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A poco de finalizar el año 2021 y en solo cinco meses de gobierno, el presidente Pedro Castillo se ha visto implicado de algún modo en denuncias por presuntos hechos de abuso de autoridad o corrupción. Son cinco los principales casos que han sacudido no solo el sombrero, sino la banda presidencial.
“Tenemos que desterrar la corrupción, pero para eso tenemos que sancionar con dureza y rapidez a todos los que participen en ella”, aseguró Castillo en su mensaje a la nación al asumir la presidencia el 28 de julio. Sin embargo, el mandatario no ha demostrado tal agilidad para desmarcarse de serios cuestionamientos en su gestión.
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Por ejemplo, el destape del caso referido a presiones para ascensos en las Fuerzas Armadas se dio el 6 de noviembre a través de una publicación de este Diario; a Bruno Pacheco, exsecretario general de la Presidencia implicado en el caso, no se le requirió su renuncia, sino que él la anunció el 19 de dicho mes y el gobierno oficializó su salida recién cuatro días después. Asimismo, el exministro de Defensa, Walter Ayala, otro de los involucrados, comunicó el 8 de noviembre que ponía su cargo a disposición, pero el mandatario aceptó la renuncia una semana después.
En este especial, consignamos los sucesos denunciados, sus protagonistas y las acciones que se han tomado, en algunos casos, desde los órganos de justicia, como el Ministerio Público.
Otro de los casos más sonados es el de las reuniones ocultas del presidente Pedro Castillo en la vivienda de Breña en la que ya había despachado irregularmente a inicios de su gobierno y que lo había alojado durante la campaña electoral. De igual forma, la adjudicación de un millonario contrato de parte de Provías Descentralizado (organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones) a un consorcio vinculado a la empresaria y lobbista Karelim López luego de que esta realizara seis visitas a Palacio de Gobierno entre agosto y noviembre, incluyendo tres reuniones con Castillo Terrones.
Tales escándalos suscitaron promesas de transparencia de parte de la primera ministra Mirtha Vásquez, como la publicación de la lista de personas que se reunieron con el jefe de Estado en Breña. El asunto solo ha quedado en palabras y contradicciones de la jefa del Gabinete, que al momento no ha cumplido con lo ofrecido.
Pese a ello, vinieron más promesas en pro de la transparencia y lucha contra la corrupción. Ello a través de la suscripción de un decreto supremo, el jueves 9 de diciembre, que “aprueba la estrategia de integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la prevención de actos de corrupción”.
Entre los lineamientos del gobierno se incluyeron “asegurar el cumplimiento estricto de las normas para prevenir y gestionar posibles conflictos de intereses”. También “identificar riesgos que afectan la integridad pública” o “fortalecer la institucionalidad en materia de transparencia e integridad pública”.
Empero, por publicaciones de medios de comunicación y no advertencias públicas desde el gobierno se conoció un nuevo caso que vincula al presidente Castillo en reuniones con un empresario cuya compañía, posteriormente, se adjudicó un millonario contrato a través de Petro-Perú.
Fue por este caso que un grupo de fiscales acudió el lunes a Palacio de Gobierno como parte de la investigación preliminar abierta en el último caso. Un acta fiscal, sin embargo, consignó que el propio mandatario ordenó que no se permita el ingreso de los magistrados a la oficina de la secretaría del despacho presidencial.
Recién un día después, la Presidencia emitió un comunicado asegurando que en ningún momento se obstaculizó la diligencia fiscal, a pesar de que el acta fue firmada por Julio Becerra, funcionario del despacho presidencial. Este martes, además, en un acto alejado del respeto a la autonomía del Ministerio Público, Castillo envió un escrito a esta entidad pidiendo excluir de la misma al fiscal Luis Alberto Medina, que encabezó la diligencia del lunes en Palacio, y acusándolo de una actuación “abusiva”.
Han sido el propio presidente y su gobierno los que han dado insumos para la generación de los distintos escándalos señalados, casos en los que aún hay pan por rebanar.
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