La respuesta europea a la ley climática americana: un equilibrio difícil

Más vale tarde que nunca. En los últimos meses se masca en Europa cierto revuelo acerca de cómo responder a la Ley de Reducción de la Inflación estadounidense (IRA, por sus siglas en inglés) aprobada el verano pasado. Dicho paquete legislativo incluye 369.000 millones de dólares —una cifra que podría ser mayor dependiendo de la acogida de las ayudas en el mercado— para fomentar la economía verde. Eso sí, priorizando las manufacturas y cadenas de suministro Made in America. 

Hasta ahora, el ejecutivo de von der Leyen ha venido anunciando una serie de medidas para subsanar el posible impacto negativo de las ayudas americanas en la competitividad europea y su liderazgo climático, así como en su autonomía estratégica, de la que tanto se ha hablado últimamente. Entre ellas, por ejemplo, se encuentran la posible creación de un club de materias primas críticas con países como EEUU, así como sendas propuestas de reglamentos para aumentar la extracción, refinado y reciclado de estas materias y para asegurar que al menos el 40% de las tecnologías estratégicas necesarias para un futuro de cero emisiones netas en Europa sean manufacturadas en el continente. La Comisión también ha avanzado propuestas para la anticipada reforma del mercado eléctrico. 

Pero quizá la medida que ha dado más que hablar recientemente es la anunciada relajación de requisitos para que, en ciertos casos excepcionales, los Estados miembros puedan ofrecer ayudas económicas equivalentes a las existentes en el extranjero para retener proyectos e inversiones verdes dentro del continente. Tanto Bruselas como las capitales europeas saben que rebajar las restricciones sobre estas ayudas es solo un primer paso defensivo, un parche, por lo que la búsqueda de una solución más permanente y contundente que permita a Europa competir con la iniciativa americana a medio y largo plazo continuará en los siguientes meses. Von der Leyen, por ejemplo, ya propuso la creación de un Fondo Europeo Soberano con esta finalidad, aunque sólo se llegará a un acuerdo sobre esto en el verano, posiblemente durante la presidencia española del Consejo de la UE.

Acordar una respuesta europea eficaz al Inflation Reduction Act estadounidense se plantea como un equilibrio difícil. Para que las medidas impulsadas sean sostenibles económicamente, competitivas, aceptadas por los ciudadanos, y efectivas en la lucha contra el cambio climático, deberán ponderar una serie de tensiones en el ámbito económico, político, y social, y con poco espacio de maniobra.

El desafío económico es el más obvio. Ya advirtió Macron que el IRA amenazaba con 'fragmentar occidente'. Los subsidios en la ley americana animan a diferentes potencias a desarrollar sus propios paquetes de ayudas estatales, lo cual podría desembocar en una competición subvencionadora tanto dentro de la UE como a nivel global. Aunque la Comisión ha anunciado una serie de pautas para mitigar estas dinámicas, la relajación de las normas de subvenciones estatales puede beneficiar primariamente a países con mayor capacidad económica, como Francia y Alemania, y acentuar las desigualdades en el seno de la Unión. Evitar este tipo de competición requerirá acordar un marco común de política industrial verde a nivel europeo que impulse tanto la competitividad de las ayudas así como la cooperación y solidaridad entre países – y que, a ser posible, también ayude a sentar las bases para un mayor consenso internacional en este ámbito.  

En cualquier caso, todo apunta a que Europa no debe ni puede competir a nivel comunitario con EEUU sólo en el ámbito de nuevas ayudas económicas. Varios Estados miembro ya se han negado a extender nuevos fondos para el mencionado Fondo Soberano Europeo, al menos hasta que no se agote el paquete de recuperación post-COVID, por lo que la Comisión tendrá que explorar otras vías. Además, se calcula que en su totalidad, los Estados miembro ya cuentan con generosos subsidios en varios de los componentes del IRA. El problema es su fragmentación, su difícil acceso, y sus carencias para fomentar la innovación tecnológica.



Es por eso que la respuesta europea al IRA tendrá que incorporar un importante componente político, no solo de reordenación de partidas y armonización de políticas industriales verdes entre las diferentes geografías y niveles de administración pública en la Unión, sino también de avances en otras políticas de integración pendientes y de simplificación de procesos burocráticos. Aunque la Comisión ya ha anunciado pasos para agilizar trámites en proyectos verdes, será necesario ir mucho más allá para dar facilidades a las empresas y que así cambie su percepción de que la transición ecológica en la UE está más enfocada en dar palos que zanahorias (es decir, en castigar que incentivar). Estas posibles mejoras que faciliten, o incluso fomenten, las inversiones en la economía verde podrían incluir avances en el mercado único bancario y de capitales, una asignatura pendiente, así como innovaciones en políticas de contratación pública sostenible.

Por último, existe un desafío importante en asegurar que las nuevas políticas industriales vayan más allá de beneficiar directamente a las grandes empresas, es decir, que se traduzcan en beneficios tangibles para el resto de la sociedad. Las próximas negociaciones en esta materia tendrán que contemplar, por ejemplo, el impacto de las medidas propuestas en stakeholders como las PYMEs, los consumidores, y los trabajadores europeos. El modelo de la ley de microchips americana ofrece un interesante ejemplo de esto último: requerirá a las empresas beneficiarias que se comprometan a garantizar ciertos estándares de gobernanza, así como prestaciones para sus trabajadores. Aunque estas medidas no han sido recibidas sin reticencias: algunos críticos temen que supeditar su finalidad última a otra serie de condiciones podría limitar su eficacia. Dada la naturaleza apremiante de la transición ecológica, esta será también una consideración clave para la respuesta europea al IRA.