Darwin Espinoza también ordenó esconder evidencia clave para la investigación en su contra, según testigo protegido

El Comercio informó sobre el testimonio del TP-01-111-2024/AEIDC de la Fiscalía de la Nación, quien declaró sobre presuntas órdenes del congresista a sus trabajadores para borrar información de sus máquinas. Precisamente, a Espinoza se le imputa haber dispuesto el uso de las computadoras, la impresora y materiales de su despacho, así como los servicios de siete trabajadores como una “maquinaria electoral” para la inscripción del movimiento regional ‘Adelante Ancash’.

Investigado también por el “Caso Los Niños”, el otrora vocero de Acción Popular en el Congreso fue expulsado no solo del partido, sino que ya no pertenece a dicho bloque parlamentario. El lunes, seis legisladores formaron a nueva nueva bancada de la lampa con el mismo nombre, tras renunciar a la anterior y dejar sin piso a Espinoza.

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Según el reportaje de Punto Final que dio inicio a este caso y la posterior investigación fiscal, los trabajadores iban a distritos de la región Áncash para recolectar firmas y números de DNI de ciudadanos en fichas de afiliación al partido. A cambio, les daban regalos, como pelotas inflables. Esos documentos, de acuerdo con el informe periodístico, eran impresos en las computadoras del despacho del legislador y guardados allí mismo.

En esa línea, esas fichas de afiliación son un elemento clave en la indagación contra el congresista. La pregunta que queda abierta es: ¿dónde están y qué pasó con ellas desde la emisión del reportaje y el inicio de la investigación fiscal? La declaración del testigo protegido de la Fiscalía de la Nación, consignada en documentos judiciales a los que accedió este Diario, da luces sobre ello

El reportaje que reveló este caso es del domingo 14 de abril. Luego de su emisión, según el testigo protegido, Darwin Espinoza y su asesor Darwin Ramírez “lograron sacar todos los materiales del despacho congresal [fichas de afiliación y otros] y lo llevaron a un paradero que solo ellos conocen y estaría en Chimbote”.

Esa declaración fue dada por el testigo el 14 de mayo. En otra declaración, del 29 de mayo, agregó que por disposición del congresista, las fichas de afiliación con las firmas para la inscripción de ‘Adelante Ancash’ “estarían guardadas” en un inmueble en Chimbote “que corresponde a Ruth Sofía Damacen Villafana y el menor de edad conocido como ‘niño’”.

Damacen Villafana es una trabajadora del Congreso. El portal de Transparencia del Legislativo detalla que labora como auxiliar en el Área de Archivo General. La dirección que el testigo señaló como su vivienda en Chimbote, donde se habrían guardado las fichas de afiliación, fue uno de los inmuebles allanados por la fiscalía el último sábado. Así consta en la resolución judicial a la que accedió El Comercio, que detalla que el objeto de la diligencia fue dar con diversas evidencias que habrían sido ocultadas.

En ese operativo también se allanó viviendas de trabajadores del despacho de Darwin Espinoza. La investigación señala que los servicios de siete de ellos habrían sido usado como “maquinaria electoral” para impulsar la inscripción de ‘Adelante Áncash’. Y según el testigo protegido, “muchos de los trabajadores se quedaron con materiales que sirvieron para captar adherentes para el movimiento político”.

Las diez viviendas allanadas fueron las de: Darwin Espinoza (Lima), su hermano Renato y su mamá (Chimbote), sus asesores Darwin Ramírez (Nuevo Chimbote) y Franco Carlo Mora Cabrera (Chimbote), sus técnicos Kevin Haro Rodríguez (Nuevo Chimbote) y Juan Eduardo Vidal Paroy (Callao), la de su auxiliar Héctor Jeddah Camacho Aguilar (Nuevo Chimbote), su coordinador Wilfredo Valencia Sánchez (Carabayllo), su asistente Elizabeth Seema Castillo Mejía (Carabayllo), y la de Damacen Villafana.

Respecto a los 10 inmuebles, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema autorizó los allanamientos para incautar “bienes, especies y documentos relacionados con los delitos investigados [tales como fichas de afiliación, consulta a Reniec, equipo de cómputo, pelotas u otros]”.

Fuentes del Comercio indicaron que, durante los allanamientos, la fiscalía habría encontrado el material que buscaba.

En la misma declaración del 14 de mayo, por ejemplo, el testigo protegido afirmó que el asesor Darwin Ramírez “tiene material que sirvió para la labor de recolección [de firmas] en su domicilio”.

El juez consideró ese testimonio para autorizar el allanamiento a su vivienda, al existir evidencia que lo vinculaba con “el traslado de materiales del despacho congresal y la retención de evidencia en su domicilio”.

En cuanto a otros, afirmó que en casa de Kevin Haro Rodríguez se guardaron “algunas pelotas y otros materiales logísticos”; que Wilfredo Valencia Sánchez transportaba las fichas de afiliación en su vehículo y “se pudieron quedar algunos materiales en su poder en Lima; que Elizabeth Castillo Mejía “se llevó también algunas fichas de afiliación a su domicilio en Lima”.

En suma, según se cita en la resolución, el testigo declaró que “luego del reportaje, el congresista ordenó que se realice una limpieza del despacho, desapareciendo las fichas del despacho y se borre todo el material de las computadoras relacionadas al proceso de afiliación”.

“Incluso se habría logrado sacar todos los materiales del despacho congresal [...] Existen documentos que se encuentran guardados en la casa de un joven de apelativo ‘niño’, que su mamá trabaja en el Congreso, se llama Ruth Sofía Damacén Villafana, quienes tienen vínculos de amistad con el congresista Espinoza”.

La resolución judicial también detalla la tesis fiscal de la investigación seguida contra Darwin Espinoza y contra su hermano Renato Espinoza. Al legislador se le atribuyen dos delitos: peculado y concusión.

Respecto el primer delito, se le imputa que habría usado, o permitido que su hermano use, los instrumentos de trabajo que le fueron asignados para su función congresal y los servicios se siete trabajadores pagados por el Estado. Ello como una “maquinaria electoral” para la inscripción del movimiento regional ‘Adelante Áncash’

Por el delito de concusión, se le atribuye que “habría obligado” a ocho trabajadores de su despacho a “brindar apoyo económico para costear un proyecto político”, exigiéndoles “el aporte de sumas significativas de dinero entre S/500 y S/ 1000, compra de regalos y cubrir sus propios gastos de transporte, hospedaje y alimentación para asistir a eventos de recolección de firmas en diferentes provincias”. Todo esto “bajo amenaza” de terminar su relación laboral si se negaban.

En total, el testigo protegido dio al menos tres declaraciones, los días 13, 14 y 29 de mayo. Allí también dio información sobre cómo inició el presunto apoyo de los trabajadores del despacho a la inscripción del movimiento.

La reserva del nombre de ‘Adelante Ancash’ se hizo en noviembre del 2023, a nombre del hermano de Renato Espinoza. El mes siguiente, según el testigo, el congresista hizo una “campaña publicitaria en la ciudad de Chimbote, anunciando la entrega de juguetes en la residencia de su madre”. Fue por ello que ese fue uno de los inmuebles allanados.

El evento navideño “fue costeado con fondos recaudados del sueldo de los trabajadores del Congreso, como S/ 1000 de los asesores y S/ 500 de aquellos de menor rango”. Los asistentes que iban recibían un ticket, pero “primero debían completar la ficha de afiliación al movimiento ‘Adelante Áncash’, logrando en dicha ocasión recolectar fichas”. Coincidentemente, en la cuenta de Facebook del legislador hay imágenes de una actividad navideña de diciembre pasado.

“La primera entrega se realizó el sábado 23/12/2023, donde todos los trabajadores viajaron a Chimbote, porque el congresista indicó que tenían la obligación de apoyar. Haro Rodríguez se encargó de mandar a hacer los volantes, los tickets y toda la organización del evento [...], lo cual se dio con el dinero recaudado del sueldo de los trabajadores, producto de sus gratificaciones”, cita la resolución sobra la declaración del testigo.

Un segundo momento narrado por el testigo corresponde a la semana de representación de enero de este año. Según dijo, el legislador convocó en Huaraz a los trabajadores Mora Contreras, Haro Rodríguez, Vidal Paroy, Ramírez Vargas, Giancarlo López Velaochaga, José Ricardo Palma, Abel Camones Leyva, Ian Guimaray Vidal y “otras personas externas”.

La convocatoria fue “para que se inicie la recolección de firmas en la zona de la sierra”. Luego de esto, se pasaba a buscar los datos de los firmantes en Reniec y “se completaba la ficha” de afiliación. Detalló que “los grupos enviaban las fichas de afiliación a través de agencias de viaje [...] las fichas de afiliación con DNI, huella y firma del ciudadano” a nombre de Elizabeth Castillo Mejía.

Añadió que esta trabajadora se encargaba de verificar que los firmantes “no pertenezcan a otro partido político” a través del Registro de Organizaciones Políticas. “Una vez identificados los no afiliados pasaban a ser buscados a través del Reniec y ella completaba la ficha [...] La ficha solo era llenada con el número del DNI, la firma y huella, por lo que con esta información se completaba los datos personales”, se cita en la resolución.

El testigo afirmó que “los trabajadores del despacho congresal participan de la preparación del material, traslado, recolección de firmas en las diversas localidades de la región Áncahs en horario de trabajo por imposición del Darwin Espinoza”. El congresista “dirigió personalmente cada acción de los trabajadores”.

Indicó, por ejemplo, que el asesor Darwin Vargas “colaboró en recabar firmas en las ciudades de Chimbote, Casma y Huarmey”; y que Kevin Haro Rodríguez hizo lo mismo “en las ciudades de Pomabamba, Piscobamba y Sihuas”.

En su declaracón a la fiscalía como investigado, Darwin Espinoza dijo que las imágenes de Punto Final “no corresponden a la realidad” y negó que “haya dispuesto a sus trabajadores viajar a ciudades de provincia con la finalidad de recolectar firmas para una movimiento regional”.

En múltiples declaraciones a la prensa, el congresista ha negado la imputación de la fiscalía. Más recientemente, consultado por RPP sobre las declaraciones de este testigo protegido, las rechazó y las calificó como parte de un “circo” o un “acoso” de la fiscalía. Es más, dijo que el responsable de las impresiones de las fichas de afiliación en su despacho sería el propio testigo. “¿Creen que voy a esperar el último día, después de dos meses, para borrar algo?”, cuestionó.

El legislador también publicó un video en su cuenta de Facebook para volver a rechazar la acusación y atribuirla a “una dura campaña de desprestigio”. “Esta mentiras parecen ser creadas en complicidad con un ex o actual trabajador de mi despacho [...] Nunca me he corrido de la prensa”, afirmó.

El Comercio llamó al número de celular del congresista Darwin Espinoza para conocer sus descargos, pero, hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta.

Por su parte, Mora Contreras dijo a la fiscalía que su presencia en una localidad de Áncash, que fue captada por el reportaje de Punto Final, fue por un “pedido de apoyo” de parte de Yuri Espinoza, otro hermano del congresista. Afirmó que “tenía permiso del legislador para compensar con los días sábados y domingos que le apoya en sus reuniones como vocero de la bancada, el permiso se le concedió de forma verbal, fue de palabra”.

A su turno, Kevin Haro dijo al Ministerio Público que “todo lo que se menciona en el reportaje es falso”. Él fue otro de los captados por el dominical. En tanto, Wilfredo Valencia afirmó que fue Renato Vargas quien le indicó que estaba formando un movimiento regional y le solicitó “apoyo para la recolección de firmas”. Por su parte, el trabajador Juan Vidal respondió a la fiscalía que su “supuesta participación es tendenciosa porque no se ajusta a la realidad”.

Castillo Mejía, quien fue grabada por el dominical Punto Final trasladando documentos en un taxi, declaró a la fiscalía que “no se transportó ningún tipo de ficha y ese día [25 de marzo] se realizaron búsquedas [en RENIEC], pero no búsquedas relacionadas a fichas”.

Sin embargo, de acuerdo con la resolución, sí reconoció que “ella era la encargada de realizar las búsquedas de Reniec y que el congresista le hizo una entrega de una lista, DNI, nombres y personas que habitan en Áncash, para realizar la búsqueda”. Según el reporte de Reniec entregado al Ministerio Público, entre el 1 enero y el 14 de abril de este año se hicieron 3253 consultas desde el usuario de Darwin Espinoza.