El Gobierno recuerda a San Andrés la obligación de dar un “uso público” a Araú tras su rehabilitación millonaria

“Araú es el culmen del despropósito del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo”. “El Escorial de Trobajo”, “un edificio carísimo y vacío” que “nos gustaría que llegue a ser el centro de referencia cultural del municipio, donde podamos disfrutar de exposiciones, conciertos, conferencias, promocionando sobre todo a los artistas locales, tener un museo permanente de la cultura de la localidad y también del Camino de Santiago, ya que estamos inmersos en su recorrido” y en el que “ahora nos proponen explotar una serie de servicios que no tienen ni orden ni concierto”.

Así de tajante se refería al Bien de Interés Cultural en 2019 la candidata a la Junta Vecinal y número 7 de la lista de UPL al tercer Consistorio de la provincia, Ángeles González, que aseguraba que “trabajaremos para que este edificio sea motivo de orgullo, referencia y disfrute de vecinos y visitantes y no sea un mamotreto”. Una idea que debía mantener en las elecciones de mayo de 2023, cuando volvió a compartir las imágenes.

Ahora, que es concejala de Hacienda del Gobierno municipal leonesista en minoría, UPL está promoviendo ceder el edificio de finales del siglo XIX, rehabilitado con 6 millones de euros públicos, al completo y gratis, por no menos de 10 años, a la Fundación UAPO, el legado del médico andaluz Jesús Candel conocido como 'Spiriman'.

Ileón ya publicó que el Ayuntamiento de San Andrés se hizo con la antigua fábrica de Araú hace 26 años para darle un “uso público”, el único que se contempla en el convenio firmado con la familia en mayo de 1998. Pero es que además, es el único que le permite el acuerdo con el Gobierno central que dio al Consistorio los fondos para recuperarlo.

Según ha podido conocer este medio, la alcaldesa, Ana Caurel, elevó en fechas recientes una consulta al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para conocer si podía ampliar los usos para Araú, “de tal forma que se puedan prestar, bajo cualquier modalidad legalmente prevista, servicios sociales, deportivos, asistenciales o sanitarios, siempre bajo la premisa de su conservación patrimonial”, escudándose en el “progresivo deterioro” que presenta el edificio “como consecuencia de su falta de uso y mantenimiento”. En definitiva, si su proyecto, fraguado con un excargo de UPL, es legal.

La contestación no se hizo esperar demasiado tiempo. En ella, el Gobierno le recordó a Caurel el acuerdo firmado hace casi un cuarto de siglo entre el Consistorio que actualmente dirige y los entonces ministerios de Fomento y Educación, Cultura y Deporte, para la financiación pública para la recuperación del conjunto Araú “como centro sociocultural”, con cargo al 1% Cultural. Además de que la primera fase, pagada por el Gobierno central, se llevó a cabo y se entregó en 2015 pero que la segunda fase ni siquiera se llegó a iniciar “por el elevado endeudamiento” y el “plan de ajuste” del Ayuntamiento.

El ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y lo manifiesta textualmente y en negrita, “necesita asegurar que la solicitud de 'ampliación de usos' siempre va a plasmarse en usos públicos acreditados y nunca de carácter privado”. Y, “para y por ello, es necesario que remitan un compromiso o declaración jurada del máximo representante legal de la Corporación, que defina expresamente los nuevos usos comprometiéndose a mantenerlos en ellos, un plazo mínimo de 50 años”.

Un folio por las dos caras es la máxima información y más detallada que ha aportado hasta el momento la alcaldesa leonesista que suscribe que “entre los usos a los que se puede destinar el conjunto de edificios” se encuentran los sociales, deportivos y sanitario-asistenciales, que encajan con la actividad de la citada Fundación UAPO a la que en ningún caso hace referencia.

En primera persona, Caurel se compromete con el Gobierno a mantener “el uso público del conjunto de edificios Araú durante un plazo mínimo de cincuenta años”, pero luego lo va matizando. Añade que los usos inicialmente previstos de crear un albergue de peregrinos y un pequeño museo-consulta del Camino de Santiago para los que se otorgaron los fondos públicos para la rehabilitación del edificio se puedan ampliar a “usos sociales, deportivos y sanitario-asistenciales”. Y termina concluyendo que “no obstante el Pleno del Ayuntamiento acordará lo que estime procedente” hacer con el inmueble.

La regidora convocó un pleno extraordinario de urgencia el pasado mes de junio pero la oposición en bloque, salvo el único edil de Ciudadanos, votó en contra de tal urgencia y la sesión no se llegó a celebrar. El tercer Consistorio de la provincia no celebra sesión ordinaria desde mayo, cuando el grupo IU-Podemos preguntó a Caurel por su vinculación con el mediador entre el equipo de Gobierno municipal leonesista y el conseguidor de la Fundación UAPO que publicó este medio, y a la espera de conocer si se celebra la sesión de este mes de julio y lo lleva en el orden del día.

PP y PSOE, que venían guardando silencio sobre el tema hasta este momento, han hecho esta semana valoraciones del primer año de mandato de UPL en San Andrés del Rabanedo y han hablado por primera vez públicamente sobre Araú. Los 'populares' recriminan a Caurel que “tiene mucha prisa” en realizar la cesión del edificio declarado BIC. Que “desde el primer momento le hemos pedido toda la información al respecto”, y que “hasta ahora no ha facilitado”. Y concluyen que “mientras no tengamos todos los informes técnicos no vamos a tomar ninguna decisión en un tema tan importante como este”. “Nosotros sabemos muy bien lo que costó terminar las obras pero para la UPL es un tema menor y su prioridad es deshacerse del edificio”, resaltó a través de un comunicado su portavoz municipal, Noelia Álvarez.

El PSOE, por su parte, resalta que “es muy sospechoso el interés tan manifiesto en ceder el uso de Araú a una entidad privada y pedir a la oposición que vote a favor de este proyecto como un acto de fe sin que se nos haya trasladado ningún documento técnico al respecto, lo que hace pensar que esta es la única cuestión en la que realmente está implicada la alcaldesa”.

Tanto el cambio de uso del inmueble como su cesión deberían adoptarse en sesión plenaria, por un Gobierno en minoría que conforman los 6 concejales de UPL, 5 del PP, 4 del PSOE, 3 del partido de extrema derecha Vox, 1 de Izquierda Unida-Podemos, 1 de Ciudadanos y una edil tránsfuga exconcejala del PP que está en condición de no adscrita.