La diputada mexicana Mariana Gómez del Campo (PAN) consideró que “el trato preferencial” que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le brinda a Lilia Paredes- ex primera dama del Perú y esposa del expresidente Pedro Castillo, “es injustificado y resulta preocupante desde el punto de vista ético y político”.
En comunicación con El Comercio, Gómez del Campo afirmó que la administración de AMLO está haciendo “uso indebido” de los recursos públicos del Estado mexicano.
Esto en referencia a la información proporcionada por la periodista mexicana Ariadna García, quien señaló- de acuerdo con sus fuentes en el gobierno mexicano- que Paredes recibiría US$10 mil mensuales, tendría tres agentes policiales para su seguridad y la de sus hijos y, además, el Estado azteca cubriría el alquiler de la vivienda donde reside.
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que presentó una serie de solicitudes de acceso a la información al Instituto Nacional de Migración (INM), con el objetivo de conocer los gastos que le haya generado la familia de Castillo Terrores al Estado mexicano. También pidió que se le detalle la situación migratoria de Paredes y de sus hijos.
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No obstante, el instituto no le entregó la información solicitada “por considerarla confidencial al contener datos personales”.
Tras apelar la decisión, en agosto del año pasado le dieron la razón y ordenaron al INM “realizar una búsqueda” dentro de sus archivos.
Sin embargo, un mes después la referida entidad señaló que después de “realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos físicos y electrónicos”, no hallaron la data solicitada.
“Una de las características principales del gobierno de López Obrador es la opacidad y la corrupción. Es un presidente al que no le gusta rendir cuentas y esto lo podemos ver justamente en la ausencia de respuesta sobre los beneficios que recibe la familia de Pedro Castillo en México”, remarcó Gómez del Campo.
Gómez del Campo afirmó que la administración de AMLO está haciendo “uso indebido” de los recursos públicos del Estado mexicano. (Foto: Senado México)
/ Sin transparencia
La diputada del PAN- de oposición a AMLO- subrayó que, si el gobierno mexicano no tuviera nada que esconder, entregaría la información solicitada, como lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Además, refirió que “la rendición de cuentas tampoco está garantizada” con el cambio de gobierno en octubre próximo, cuando ingrese la presidenta electa mexicana Claudia Sheinbaum.
“Sería muy benéfico para México y sus habitantes que la presidenta electa, una vez en funciones, tomara sus propias decisiones. Sin embargo, Claudia Sheinbaum se ha pronunciado en diversas ocasiones en contra del INAI, organismo que ha permitido a los ciudadanos conocer irregularidades del gobierno actual, y ha manifestado estar a favor de su desaparición”, acotó.
(Foto: EFE)
El Comercio solicitó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en amparo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de ese país, informar si Paredes y sus hijos cuentan con ayuda económica y seguridad policial de la administración de López Obrador. También si hay otros familiares de Castillo Terrones en territorio azteca.
Sin embargo, las respuestas brindadas por las tres instituciones a los cuatro pedidos hechos por este Diario no aclaran ninguno de los puntos.
(Foto: El Comercio)
Por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana trasladó las dos solicitudes que formuló este Diario sobre la situación de la ex primera dama peruana a la Subsecretaría para América Latina y el Caribe (SSALC) y a la Dirección General para América del Sur (DGAS).
Ambas oficinas “tras haber efectuado una búsqueda exhaustiva en los expedientes que obran en sus archivos”, señalaron que no encontraron ningún documento que se refiera a la información pedida. Es decir, si la esposa del expresidente Castillo recibe o no una ayuda económica y cuenta con seguridad policial por parte del gobierno de López Obrador.
Al respecto, el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, refirió que ��lo más sencillo” por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores hubiera sido “responder con claridad” a las consultas hechas por este Diario. Agregó que no existe una razón en particular para considerar como “reservado” si Paredes recibe o no un apoyo económico y si cuenta con resguardo policial por parte de la administración de AMLO.
“Sería deseable que se explique si hubo intervención del Estado mexicano para financiar [a la esposa de Castillo]. El derecho de asilo es complejo y lleva a distintas formas de protección. Pero aquí no hay razón para esconder [si reciben una manutención y tiene seguridad]”, manifestó en comunicación con El Comercio.
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En una entrevista al canal de YouTube “Yachay Wasy”, la ex primera dama Lilia Paredes negó que esté recibiendo US$10 mil del gobierno de México,
“Decir que de repente el pueblo mexicano me está dando US$10 mil mensuales, lo cual es totalmente falso. En México -la moneda- es el peso mexicano ni siquiera es en dólares imagínense desde qué punto están mintiendo. Desde ese momento están mintiendo”, manifestó.
La esposa de Castillo Terrores indicó que ella está trabajando “para sustentar a mis hijos y a mí misma”.
Paredes está comprendida en una investigación fiscal, donde la sindican como “coordinadora” de una presunta red criminal dirigida por su esposo en el Ministerio de Vivienda para el direccionamiento de obras de alcantarillado y saneamiento en Cajamarca y otras regiones del país.
Más información
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha optado por declarar como “reservado” por un período de hasta cinco años el expediente de asilo político otorgado a favor de Paredes, según dio a conocer el dominical “Punto Final” en febrero de 2023.
A lo largo de estos meses, también han circulado imágenes de Lilia Paredes en México. En junio de 2023, la periodista de PBO Marycarmen Sjoo captó a Paredes cerca de la Basílica de Santa María de Guadalupe en México, mientras era fotografiaba por su hijo en compañía de otra mujer.
El expresidente Pedro Castillo enfrenta una acusación penal por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. La fiscalía pide 34 años de prisión como condena por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
