Genera PR pidió al Negociado de Energía (NEPR) más tiempo para responder a los cuestionamientos del organismo en torno a la propuesta para cambiar siete unidades generatrices al uso de gas natural, así como a los requerimientos de información sobre el financiamiento y la titularidad de los proyectos presentados.

En el requerimiento de información que emitió el jueves, el NEPR afirmó que Genera había provisto “información conflictiva” con relación a las “inversiones capitales” necesarias para ejecutar las conversiones, que incluirían las cuatro unidades de la central de Mayagüez y tres megageneradores portátiles instalados en la central Palo Seco (Toa Baja). Actualmente, estas unidades generan energía a base de diésel.

El NEPR, en la resolución y orden, concedió a Genera hasta este martes para contestar las interrogantes.

Específicamente, el organismo regulador señaló que, en respuesta a un requerimiento de información previo, la empresa había estipulado que, “siguiendo las provisiones del GOMA (acuerdo de operación y mantenimiento de la flota de generación), Genera o su afiliada comprará e instalará los componentes sin recurrir al presupuesto operacional”.

Ante esa aseveración, el NEPR pidió a la operadora responsable de la flota generatriz responder cómo la inversión privada se ajustaría a los parámetros del contrato de operación, si se anticiparía un retorno proveniente de esa inversión y aclarar cómo quedaría “la titularidad sobre cualquier mejora durante el término del GOMA y luego de su terminación”.

Igualmente, la agencia solicito conocer cómo se garantizaría el acceso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a las instalaciones y qué mecanismos impedirían que, en caso de un desastre natural, se perdiera la elegibilidad para recibir fondos federales de reconstrucción

Como parte del requerimiento de siete páginas, el NEPR también requirió que se le informara acerca de los permisos ambientales existentes o necesarios para operar las unidades con gas natural, alcances de trabajo y estimados de costos precisos de los proyectos de cambio de combustible, así como datos históricos de la operación de las máquinas.

“La complejidad técnica y naturaleza detallada del requerimiento de información de la resolución del 6 de junio exige una evaluación extensa para asegurar una respuesta precisa y completa. El periodo inicial de cinco días limita la capacidad de Genera de recopilar la información necesaria y verificar su validez. Por lo tanto, Genera solicita respetuosamente una extensión hasta el 14 de junio”, indicó la empresa.

La conversión de unidades a gas natural forma parte del plan de optimización de combustible que Genera presentó al NEPR, que serviría como base para calcular los incentivos que la empresa recibiría cada año fiscal, hasta un tope de $100 millones.

El viernes, fecha límite estipulada por el NEPR para el envío de comentarios sobre el plan, tanto la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) como la coalición Queremos Sol sometieron una serie de objeciones a la propuesta de Genera.

Por un lado, la OIPC, dirigida por la abogada Hannia Rivera Díaz, enfatizó que, al aprobar el plan, “no debería existir duda alguna de que los ahorros que se obtengan se deben única y exclusivamente a las iniciativas implementadas por Genera a tales efectos”, y expresó preocupación por la diversificación de las fuentes de energía.

“El plan de optimización de combustible debe considerar diversificar las fuentes de suministro de combustibles, ya sea considerando a más de un proveedor y/o más de un tipo de combustible. La existencia de un único proveedor y la selección de un solo tipo de combustible incrementa el riesgo y los costos asociados”, acentuó la OIPC.

Queremos Sol, que promueve una transición acelerada a la energía renovable a base de la instalación de sistemas de generación distribuida, instó al NEPR a atender las expresiones que realizaran, en mayo, el jefe de New Fortress Energy (NFE) –la matriz de Genera–, Wesley Edens, y el principal ejecutivo de la subsidiaria, Brannen McElmurray, en una llamada con inversionistas, donde afirmaron que Puerto Rico, con el aval del gobierno, se encontraba en ruta a triplicar el uso del gas natural como fuente de producción eléctrica.

“El NEPR no puede permitir que NFE/Genera imponga su voluntad en este proceso para adelantar su agenda económica”, sostuvo la coalición, que también cuestionó que el regulador diera paso a la evaluación del plan de combustible pese a las discrepancias que aún existían entre Genera y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas en torno al documento.

En la moción, suscrita por los ingenieros Agustín Irizarry e Ingrid Vila y los abogados Ruth Santiago y Pedro Saadé, se solicitó que el NEPR convoque a vistas públicas en Mayagüez, Toa Baja y San Juan para discutir tanto el plan de optimización de combustible como los cambios a gas natural.