Urge un acuerdo migratorio entre Gobierno y PP para socorrer a Canarias y Ceuta

"El Gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras y desplegar una serie de embarcaciones que impidan que esos cayucos, que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas, salgan al mar y lleguen a nuestro país", declaró el jueves Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, en Antena 3. Horas después aseguró que no había dicho "ningún disparate". Sí, lo dijo y bien grande.

Impedir que los cayucos zarpen significa entrar en aguas territoriales de Marruecos, Mauritania, Senegal, etcétera y aproximarse mucho a sus costas. Ninguno lo aceptaría y mucho menos el vecino marroquí tan apegado a su soberanía.

Con sus 22 barcos, la mayoría adscritos a misiones de la OTAN, la Armada no tiene capacidad de controlar los casi 5.000 kilómetros de costa que suman entre esos tres países y el Sáhara Occidental bajo control marroquí. Podría quizás taponar un punto de salida, pero la emigración son vasos comunicantes. Cuando se sella una fuga surge otra un poco más allá.

Si un buque de la Armada divisa un cayuco repleto de inmigrantes su primera obligación es prestarle ayuda como estipulan los tratados internacionales empezando por el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar. Así sucedió, por ejemplo, en 2006 durante la crisis de los cayucos.

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La Armada, que si ha luchado contra la piratería en el Océano Índico y en el Golfo de Guinea, nunca ha sido utilizada para frenar la inmigración. Sí, lo fue el Ejército, en al menos dos ocasiones, y siempre con gobiernos socialistas. En septiembre de 2005 fue enviado a Ceuta y Melilla para secundar a la Guardia Civil que repelía los asaltos a las vallas. En mayo de 2021 se desplegó de nuevo en Ceuta, sobre todo en la zona del Tarajal.

Con la excepción de Vox, y ahora de Tellado, a la derecha europea nunca se le ha ocurrido que las marinas de guerra de los países de la UE podrían ser empleadas en esta tarea. Las palabras del portavoz popular "obedecen a un desconocimiento de la realidad", aseveró, sin querer entrar en polémicas, Fernando Clavijo, el presidente de Canarias. Él sí conoce el fenómeno migratorio.

La ebullición populista que recorre el Viejo Continente ha hecho aflorar otras ideas, menos absurdas, para poner frente a la inmigración, pero, por ahora, ninguna ha dado resultados y algunas son de dudosa legalidad. Tellado las debe desconocer porque, aunque tomó la palabra varias veces, ni las mencionó.

La ebullición populista que recorre el Viejo Continente ha hecho aflorar otras ideas, menos absurdas, para poner frente a la inmigración

Por orden cronológico, el primero en innovar fue el presidente Emmanuel Macron. En otoño de 2021 ordenó reducir a la mitad los visados expedidos a marroquíes y argelinos, y un 30% a los tunecinos —Francia es el primer destino de todos los magrebíes— mientras sus autoridades no aceptasen más repatriaciones de individuos a los que París quería expulsar.

La decisión suscitó tensiones diplomáticas con los tres gobiernos magrebíes. Perjudicó además a familias acomodadas que querían hacer turismo, acudir al médico o enviar a sus hijos a estudiar a Francia. Fue, en parte, sorteada con la ayuda de la diplomacia española que otorgaba visados Schengen a marroquíes que solo hacían una escala en un aeropuerto español antes de proseguir su viaje a Francia. A finales de 2022, París abrogó aquella restricción.

Interior se niega, en España, a revelar qué porcentaje de marroquíes que entraron irregularmente son devueltos, pero fuentes policiales señalan que el porcentaje oscila entre el 2% y el 5%. Las repatriaciones son caras y escasas, pero tienen un efecto disuasorio. En el pueblo o el barrio al que regresa el emigrante expulsado, se corre la voz de su fiasco. Así se desanima a otros jóvenes.

En el pueblo o el barrio al que regresa el emigrante expulsado, se corre la voz de su fiasco. Así se desanima a otros jóvenes

El conservador británico Rishi Sunak y la primera ministra italiana Giorgia Meloni tuvieron ideas similares consistentes en enviar a terceros países, Ruanda, en el caso del Reino Unido, y Albania, en el de Italia, a solicitantes de asilo rechazados o cuya demanda se está examinando. Es una operación costosa. Solo el centro de acogida que construye Italia en Shengjin, en la costa albanesa, costará 800 millones de euros.

Esas expulsiones a terceros países plantean primero un problema legal. No está claro que respeten el derecho británico ni, en lo concerniente a Italia, el europeo. El sindicato de los funcionarios públicos del Reino Unido (FDA) ha recurrido la ley ante los tribunales porque consideran que viola el derecho internacional. No está claro si los laboristas, ahora en el poder, la aplicarán.

En Ruanda, una dictadura, es improbable que el régimen cambie de opinión sobre el acuerdo suscrito con el Reino Unido. No así en Albania, un país democrático, donde el Tribunal Constitucional ya bloqueó un tiempo el acuerdo y la oposición al Gobierno del Partido Republicano brama contra una cesión injustificada de soberanía. Los centros de acogida estarán bajo jurisdicción italiana.

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En su campaña electoral para auparse a la jefatura del gobierno de Francia, Jordan Bardella, presidente del ultraderechista Reagrupamiento Nacional, hizo propuestas aún más radicales para presionar a los africanos para que contuvieran la emigración. Habló de suspender la ayuda al desarrollo y de bloquear el envío de remesas. Esta última es, de nuevo, una medida de dudosa legalidad.

Tellado habló también de "mafias que trafican con las personas". Su denuncia coincide con la que formulan el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y hasta el presidente Pedro Sánchez. A diferencia de América Latina, en África hay pocas organizaciones criminales estructuradas detrás de la emigración. En determinados casos, como en el de los que saltan las vallas o llegan a nado a Ceuta y Melilla, no hay ni rastro de mafia.

Si en el primer semestre de este año llegaron a Ceuta 1.154 inmigrantes a nado —un 151% más que durante el mismo periodo de 2023— no es porque las mafias hayan estado más activas. Es porque Marruecos ha sido negligente en su vigilancia de sus playas adyacentes a la ciudad.

Y también porque el Gobierno español, ni el actual ni los anteriores, no se atreve a alargar los espigones que marcan los límites de la ciudad autónoma con el país vecino. Para llegar a Ceuta, los nadadores sortean los espigones. La Asociación Unificada de la Guardia Civil lleva años pidiendo que se prolonguen al menos 30 metros cada uno.

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Las mafias, cuando existen, están con frecuencia incrustadas en el corazón de los Estados africanos emisores de emigración, en sus fuerzas de seguridad que cobran por hacer la vista gorda cuando zarpa un cayuco. A veces se fomentan desde Europa, como cuando, tras la crisis de los cayucos de 2006, el Gobierno socialista español metió en nómina a media Mauritania.

"Sus fuerzas de seguridad, es decir sus funcionarios, recibían indirectamente [a través de la ayuda bilateral al desarrollo] un sobresueldo del Estado español para hacer bien su trabajo" y contener la emigración, según indicó David R. Vidal, colaborador del CNI en África Occidental durante una década, en conversación con el autor. Otras fuentes de Interior confirmaron entonces la información.

Los Estados africanos, empezando por Marruecos, hacen, a veces, esfuerzos para frenar la migración para complacer a sus vecinos europeos. Pero, para todos ellos, el fenómeno es una válvula de escape con la que mitigar el descontento de su juventud en paro y, a medio plazo, una fuente de ingresos cuando esos emigrantes regularicen su situación y manden remesas a casa. En Marruecos representan el 8,5% del PIB, más que el turismo.

El desatino de Tellado y la polémica que ha suscitado no debería hacer perder de vista que hay dos lugares en España que requieren una solución urgente: Canarias y Ceuta. Con casi 6.000 menores no acompañados acogidos en el archipiélago y más de 300 en la pequeña ciudad autónoma, ambos están desbordados.

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El desatino de Tellado no debería tampoco hacer perder de vista que, por muy espectacular que sea, la llegada de inmigrantes por mar es un fenómeno menor aunque esté en auge. En el primer semestre de este año desembarcaron casi 25.000 "sin papeles", la gran mayoría en Canarias. Es un 96% más que en 2023. El grueso de los inmigrantes entran, sin embargo, en España, provistos de la documentación adecuada para una visita turística o de negocios, a través de los aeropuertos, empezando por el de Barajas.

La inmigración contribuye a la prosperidad de los países receptores en Occidente. Los más ricos del mundo han generado, en parte, su riqueza gracias al trabajo de los migrantes. España se ha convertido tarde, pero con fuerza, en un país de acogida. Un ejemplo entre otros muchos: los extranjeros dados de alta en la Seguridad Social aportan el 10% de sus ingresos y solo suponen el 1% del gasto.