La iniciativa del Departamento de Justicia de demandar a 30 exfuncionarios convictos de corrupción para tratar de recuperar para el erario parte de la pérdida que estos causaron con sus acciones merece el respaldo del país, a pesar de las legítimas dudas que se han planteado sobre la viabilidad de la propuesta.
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El lunes, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, anunció que el gobierno presentó 15 demandas contra 30 exfuncionarios y varios empresarios convictos de corrupción. En las demandas, se les exige la restitución al erario de distintas cantidades que suman unos $30 millones.
Entre los demandados están los notorios exalcaldes Ángel Pérez, de Guaynabo; Félix “Cano” Delgado, de Cataño y Luis Arroyo Chiqués, de Aguas Buenas, además de los exlegisladores María Milagros Charbonier, Nelson del Valle y Néstor Alonso, así como el empresario Oscar Santamaría Torres.
Abogados y otros conocedores de temas legales han dicho que las demandas podrían no prosperar porque algunos de los demandados, todos los cuales fueron convictos en el foro federal, ya tienen penas de restitución, en algunos casos por cantidades millonarias, con el gobierno de Estados Unidos. Otros comentaristas han planteado que puede ser difícil determinar cuánto le debe al gobierno un demandado en específico.
El caso fue presentado a base de las disposiciones del Código Anticorrupción, un estatuto estatal que tiene entre sus disposiciones la obligación de restituir al erario el triple de lo que se establezca que fue robado o se perdió por acciones delictivas como las que se le han probado a este grupo de convictos.
Creemos que, al margen de dudas sobre las demandas, que en su momento serán dilucidadas en los tribunales, el paso del Secretario de Justicia representa una buena la iniciativa. La corrupción es un pesadísimo lastre que lleva décadas sacándole el aire a Puerto Rico, que pierde valiosísimos recursos producto de las prácticas criminales de los convictos, amén del golpe al corazón de la confianza que cada sociedad necesita en sus instituciones gubernamentales.
Durante los pasados 30 años, la seguidilla de casos de corrupción que involucran a funcionarios de los más altos niveles en el ejecutivo y el legislativo ha dejado a Puerto Rico indignado y aturdido, pero con la incómoda sensación de que se hizo poco para recuperar lo perdido.
En vista de que casi la totalidad de las convicciones por corrupción de los últimos años han sido en el foro federal, y que las autoridades locales básicamente se han replegado de atender este problema, creemos que el Departamento de Justicia haría una importante aportación si se dedicara con verdadero esmero a tratar de devolverle al erario algo de lo que costaron las repudiables acciones de estas personas.
En ningún pleito se puede recuperar todo lo que los corruptos le han quitado a Puerto Rico. Pero la acción del gobierno de emprenderla contra sus bienes, de meter la mano en los bolsillos de los delincuentes para resarcir algo del daño causado, puede ayudar a instalar en el pueblo la idea de que no hay espacio para la impunidad y que quienes le fallan al país tendrán pesadas consecuencias más allá del encarcelamiento que, en la mayoría de los casos no supera un puñado de años tras las rejas.
Esto sin mencionar, por supuesto, lo necesario de allegar recursos adicionales a un gobierno con enormes problemas fiscales como el nuestro.
Todo Puerto Rico quisiera que el Departamento de Justicia y el Fiscal Especial Independiente (FEI) fueran más proactivos combatiendo junto a los federales el terrible mal de la corrupción.
Pero dado el caso de que no se ha visto hasta el momento la voluntad para enfrentar de verdad este problema, la iniciativa de exigir, en corte, que los corruptos devuelvan de su bolsillo al menos parte de lo robado, es un buen paso de avance que merece el respaldo y la atención del país.
Confiamos en que será una iniciativa a la que se le dará continuidad y no golondrina de un solo verano. Para lograr ese giro contundente contra la corrupción, será preciso exigir como pueblo el cumplimiento de estos requerimientos y toda iniciativa que abone a frenar la impunidad de un mal nefasto para el país.
