Powers, miembro demócrata de la Cámara de Representantes de Iowa que participó en la protesta del lunes, dijo que el apoyo del gobernador a la inminente ley era “todo político.”
“Esta es la forma que tiene la gobernadora de salir a decir que es dura con la crisis migratoria”, dijo. “Este proyecto de ley de inmigración fue su gran empujón para decir que no defiende la inmigración, y que va a minimizarla en Iowa”.
Cuando se le pidió un comentario sobre esas críticas y sobre las familias que están considerando abandonar el estado, Kollin Crompton, subdirector de comunicaciones de la gobernadora, señaló a Investigate Midwest comentarios anteriores de la gobernadora Reynolds sobre la administración Biden.
La ley también se ha enfrentado a las críticas de varios sheriffs de Iowa, quienes creen que la aplicación de la inmigración cae fuera de su ámbito de competencia y que carecen de los recursos para aplicar eficazmente la ley.
El sheriff del condado de Black Hawk, Tony Thompson, expresó su preocupación por la aplicabilidad de la nueva ley, señalando la ausencia de registros accesibles sobre los historiales de deportación de las personas.
“Emular el problema de otra persona aquí, en el centro del país, es muy distinto que emular el problema de otra persona allí mismo, en la frontera”, declaró Thompson a la cadena de televisión local CBS 2 Iowa en mayo.
Explicó además las dificultades logísticas: “Se trata de información federal, del ICE y de la patrulla fronteriza. Así que todo eso es bienintencionado, pero el reto para nosotros es que, si no existe, no podemos crear el registro.”
Vivir con miedo
El padre Nils Hernández, párroco de la parroquia Reina de la Paz (Queen of Peace Parish en inglés), donde comenzó la protesta el lunes, dijo que la nueva ley de inmigración mantiene a la comunidad inmigrante en un estado de miedo.
Hernández, que también dirige el Ministerio Católico Hispano de Waterloo, dijo a los miembros de la comunidad y que están valorando la posibilidad de abandonar el estado que no se precipiten en su decisión. “No tienen que tomar una decisión rápida. Esperen y vean cómo se desarrollan las cosas. No tomen decisiones rápidamente”, les advirtió.
El sacerdote católico, que en su día fue inmigrante indocumentado, huyó de la guerra que asolaba Nicaragua en la década de 1980 y entró en el país cruzando la frontera entre Estados Unidos y México. En su viaje a Estados Unidos, fue deportado de México a Guatemala.
Aboga por una nueva reforma migratoria que cree una vía que ofrezca estabilidad a quienes viven en la sombra, agobiados por el estigma de ser indocumentados.
Hernández dijo que el bloqueo temporal de la ley por parte del juez federal afecta a la estabilidad de las familias de estatus mixto, en las que ciudadanos estadounidenses conviven con quienes carecen de permiso legal para estar en el país.
Las familias entrevistadas por Investigate Midwest dijeron que su mayor temor es la separación familiar, una preocupación significativa en las culturas latinas donde las familias extendidas -incluyendo hijos, tíos y abuelos- valoran vivir en estrecha proximidad geográfica.
Los miembros de las familias dijeron que Colorado, Illinois, Minnesota, Oregón, Washington y Kansas eran destinos potenciales para protegerlos de ser separados mediante la deportación.
Fidel Silva, de 49 años, es otro inmigrante que no se vería directamente afectado por la ley, pero se preocupa por su hijo menor y su hermano, ninguno de los cuales tiene documentos de inmigración. Silva llegó a EE.UU. en 1990 y ahora trabaja en una fábrica de cajas en Waterloo que suministra material para plantas de envasado de carne.
“Mi miedo es que un paso en falso pueda poner en peligro al mas pequeño”, dijo.
Ahora está buscando “ciudades santuario” donde pueda trabajar con tranquilidad y obtener potencialmente un permiso de conducir.
Angélica Rodríguez, de 40 años, que llegó a Estados Unidos siendo adolescente, también participó en la marcha para protestar contra la nueva ley de inmigración. A pesar de estar protegida por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia -una política que proporciona un alivio temporal a algunos inmigrantes indocumentados traídos al país cuando eran menores-, teme ser detenida por las autoridades en la calle. Como madre soltera que ha vivido en Iowa durante 10 años, su principal preocupación es la posibilidad de ser separada de sus cuatro hijos.
Tanto Silva como Rodríguez dieron permiso a Investigate Midwest para utilizar sus nombres.
La trabajadora del sector cárnico que portaba la pancarta “Somos la fuerza de este país” actualmente vive con miedo. Cuando su marido llega a casa más tarde de lo habitual de su turno en un restaurante mexicano, empieza a temerse lo peor.
“Él solía cerrar el restaurante con sus colegas, y a veces los clientes llegan en el último momento”, explica. “Cuando se pasa de la hora a la que llega normalmente, empiezo a temer que la policía lo haya detenido”.
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