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    La polic�a apuesta por la asfixia financiera de los contrabandistas

    REYNALDO TUROLLO JR.
    ENVIADO ESPECIAL A FOZ DE IGUAZ�
    VINICIUS PEREIRA
    DE S�O PAULO

    31/03/2015 16h51

    Desarticular las cuadrillas especializas en lavado de dinero y en env�o de remesas para el exterior es una de las apuestas para combatir el contrabando en Brasil.

    Sin embargo, la estrategia se topa con investigaciones que exigen mucho tiempo, personal y recursos y, a menudo, con penas que son reformadas por tribunales superiores, seg�n afirman las autoridades.

    Adem�s de esto, tan pronto como un jefe de cuadrilla es preso, un pariente o testaferro asume sus negocios, seg�n afirman abogados consultados bajo la condici�n de anonimato.

    En Foz de Iguaz� (Paran�), principal puerta de entrada del contrabando proveniente de Paraguay, la Polic�a Federal detuvo este mes cuatro sospechosos de dirigir una red que manten�a 87 empresas fantasmas y de tapadera usadas por los contrabandistas y traficantes brasile�os para pagar a los proveedores sin dejar rastro.

    Seg�n el delegado responsable por la investigaci�n, Jackson Roberto Cerqueira Filho, del Grupo de Represi�n a Cr�menes Financieros de la Polic�a Federal de Foz de Iguaz�, esta red movi� cerca de 600 millones de reales (US$ 184 millones) en cuatro a�os.

    Parte del monto, cruzaba la frontera f�sicamente, a manos de integrantes de la cuadrilla y, la mayor parte, viajaba en una operaci�n conocida como "d�lar cabo", sistema a trav�s del cual se pueden intercambiar divisas con un cambio m�s ventajoso que en el mercado oficial y permite, al mismo tiempo, lavar dinero negro no declarado.

    Seg�n la investigaci�n, las 87 empresas, a nombre de testaferros, estaban en Foz, en otras ciudades del estado de Paran�, e incluso en Ribeir�o Preto (S�o Paulo).

    Los compradores de S�o Paulo, Minas Gerais, Bah�a e Goi�s transfer�an a las cuentas de estas empresas los valores de pago que deb�an hacer llegar al pa�s vecino.

    Cambistas individuales y casas de cambio con sede en ambos pa�ses completaban el plan utilizando cuentas en Paraguay para efectuar los pagos a los proveedores del pa�s.

    PERFIL DEL GRUPO

    Para la polic�a, el perfil de los supuestos jefes de la cuadrilla no levantaba sospechas.

    Seg�n investigaciones de Folha, uno de ellos, Jaimir Rezner, es gerente de un hotel y profesor de administraci�n en la Unifoz, una universidad local. Otro, Valdiney Vieira, es due�o de una tienda de bebidas.

    Ellos, junto con Claudiomiro de Macedo Gomes y Eleandro Pontedura de Barros, son sospechosos de lavado de dinero, evasi�n de divisas y constituci�n de una organizaci�n criminal. Los cuatro est�n en prisi�n preventiva.

    Carlo Flores, abogado de Jaimir Rezner, le dijo a Folha que el profesor universitario est� colaborando con la investigaci�n y que, desde 2013, no ha tenido relaci�n con los dem�s sospechosos.

    Jorge Luis Nunes y David Eliezer Hayashida Petit, que representan a Eleandro Pontedura de Barros y a Valdiney Freitas Vieira respectivamente, no quisieron pronunciarse. Folha no consigui� localizar al defensor de Caludiomiro Gomes.

    Treinta y cuatro testaferros, que seg�n la polic�a federal prestaron sus nombres para la apertura de las empresas fantasmas, cumplieron prisi�n temporal pero ya han sido puestos en libertad. Entre ellos hab�a desde empresarios hasta empleados dom�sticos.

    "La mercanc�a y la droga solo se entregan a las personas que est�n en Brasil porque el dinero lleg� a los proveedores", dice el delegado Cerqueira Filho. "No es necesario atrapar al camionero, al due�o de la furgoneta que est� llevando la mercanc�a, [en este caso] los cigarros. Vamos a impedir que el dinero llegue. Es una forma m�s inteligente de combatir el crimen".

    Seg�n el delegado ejecutivo de la Polic�a Federal en Foz, Rodrigo Costa, acciones como la operaci�n Bemol que desarticul� esta red, dependen, por un lado, de la compenetraci�n entre la polic�a y el Ministerio P�blico Federal y, por otro, de un poder judicial "sensibilizado" con el problema.

    "Tenemos un proceso penal permeado de recursos, lo que posibilita la prorrogaci�n, y una jurisprudencia dentro de los tribunales superiores que, para mantener a alguien preso es imperativo que haya cometido cr�menes con violencia o grave amenaza. El lavado de dinero, generalmente, no implica violencia", afirm� Costa.

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