Industria y poder popular: Chile, 1972-1973

En los primeros 18 meses, el Gobierno de Salvador Allende había estatizado la mayoría de los bancos nacionales y extranjeros, expropiado seis millones de hectáreas de tierra con la reforma agraria y nacionalizado las grandes industrias de cobre, hierro, nitrato, carbón y cemento. De esta forma, otorgó al Estado el control de las principales empresas monopolísticas del país. Estas políticas de orientación socialista provocaron la reacción del sector partidario más radical de la oposición (Partido Nacional), que promovió una huelga indefinida de los transportistas y las grandes industrias organizadas en la Sociedad de Fomento Fabril, una organización fundada en 1883 que ha fungido como portavoz natural del gran capital nacional e internacional. Fue así como, en octubre de 1972, en vísperas de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, se paralizó la producción con el apoyo no sólo de la cúpula patronal, sino también de Estados Unidos, que además de intereses geopolíticos derivados de la Guerra Fría los tenía económicos sobre el cobre chileno.

Si bien en términos formales la huelga patronal duró únicamente un mes, se prolongó en el tiempo y se convirtió en una estrategia esporádica para el colapso general de la economía. En ese contexto, las ciudades y las comunas de la Región Metropolitana de Santiago de Chile fueron testigo de las gestas y de las disputas políticas, de una creciente organización y participación comunitaria, muy influidas por la convulsionada vida política y económica del momento; especialmente en aquellos barrios populares compuestos por obreros.

De hecho, fueron los obreros, principalmente los que había migrado del campo en busca de nuevas oportunidades laborales en la fase de expansión urbana de 1970, los que se organizaron para contener las consecuencias de la huelga. Bajo esa dirección, la clase obrera consiguió en un primer momento que no se interrumpiera la producción y el abastecimiento de la población, sin intermediarios y con un sistema de intercambio de recursos mediante medios de transporte improvisados y la venta de productos en los barrios populares. También se encargaron de las protestas en las fábricas cerradas por sus propietarios y de la vigilancia, con apoyo gubernamental, para descubrir los centros de acaparamiento de los productos.

En un segundo momento, cuando la huelga patronal terminó, la clase obrera reforzó su estrategia mediante lo que llamaron crecimiento del poder popular: una lucha a nivel nacional para que las industrias, vía exigencia o apropiación, fueran nacionalizadas y para que su gestión estuviera a cargo de los trabajadores. Esto provocó la expansión de los cordones industriales, establecidos inicialmente en los territorios circundantes a las industrias y también en la fábricas de pequeño y mediano tamaño; y sólo en aquéllas consideradas como estratégicas para la economía nacional en el programa de gobierno de la Unidad Popular.
 

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El poder popular actúo fuera de la institucionalidad del Estado y, ocasionalmente, de las directrices formales de los partidos políticos de la Unidad Popular, tanto al frente de las industrias como en la articulación entre los trabajadores de las fábricas, con el propósito de neutralizar las acciones de la oposición política y de los empresarios y, sobre todo, de resolver los problemas de los trabajadores. A diferencia de lo que estaba comenzando a suceder en aquellos años en los países desarrollados derivado (como señala Hobsbawm, 2015) de la alteración de la conciencia trabajadora por los cambios internos del proceso productivo del post-fordismo, en Chile la clase obrera no se estaba fragmentando, sino mostrando unidad, conciencia y actuación colectiva de clase; incluso antes de la propia actuación en apoyo al Gobierno, aunque evidentemente fuera parte de ella.

Aunque la clase obrera sí se estaba distanciando de los profesionales liberales y los comerciantes, lo que fundamentalmente desató la relación industria-poder popular fue un conflicto más frontal y transversal en contra de la clase dominante y propietaria, así como una mayor visibilidad de las limitaciones materiales de la disolución del Estado burgués capitalista. Se reflejó en los comandos comunitarios, que se formaron y desarrollaron con el propósito de garantizar las necesidades de los trabajadores y de las personas en general, desde el abastecimiento hasta los cuidados de salud. Fue un gran desafío, sobre todo si se tiene en cuenta, además de las condiciones políticas, la alta dependencia demográfica de aquellos años: por cada 100 personas en edad de trabajar, había entre 73 y 75 inactivas.

Ese estado de necesidad conllevó la primera acción conjunta entre los trabajadores del Cordón Cerrillos y los campesinos de Maipú (como se observa en Guzmán, 2015) para ocupar por la fuerza 39 propiedades ociosas y utilizarlas para abastecer Santiago. Pero no sólo, sino también para ampliar las abarroterías populares administradas por los comandos comunitarios y que en 1973 abastecían de alimentos a 300.000 familias en la capital (más de la mitad de la población) con el apoyo de la empresa estatal Dinac; y ello a pesar de que los adversarios del Gobierno acaparaban el 30% de la distribución de los productos.

También tuvieron lugar discusiones y desafíos en las industrias derivados de la creación de 32 cordones industriales y de la gestión de algunos centros de producción nacionalizados. Para mediados de 1973, los trabajadores habían identificado tres grandes limitaciones surgidas de la crisis y, sobre todo, de las contradicciones de tener el gobierno sin que la estructura del Estado burgués capitalista hubiese cambiado fundamentalmente en términos capacidad de decisión y de poder.
 
Si bien la producción industrial creció, y los obreros fueron claves para lograrlo, hubo desabastecimiento de productos básicos y de primera necesidad debido a una inflación desproporcionada, la especulación y el acaparamiento de los productos. Además, el bloqueo parlamentario impedía que el Gobierno pudiera financiar el Presupuesto nacional y, por tanto, sus proyectos para salir de la crisis. Fue en  estas dificultades respecto al funcionamiento del circuito económico donde radicó el desencuentro más visible entre el poder popular y el Gobierno de la Unidad Popular, principalmente porque la clase obrera estaba dejando de ver la solución dentro de la institucionalidad del Estado no sólo para superar la crisis, sino para hacer la transición hacia el socialismo.

Como se muestra claramente en Guzmán (2015), los sectores más combatientes del poder popular creían que era el momento de tomar el poder y la única opción, por medio del aparato gubernamental, era mostrando mano dura contra de la clase dominante y propietaria.



Se había generado, pues, una auténtica lucha de clases basada en la expansión del poder popular a través de las industrias y de la alianza con el movimiento campesino para, posteriormente, conseguir la disolución del Estado capitalista burgués. Si bien la Unidad Popular creía en la formación de un Estado Popular, la expresión de los movimientos de base y de las comunidades organizadas en torno al ideal de poder popular fue consecuencia directa de la huelga patronal. Esta expresión no dejó de crecer, por mucho que existiera coordinación con el Gobierno y los partidos de izquierda, ya que su espontaneidad y autonomía predominantes acabaron por enfrentarse a la burocracia y llevaron a juicios populares contra funcionarios gubernamentales que consideraban ineficientes.

Paradójicamente, la aliada que se constituyó en la primera línea de defensa socio-política de la Unidad Popular fue también la que más la condicionaba para seguir avanzando. Al tratarse de una fuerza más radical, empujaba al Gobierno más lejos de lo éste que podía asumir debido a su propia ideología y al riesgo de aislamiento económico. Arrebatarle rápidamente el poder a la clase dominante y propietaria y disolver el Estado burgués capitalista sólo habría sido posible mediante un viraje híbrido-autoritario (democrático por la base, autoritario por la estructura); una apuesta contraria al ideario del presidente Allende, quien creía en la transición al socialismo por la vía democrática. En cualquier caso, lo que está claro es que el poder popular iba más allá de su propio movimiento político-partidario.