La Iglesia lideró un reclamo por las obras en las villas que reunió a aliados de Macri y Grabois

El obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, ocupó el centro de una mesa que reunió a exfuncionarios nacionales de orientaciones políticas distintas que compartieron un mismo reclamo dirigido al gobierno de Javier Milei: la continuidad de obras y financiamiento para la integración sociourbana en las villas. Entre otros, el pedido aglutinó a dirigentes del macrismo, como el exvicejefe de Gabinete Mario Quintana, y también a otros dirigentes vinculados a Juan Grabois, como Fernanda Miño, exsecretaria de Integración Sociourbana. El encuentro se desarrolló en un centro comunitario de Cáritas en Bernal Oeste, partido de Quilmes, y allí se defendió la presencia barrial del Estado para paliar el avance territorial del narcotráfico.

Este martes al mediodía, en una charla denominada “Estado o narcotráfico. Conferencia sobre el valor de la integración sociourbana en los barrios populares”, Ojea recordó la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). “Estaba Mario Quintana, Carolina Stanley, los movimientos sociales y, en el medio, nosotros. Esa mesa fue un ejemplo de diálogo”, introdujo. “Se terminó el relevamiento [de barrios populares] y arrojó 4416; en 2022, ya arrojó 5687″, lamentó. La cifra actual es de 6467.

“Es imperioso, cuidando los mecanismos de transparencia, que el Estado esté presente en nuestros barrios. De lo contrario, los entregamos al narcotráfico, que hace un Estado dentro del Estado”, alertó el titular del Episcopado. Y advirtió que muchos menores “están entrando en el sicariato” y describió que, procedentes del narcotráfico, “se reciben medicamentos, si se necesitan, o alimentos, si se necesitan”. La semana pasada, Ojea estuvo al frente de una misa en la que se rindió homenaje a las mujeres que trabajan en comedores populares y se reclamó al Gobierno la entrega de alimentos

Quintana, en tanto, señaló que no debe ser contradictorio el orden macroeconómico con el desarrollo de obras en los denominados barrios populares. “El Gobierno ha puesto el orden macroeconómico al frente de toda la Argentina”, sostuvo, al destacarlo como un rumbo correcto, pero agregó: “Ese Estado tiene que tomar decisiones. ¿Cómo se llega al superávit fiscal? Seguro no es cortándole al que más necesita”.

El exvicejefe de Gabinete del gobierno de Cambiemos (compartía esa jerarquía con Gustavo Lopetegui) destacó que “fue con apoyo de [Mauricio] Macri” el proceso de creación de la Secretaría de Integración Sociourbana y del fideicomiso denominado FISU (Fondo de Integración Sociourbana).

El exfuncionario planteó que los montos de pérdida de Aerolíneas Argentinas o de subsidios a industriales de Tierra del Fuego (donde se mantiene un régimen especial) podrían paliar la necesidad de urbanización de las villas del país. “La creación de un fideicomiso fue porque es un instrumento válido. Hay que corregir errores sin demonizar, porque está en juego el sufrimiento de muchos hermanos y el avance del narcotráfico”, consideró.

Miño, una dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) con base en la villa La Cava, de San Isidro, reclamó financiamiento para el FISU, un fondo que tuvo a su cargo y que está bajo la lupa del Gobierno (lo maneja Sebastián Pareja, armador político bonaerense de La Libertad Avanza, que es el subsecretario de Integración Sociourbana). La exfuncionaria dijo que al FISU “lo han desfinanciado” y destacó que es un programa que había perdurado durante las gestiones de Macri y de Alberto Fernández. “Que vuelva a financiarse y que no se hagan diferencias políticas”, pidió.

“El mal se va naturalizando. Los narcos que hacían narcomenudeo, hoy te ofrecen un trabajo en limpieza de edificios que los mismos narcos hacen en los barrios o financian una olla popular. Esto hace la retracción del Estado. Las cooperativas se achicaron y esos compañeros son mano de obra barata en un barrio”, sostuvo Miño.

Junto a Ojea, Quintana y Miño, en la mesa también se ubicaron Sebastián Welisiejko (exsecretario de Integración Sociourbana entre 2018 y 2019); Juan Maqueira (director ejecutivo de la ONG Techo); monseñor Carlos Tissera (obispo de Quilmes y presidente de Cáritas Argentina); monseñor Gustavo Carrara (obispo auxiliar de Buenos Aires y vicepresidente de Cáritas), y Romina Segovia, coordinadora del centro comunitario San Francisco de Asís, donde se desarrolló la charla.

“Hay que empezar a pensar cómo pagamos estas cosas. El FISU fue nutrido del impuesto PAIS, pero eso se corta”, afirmó Welisiejko. Sostuvo que, hace años, hacían falta US$26.000 millones para la integración sociourbana de todos los barrios populares. “Un gobierno bueno puede poner 50 millones de dólares. Hay que encontrar maneras de financiarlo”, indicó.

Maqueira, en tanto, afirmó que “hay tristeza porque no está financiada como en otro momento la propuesta de integración sociourbana”. Opinó que es necesario el orden macroeconómico, pero también la gestión en los barrios, y definió: “No hay libertad si no tengo un techo, o si tengo miedo de que me pegue un tiro un narco”.

“Me parece luminosa la idea de hacer dialogar la macroeconomía con la necesidad de los barrios populares”, rescató, a su turno, monseñor Carrara. “Hay urgencias. No se puede recortar por los más pobres”, aseveró, y pidió una “presencia inteligente y necesaria del Estado, porque, si no, el narcotráfico va avanzando e hipoteca las vidas de niños y adolescentes”.

“Si vamos a El Salvador para ver las cárceles para las pandillas, estamos llegando tarde. Necesitamos políticas de prevención para que no haya pandillas”, dijo Carrara, al apelar en su discurso al viaje que la semana pasada hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a El Salvador. Añadió que una política de prevención es “la integración de barrios populares”.

Entre el público, estaba la exministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore; curas villeros como Nicolás “Tano” Angelotti y Lorenzo “Toto” de Vedia, religiosas de Quilmes como la hermana Cecilia Lee, y dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), como Nicolás Caropresi.

La conferencia se realizó en el barrio IAPI, una zona postergada del oeste de Quilmes, ubicada a la vera del Camino General Belgrano, propensa a las inundaciones por la cercanía de arroyos contaminados y cercana a frigoríficos y a un parque industrial que se erige en el predio de lo que fue el Batallón Depósito de Arsenales “Domingo Viejobueno”, atacado por el ERP en diciembre de 1975.

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