Las autoridades de El Salvador abrieron una investigación penal sobre el gasto del gobierno durante la pandemia del coronavirus, lo que constituye la acción legal más seria contra la administración del presidente Nayib Bukele hasta la fecha.

A partir del 9 de noviembre y durante varios días, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador realizó más de 20 cateos en diferentes oficinas del gobierno en la capital San Salvador, incluidos los ministerios de salud y hacienda del país.

Los operativos buscaban recabar evidencia sobre posibles compras irregulares hechas con los fondos de emergencia de la pandemia, incluido un contrato de US$225.000 para la adquisición de botas de caucho a una empresa de respuestos automotrices de la que es propietaria una tía del actual ministro de salud, Francisco Alabí, según reportó en primicia Gato Encerrado.

Ha habido otras transacciones cuestionables, mediante las cuales se han otorgado lucrativos contratos para el suministro de equipos médicos a firmas de propiedad de parientes de representantes del gobierno o a empresas no especializadas en insumos médicos.

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De US$31 millones asignados para nuevos contratos de suministros médicos, se están investigando US$20 millones por sospechas de irregularidades, según información de la FGR citada por El Faro. Entre los investigados está el ministro de hacienda de Bukele, Alejandro Zelaya, quien tiene vínculos con una firma que vendió 300.000 mascarillas al ministerio de saludo por un total de US$750.000, el doble del precio de fabricación.

El ministerio de salud también adquirió US$250.000 en mascarillas con sobreprecios a una empresa de reciclaje de propiedad de Jorge Aguilar, entonces director del Fondo Ambiental del país, según Salud con Lupa.

Durante la pandemia, los miembros de la administración Bukele se han negado en repetidas oportunidades a brindar detalles de las transacciones por cerca de US$2 mil millones del fondo de emergencia aprobado por la asamblea legislativa del país.

Análisis de InSight Crime

Aunque el gobierno de Bukele se ha visto envuelto en varios escándalos de corrupción, es la primera vez que la Fiscalía General de la República abre una investigación grande por presuntas malas prácticas en la administración.

Los operativos de la FGR provocaron una reacción inmediata del presidente, quien mediante un trino en Twitter acusó al fiscal general de El Salvador Raúl Melara de adelantar una campaña política. Bukele también pareció amenazar al fiscal al decir “uno cosecha lo que siembra”.

La administración Bukele también se puso a la defensiva en septiembre, cuando El Faro informó que el gobierno está “negociando” con las pandillas para mantener bajas las tasas de homicidios. Más adelante ese mes, un informe separado vinculó a funcionarios de Bukele y socios suyos con un multimillonario esquema de lavado de dinero que involucraba a la petrolera estatal venezolana PDVSA.

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Pese a esos y otros señalamientos, la administración Bukele había salido inerme hasta ahora. Pero los allanamientos de la FGR sientan un nuevo precedente.

Más aún, los informes iniciales que alertaron a los fiscales sobre las presuntas irregularidades en los gastos por la pandemia fueron enviados a la FGR por el organismo anticorrupción bandera de Nayib Bukele, la Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador (CICIES), según confirmaron los fiscales.

Es la primera vez que información proporcionada por la CICIES, creada en septiembre de 2019 por Bukele para castigar los casos de corrupción e impunidad en la élite política y económica del país, lleva a una operación de alto perfil de la FGR.